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Estimad@s colegas, 

El 15 de febrero de 2022, 138 organizaciones de la sociedad civil presentamos nuestra carta abierta “La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible” a la Comisión Europea. Poco tiempo después, el 23 de febrero, la Comisión por fin publicó el borrador para la directiva que pretende obligar a las empresas de la Unión Europea a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de valor para prevenir violaciones a los derechos humanos y a estándares medioambientales. La Comisión Europea respondió a nuestra carta sólo informando sobre la publicación de la propuesta, pero sin reaccionar a nuestras demandas específicas.

Muchas organizaciones acogieron con satisfacción la publicación de esta propuesta. Sin embargo, todavía contiene serias deficiencias que amenazan con reducir su impacto positivo para las personas afectadas por la explotación de seres humanos y la naturaleza en las cadenas de valor. Los aspectos más críticos son:

  • Las empresas deben impedir impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor, pero sólo cuando se trata de “relaciones comerciales establecidas”. Esto va en contra de estándares internacionales como los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas y puede generar incentivos para empresas para eludir sus obligaciones. Las obligaciones deben ser aplicadas en toda la cadena de valor sin excepciones.
  • El borrador abriría el acceso a personas afectadas de violaciones a los derechos humanos a tribunales en la Unión Europea, pero es problemático, entre otros asuntos, que la carga de prueba todavía recaiga sobre las y los demandantes y no sobre la empresa. Es necesario tomar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a las personas afectadas a los tribunales en la Unión Europea.
  • El borrador no hace referencia a la protección urgente de las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que corren graves riesgos a la hora de criticar las prácticas de las empresas en las cadenas de valor. La Unión Europea tiene actuar para impedir la persecución y criminalización de las y los defensores que en muchos casos están relacionadas a relaciones comerciales de empresas europeas.

Lea toda la crítica de organizaciones de la sociedad civil en este documento.

Otra deficiencia importante es que la propuesta de la Comisión Europea no se refiera a los principios y derechos del Acuerdo de Escazú. En nuestra carta abierta expusimos que estos principios son claves para impedir la destrucción del medio ambiente y violaciones de los derechos humanos en la extracción de materias primas.

Los países de América Latina y el Caribe siguen avanzando en la implementación de este acuerdo. El pasado 22 de abril, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la adhesión de su país en una reunión en el marco de la Conferencia de Partes (COP1), donde los países signatarios también tomaron acuerdos para su implementación. Es por esa razón que nuestra carta abierta recomienda a la Comisión Europea la importancia del reconocimiento de los derechos ambientales.

En las próximas semanas, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea deben pronunciarse sobre el borrador de la Comisión. Después, el Parlamento, la Comisión y los Estados tienen que ponerse de acuerdo en el trilogo. A las organizaciones en países afectadas de manera negativa por las cadenas de valor de empresas europeas les invitamos a contactar a miembros del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, advirtiéndoles sobre la necesidad de apoyar al Acuerdo de Escazú y sus principios a través de la directiva. Abajo, pueden encontrar las direcciones electrónicas y un borrador para un correo electrónico a los miembros del Parlamente Europeo y a la Comisión Europea que pueden cambiar según los enfoques de su organización.

¡Es importante que las y los parlamentarios y la Comisión reciban correos de parte de organizaciones en los países donde se dan los impactos del modelo de producción y consumo de la Unión Europea!

Por favor copiar a Pedro Cabezas y Christian Wimberger (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).

Saludos cordiales, 

Pedro Cabezas (CAFREMIN) y Christian Wimberger (Iniciativa Romero, Alemania)

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Propuesta para un correo electrónica a los miembros del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea 

Direcciones electrónicas de miembros del Parlamento Europeo:

MEP Lara Wolters: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MEP Axel Voss: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MEP Adrian Váquez Lázara: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MEP Manon Aubry: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MEP Heidi Hautala: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MEP René Repasi: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MEP Barry Andrews: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Direcciones de la Comisión Europea:

Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Vice Presidenta Věra Jourová: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Comisionario Didier Reynders: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Comisionario Thierry Breton: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Estimada/estimado..

