Honduras

El proyecto de la mina San Martín en el municipio de San Ignacio F.M. es el primer proyecto de extracción de minerales a tajo abierto en el país que ha cumplido el ciclo de exploración, explotación y cierre.

La Compañía Minera Entre Mares Honduras S.A. llegó al país en 1995 y se le otorgó licencia por parte de la Dirección General de Minas para la concesión minera de San Martín, e iniciar trabajos de explotación en enero de 1996. A partir de enero del año 2000 se le otorga licencia de explotación del mineral por 10 años prorrogables. 

El gobierno hondureño autorizó a la empresa Entremares Corp. la extracción de oro en 14 mil hectáreas en el Valle de Siria; pero debido a la resistencia de la gente de la zona, esta multinacional canadiense sólo trabajo en mil hectáreas.

Al cabo de los 10 primeros años la movilización comunitaria y el evidente daño ambiental y social (desaparición de bosque nativo, escasez de agua, contaminación, enfermedades a la piel más del 90% de la población- abortos en animales, traslado de aldeas, etc).

En 2010, el gobierno se vio presionado a no renovar los permisos de explotación y ha levantado recursos penales contra la minera. La actividad minera ha afectado de manera directa a las comunidades tanto en lo social como en lo individual y humano.

Los impactos sociales son múltiples: afecciones al paisaje cultural, cambio de patrones y conductas sociales (incremento del autoritarismo, el machismo, agudización de las diferencias intergeneracionales y el incremento en los consumos de drogas blandas y duras tabaco, alcohol, marihuana y cocaína), y a nivel humano muerte y afecciones de salud muy graves.

Además la generación inicial de puestos de trabajo no ha sido de manera permanente, una vez cerrada la mina, no hay una ocupación alternativa para los exempleados de la mina, y como su capacitación era especializada no hay equivalente en el mercado local laboral para reubicarlos.

Por otra parte el trabajo industrializado de la mina atrofió o descontinuó las habilidades propias de las y los exempleados antes de laborar en la mina (agricultura y ganadería).

A ello hay que sumar que las incapacidades o disminución de capacidades físicas como resultado del abuso laboral les coloca en desventaja para el desarrollo de cualquier actividad remunerada.