CARTA ABIERTA A LA UNIÓN EUROPEA
La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible de la Unión Europea
Estimada Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen,
Estimada Vice-Presidenta Věra Jourová,
Estimado Comisario Didier Reynders,
Estimado Comisario Thierry Breton,
La Unión Europea está actualmente elaborando una gobernanza empresarial sostenible sobre los deberes de las empresas en cadenas de suministro responsables. Esta pretende obligar a las empresas europeas a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales, analizando los riesgos y llevando a cabo medidas para prevenir y reparar violaciones a los derechos humanos y estándares medioambientales. Las organizaciones abajo firmantes creemos que esta medida es una oportunidad importante para contribuir a evitar graves impactos que se dan en la producción de materias primas para el mercado europeo. Para lograr esto, es necesario que la regulación se aplique a toda la cadena de suministro, introduzca responsabilidad civil y que sea vigente para todas las empresas que operan en sectores de riesgo. En materia de derechos ambientales, el Acuerdo de Escazú da una pauta para la aplicación de la regulación a los sectores minero y agroindustrial. Por lo tanto, exhortamos a la Unión Europea a incluir los principios de este valioso acuerdo en la regulación.
La extracción de minerales como litio, cobre, oro o níquel así como los grandes monocultivos agroindustriales contribuyen enormemente a la destrucción de la biodiversidad en los países del sur global. Como consecuencia, muchas comunidades rurales e indígenas están perdiendo sus medios de subsistencia de manera acelerada. Además, estos megaproyectos causan conflictos sociales y graves violaciones a los derechos humanos. La organización Global Witness advierte cada año que una gran cantidad de personas defensoras de la tierra son asesinadas a raíz de conflictos relacionados con estos proyectos. En muchos casos, las empresas establecen proyectos extractivos y de monocultivos con el apoyo de redes de corrupción gubernamental y sin consultar debidamente a las poblaciones afectadas de manera previa, libre e informada. Cuando las comunidades afectadas protestan contra estos proyectos, estas son frecuentemente reprimidas violentamente por cuerpos de seguridad y criminalizadas por órganos del sistema judicial en estos países. Como organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos en estas comunidades, conocemos muy bien el dolor humano que estos conflictos generan.
La Unión Europea es uno de los consumidores más grandes de materias primas. Por lo tanto, como organizaciones ambientales y de derechos humanos tenemos claro que la Unión Europea tiene la responsabilidad de mitigar y prevenir estos impactos, promoviendo patrones de producción y consumo responsables y obligando a las empresas a cumplir con la debida diligencia medioambiental y de derechos humanos.
Es particularmente importante que la regulación se refiera y apoye a convenios internacionales que buscan alcanzar estos objetivos. Uno de estos instrumentos más innovadores es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en América Latina y el Caribe en abril de 2021. El acuerdo regional tiene como objetivo garantizar el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, fortaleciendo el ejercicio de los derechos de comunidades involucradas en conflictos medioambientales. Actualmente, el convenio ha sido ratificado ya por 12 países y tiene a su base en cuatro pilares centrales:
- el acceso a la información ambiental
- la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
- el acceso a la justicia en asuntos ambientales
- la protección de personas defensoras de derechos humanos
Consideramos estos principios claves para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro y la producción de materias primas no solo en América Latina y el Caribe, sino también en países de otras regiones donde operan empresas extractivas y agroindustriales. El Acuerdo de Escazú y sus principios deben ser integrados en la lista de estándares internacionales que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritas en la regulación.
El cumplimiento de estos estándares debe ser condición mínima para que empresas europeas establezcan relaciones comerciales con empresas locales que operan minas, monocultivos, hidroeléctricas y otros megaproyectos. De esa manera, la Unión Europea apoyaría a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de construir sistemas económicos más sostenibles y sociedades más democráticas. Finalmente, una referencia al Acuerdo de Escazú estaría en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Convención de Aarhus.
Atentamente,
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