A través de la presente, le informo que como *organización* firmamos la carta abierta “La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible” porque en nuestro país las cadenas de valor de las empresas con sede en la Unión Europea causan graves violaciones a los derechos humanos y destruyen el medio ambiente.

(Agregar descripción más detallada)

Como firmantes de la carta, aplaudimos los avances reflejados en la propuesta de la Comisión Europea para la Directiva sobre la Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. Pero al mismo tiempo, nos preocupa que no haya mención sobre la importancia de los derechos mencionados en nuestra petición. El Acuerdo de Escazú y sus principios deben ser integrados en la lista de estándares internacionales que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritas en la regulación. Además, las empresas deben ser obligadas a involucrar a las personas afectadas en las cadenas de valor en sus procesos de debida diligencia.

Exhortamos a la Unión Europea a apoyar a los países del sur global en sus esfuerzos por proteger al medio ambiente y a los derechos humanos a través de la Directiva sobre la Debida Diligencia de Empresas en Materia de Sostenibilidad.

(Poner más detalles)

Por favor, comuníqueme si va a apoyar la aplicación de las demandas de la carta abierta y cómo lo hará.

Atentamente

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logos campaña azucar amarga

 

Cada año, al concluir la zafra, la agroindustria azucarera anuncia, con aires de grandeza, un incremento en la producción de azúcar. La cosecha 2018 / 2019 mostró un incremento del 4.6% en relación al periodo anterior. De igual manera, la cosecha 2019 / 2020 cerró con un nuevo récord en el que se produjo un total de 17.9 millones de quintales de azúcar; en el periodo 2020 / 2021 fue de 17.04 millones y en la zafra 2021 / 2022, que concluyó el pasado mes de abril, se produjo 17.5 millones de quintales de azúcar.

Además, la última cosecha produjo 53.9 millones de galones de melaza, con lo cuál los productores de caña y especialmente los ingenios azucareros obtienen ganancias millonarias; no obstante, la bonanza económica de este sector, contrasta con la realidad de las poblaciones aledañas a los campos en los que se desarrolla el monocultivo y con la vida de las y los trabajadores en él.

Las comunidades que habitan en las regiones circundantes a los cañales, son poblaciones empobrecidas, en condición de vulnerabilidad a quienes se les transgrede el derecho a la salud, agua y medio ambiente sano, que han sufrido por largos años los graves impactos del monocultivo de la caña de azúcar a partir de quemas, aplicación de químicos tóxicos y la contaminación del suelo y agua.

Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante. Se aplica unos 20-25 días antes de la cosecha generalmente a través de medios aéreos que además son ineficientes.

Las malas prácticas mencionadas han sido denunciadas y algunas están prohibidas, pero se han mantenido generado, entre otros males, una epidemia de insuficiencia renal crónica. El padecimiento y las muertes por esta enfermedad aumentan en la proximidad a las zonas agrícolas donde se aplican los agroquímicos, especialmente en los cultivos de la caña de azúcar y la cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad va en aumento cada año. A pesar de la gravedad de este fenómeno, el Estado, por negligencia o incapacidad, no ha logrado decretar una prohibición de los agroquímicos.

Con respecto a la quema de los cañales, además de daños a la salud, tiene altos costos ambientales como el deterioro del suelo, la destrucción de biodiversidad, la alteración del microclima, la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Por otra parte, cultivar caña y producir azúcar requiere un elevado uso de agua.

La caña se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación, lo que agota los suministros de agua para los pequeños productores y comunidades locales. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua. Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos; sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población , continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022, las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigimos al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los  usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.

¡¡Otra agricultura es posible, sin monocultivos, ni agroquímicos!!

Campaña Ciudadana “Azúcar Amarga”

San Salvador, 06 de mayo de 2022

 

logos alianza

 

Cada 22 de abril se celebra “el Dia Mundial de la Tierra” con el objetivo era crear una conciencia global sobre los problemas socio ambientales del planeta como la sobrepoblación, la contaminación, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático que ponen en riesgo la supervivencia de los seres humanos.  Este es un día para reconocer a la Tierra como nuestra casa común, como la madre que nos da vida a través de una íntima interdependencia entre la naturaleza y los seres vivos que la habitamos.

