V ENCUENTRO REGIONAL DE LA ALIANZA CENTROAMERICANA FRENTE A LA MINERIA -ACAFREMIN-
“Criminalización contra defensores y defensoras ambientales y movimientos sociales de la región C4”
Movimientos sociales y ambientales en la defensa de los derechos humanos, colectivos de mujeres ambientalistas, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas principalmente de la región C4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), participan en el V Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN - para abordar el tema: “Criminalización a defensores y defensoras ambientales de los movimientos de la región C4”, llevado a cabo en el municipio de Ataco en el departamento de Ahuachapán, El Salvador, los días 13, 14 y 15 de Noviembre del 2019.
Desde hace años, los defensores y defensoras que pertenecen a la alianza han puesto de manifiesto la preocupación por los impactos de la industria minera que violentan múltiples derechos humanos y causa daños irreversibles a los bienes naturales, principalmente las fuentes de agua que son un recurso vital para garantizar el desarrollo sustententable de los pueblos.
A pesar de los esfuerzos de cientos de comunidades y organizaciones sociales por defender el medio ambiente, la coyuntura política regional devela un debilitamiento continuo a las instituciones que garantizan los derechos de la población y un patrón sistemático de violencia y criminalización contra defensores y defensoras ambientales.
- En Honduras la represión ha recrudecido este año a través de las protestas contras las reformas privatizadoras de salud y educación y el incremento de violencia principalmente en comunidades campesinas, indígenas y garífunas.
- En Nicaragua la represión contra disidentes del gobierno incluye a defensores y defensoras ambientales que han cesado su defensoría por temor a la represión, mientras que las empresas mineras operan con impunidad en los territorios.
- En El Salvador el nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele no ha mostrado un interés de dialogo con los movimientos sociales y ambientales para abordar la vulnerabilidad socio ambiental de país. Al contrario, se nota un incremento a la represión contra lideres sociales y defensores ambientales.
- En Guatemala, territorios ancestrales donde existe una resistencia significativa contra proyectos extractivos han sido castigados con un Estado de Sitio parcial mientras que proyectos extractivos operan en la ilegalidad.
Una señal alarmante de esta tendencia, es la correlación que existe entre la militarización, la criminalización y el incremento a la inversión extranjera, particularmente en los sectores mineros, producción de energía hidroeléctricas y agro industria. Según reportes de la organización Global Witness, estos sectores siguen siendo los más letales en el mundo para los defensores ambientales y Centroamérica es una de la regiones más afectadas por el extractivismo.
Además de criminalización directa contra organizaciones y líderes sociales, los gobiernos han restringido progresivamente los márgenes de acción de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos, mediante la creación de leyes “antiterroristas”, que en nombre de la seguridad, el orden público y la lucha contra el narco tráfico, criminalizan a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Este contexto de violencia para quienes defienden la tierra y la vida de los pueblos, genera la necesidad de abrir espacios de interacción, de dialogo y encuentro con la finalidad de buscar mecanismos de defensa y estrategias de lucha ante los proyectos extractivos. En este sentido el V Encuentro regional busca:
- Analizar el impacto de la criminalización desde el punto desde el punto de vista de la organizaciones sociales y comunidades afectadas.
- Compartir experiencias directas de criminalización y desarrollar estrategias de protección y seguridad para organizaciones y personas afectadas por la criminalización.
- Conocer mecanismos de protección internacional y desarrollar estrategias de acción conjunta entre organizaciones de nuestra alianza.
Por la defensa de los derechos, los bienes comunes y la vida.
San Salvador, 12 de Noviembre de 2019.