En ningún país del continente americano es tan necesario reconocer esta interdependencia como en El Salvador: el estado con el territorio más pequeño, con la taza de densidad poblacional más alta, con limitadas reservas forestales, con la menor accesibilidad de agua per cápita en la región centroamericana y con mas del 90% de aguas superficiales contaminadas por la industria y la actividad humana.  A esto se añade la vulnerabilidad territorial debido a la intensa actividad sísmica y a su ubicación en el corredor seco de Centroamérica, que lo convierte uno de los países más susceptibles a los embates del cambio climático.      

Esta crisis ecológica que se agudiza cada día, se vuelve el trasfondo de una sociedad que aspira a vivir en un sistema político democrático basado en el estado de derecho, pero que vive en una crisis socio-económica crónica causada principalmente por las demandas de un sistema económico extractivo que requiere gobiernos dóciles a las demandas de las grandes corporaciones para transformar los recursos naturales en productos de consumo para el mercado global. 

En ese sentido, ningún gobierno de la posguerra ha logrado generar el tipo de transformación estructural necesaria para que El Salvador pueda buscar la vía de la sustentabilidad ambiental que garantice la vida de las futuras generaciones.  Sucesivos gobiernos, a partir de los acuerdos de paz de los 90s, han fallado en erradicar los problemas de corrupción, pandillas, inmigración, pobreza, y la progresiva degradación ambiental del país. Tampoco han logrado implementar un estado de derecho con instituciones públicas independientes que respondan principalmente a los intereses de la ciudadanía.

Por su parte el gobierno actual ha retornado a las prácticas antidemocráticas del pasado: instrumentalizando a las instituciones castrenses que regularmente toman acciones para restringir los derechos de la población, desmantelando la frágil institucionalidad democrática del país, atacando a la libertad de prensa y la libertad de organización e implementando medidas económicas que han resultado en un mayor endeudamiento del país y un mayor despojo de nuestros recursos naturales. 

Minería transfronteriza una amenaza inminente para el país

Una de las amenazas más inmediatas a la sobrevivencia de nuestro medio ambiente es la contaminación que podría ser causada por la minería transfronteriza.   A pesar que la minería metálica esta prohibida a nivel nacional desde abril del 2017, en las zonas transfronterizas de Honduras y Guatemala existen más de 50 áreas de interés minero que podrían desarrollarse y contaminar las principales fuentes de agua para los salvadoreños.

El proyecto más avanzado que amenaza con contaminar la cuenca del rio Lempa que abastece de agua a dos terceras partes de la población del Gran San Salvador es la mina Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestone Resources.   

El pasado 21 de diciembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.

En esa ocasión, las comunidades organizadas y organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de manipular las leyes ambientales de Guatemala para evitar realizar todo el debido proceso que implica, entre otras cosas, la realización de una consulta amplia en las comunidades que se verían directamente afectadas por este cambio. 

La magnitud de los cambios propuestos por la empresa es extrema:  desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas y polvos que son dañinos para la salud. Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.

Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, hemos expresado nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial por parde de las autoridades. En Salvador también hemos denunciado la falta de iniciativa por parte del gobierno para retomar con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.       

Este Dia de la Tierra reunidos en el lago de guija para protestar los impactos de la Mina Cerro Blanco, instamos a las autoridades gubernamentales de el salvador y Guatemala a reflexionar sobre la necesidad de transformar la relación que nuestras sociedades tienen con su entorno natural y la necesidad de implementar leyes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades económicas extractivas que destruyen nuestro medioambiente, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas y el derecho de las comunidades a decir no a proyectos de muerte.  

Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.

¡El agua es vida, fuera empresas mineras de nuestras fronteras!

                                                                                                                                                                                 San Salvador, 22 de abril de 2022

carta UE

 

138 organizaciones de 33 países piden en una carta abierta una legislación sólida sobre la cadena de suministro de la Unión Europea.

 En una carta abierta, 138 organizaciones de 33 países piden a la Comisión Europea que imponga a las empresas fuertes obligaciones en materia de protección del medio ambiente y los derechos humanos en la ley de la cadena de suministro de la UE, con el fin de combatir las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente causadas por la minería y la agroindustria en el Sur Global.

 Las organizaciones piden que los derechos de participación ambiental contenidos en el Acuerdo de Escazú, vigente en Latinoamérica y el Caribe, se incluyan como norma obligatoria en la Ley de la Cadena de Suministro europea.

Lea la carta abierta a la Comisión Europea aquí.

VERSIÓN ESPAÑOL

VERSIÓN EN INGLÉS

VERSIÓN EN ALEMÁN

La ley de la cadena de suministro de la UE debe repercutir en la extracción de materias primas

La Comisión Europea está elaborando un reglamento para la UE que obligaría a las empresas a evitar las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en sus cadenas de suministro mundiales. El año pasado, el Bundestag (Parlamento Federal Alemán) aprobó una ley sobre la cadena de suministro para las empresas alemanas, lo cual supone un primer paso importante en materia de empresas y derechos humanos. Sin embargo, esta contiene numerosas deficiencias, por ejemplo, establece obligaciones débiles para las empresas de la cadena de suministro más profunda. En el caso de los proveedores indirectos, empresas que extraen materias primas, por ejemplo, no tienen que aplicar medidas de debida diligencia de forma sistemática, sino solo de forma puntual.

"La minería y la agroindustria suelen ser los sectores donde se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley de la cadena de suministro de la UE debe agotar todas las medidas para proteger a las personas afectadas. Entre ellas se encuentran: Obligaciones de diligencia debida a lo largo de toda la cadena de suministro, fuertes obligaciones de protección del medio ambiente y el derecho de acción civil para los afectados", exige Christian Wimberger, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la Iniciativa Cristiana Romero (CIR).

Hay que prevenir la violencia en la minería

Muchas de las organizaciones firmantes de los países de América Latina y otras regiones del Sur Global conocen de primera mano los efectos de la producción de materias primas. En el caso de los proyectos mineros y los monocultivos, se destruyen ecosistemas enteros y se priva a las personas de sus medios de vida. Si se resisten, a menudo son reprimidos por las autoridades estatales o incluso asesinados por grupos criminales.

La agresividad con la que se satisface la demanda de materias primas de la industria se puso de manifiesto en el conflicto por una mina de níquel en el departamento guatemalteco de El Estor, a finales de 2021. Cuando las comunidades indígenas bloquearon una carretera de acceso en protesta por los graves impactos ambientales de la explotación minera, el gobierno declaro un estado de emergencia parcial que permitió que cuerpos militares reprimieran las manifestaciones con violencia. En los últimos años, varios opositores al proyecto minero, dirigido por la empresa ruso-suiza Solway Investments, han sido asesinados.

"A pesar de que el Tribunal Constitucional ha anulado la licencia minera, la empresa simplemente sigue operando. Las comunidades afectadas se quejan de la intensidad de la minería y de la contaminación que provoca. Representantes del pueblo originario Q'eqchi' están detenidos por resistirse. Al imponer el estado de excepción, el gobierno está restringiendo derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de circulación. Pedimos a la Unión Europea que garantice la salvaguarda de los derechos de las comunidades  q'eqchi´ y que envíe una misión de observación a la región", exige la organización guatemalteca Colectivo Madre Selva.

La UE importa grandes cantidades de materias primas

Desde hace años, Guatemala exporta a Grecia níquel que se utiliza en el acero y en las baterías de los coches eléctricos. Los países de la UE, sobre todo Alemania, importan enormes cantidades de materias primas: desde materias primas agrícolas como el aceite de palma y el azúcar hasta minerales como el litio, el cobre y el cobalto. Por tanto, las empresas europeas deben ser obligadas a luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro.

"Con la implementación de los derechos ambientales en la Ley de la Cadena de Suministro de la UE, ésta tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir por fin la desigualdad y la violencia que históricamente ha caracterizado la extracción de materias primas para sus empresas", afirma Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana contra la Minería en Centroamérica (ACAFREMIN).

La importancia del Acuerdo de Escazú

Las organizaciones firmantes consideran que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe en 2021, es una herramienta importante para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro. El innovador acuerdo establece los siguientes derechos para los afectados:

  • acceso a la información medioambiental
  • participación en los procesos de toma de decisiones sobre intervenciones medioambientales
  • acceso a la justicia
  • la protección de los defensores de los derechos humanos

Las 138 organizaciones piden a la Unión Europea que añada el acuerdo y sus principios a la lista de normas internacionales que deben cumplir las empresas en sus actividades de debida diligencia.

Para mayor informacion: 

  • Pedro Cabezas, ACAFREMIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • Christian Winberger, Christliche Initiative Romero (CIR): Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

logos campaña azucar amarga

A nivel nacional entre las problemáticas más sentidas por causa del monocultivo de caña de azúcar son las quemas de los cultivos para la zafra.  Las afectaciones en las comunidades son diversas y van desde enfermedades respiratorias producto del humo, incendios forestales en bosques y áreas naturales protegidas cercanas al monocultivo de caña, muerte de fauna silvestre por el fuego, afectación de cultivos de alimentos, y generación de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Es urgente que el Estado salvadoreño actúe.

Las quemas son realizadas por los productores de caña de azúcar, violentando el articulo 262 A del Código Penal que prohíbe la quema de cualquier cultivo. Ante esta ilegalidad, evidenciada y constantemente denunciada por las comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, la agroindustria azucarera afirma que no son responsables de los siniestros, si no que es obra de mano criminal. Se trata de un absurdo y una mentira si se cae en cuenta que estos hechos de quema, siempre coinciden con el tiempo de la zafra.

 Las quemas de cultivo están vinculadas a los incendios forestales. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados.

Sin embargo, el accionar de las autoridades siempre es reactivo, no se ve una gestión preventiva como podría ser la aplicación efectiva de la ley y la vigilancia oportuna para evitar la quema de cultivos, especialmente de caña de azúcar.

Por estas razones, las comunidades afectadas y las organizaciones que impulsamos la campaña Azúcar Amarga, exigimos al Estado salvadoreño, particularmente al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, con sentido de urgencia:

1. Al MARN: Que asuma un rol activo y protagonista en un esfuerzo para prohibir explícitamente la quema en los cultivos de caña de azúcar. Se trata de una práctica agrícola dañina para las personas y la naturaleza.

2. A la FGR: Que investigue de oficio y proceda judicialmente contra los responsables de los incendios forestales y las quemas en los campos de caña de azúcar.

3. A la PDDH: Que retome su rumbo en el sentido de acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos, como lo que está pasando con las comunidades afectadas por el monocultivo de caña de azúcar.

San Salvador, 16 de febrero de 2022.

 

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Desde que la Asamblea Legislativa legisló de manera unánime la prohibición de la minería metálica, en marzo del 2017, organizaciones ambientalistas han demandado que el Gobierno Salvadoreño tome la iniciativa para generar un dialogo con Gobiernos vecinos de Guatemala y Honduras para proteger las cuencas compartidas.

Esta demanda se basa en la existencia de proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de nuestro país. Actualmente, la amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el 2007 (14 años) intenta fallidamente extraer oro y plata y que ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.

Desde sus inicios organizaciones ambientalistas hemos demandado la clausura de dicho proyecto ya que la empresa minera nunca supero observaciones técnicas realizadas por el entonces equipo de evaluación del Ministerio de Energía y Minas y no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría. Violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población.

El pasado 21 de diciembre, la empresa desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco Elevar Resources quien es una subsidiaria de la empresa minera canadiense Bluestone Resources quien compro la mina en 2017, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto.

La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.

Recalcamos que, sin haber aun comenzado la etapa de explotación, la mina Cerro Blanco ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa y pone en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento por más de 13 años, ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de aldeas aledañas y obliga a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder a agua. Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada.

Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.

En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.

Según la actualización presentada, este será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas de los pozos de abatimiento y de las aguas mina. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.

Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.

En sus comunicados de prensa y reportes a sus accionistas, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata.

AsImismo, es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río Ostúa no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Ante este inminente riesgo para las comunidades de Asunción Mita y para todas las que habitan y se abastecen del río Lempa exigimos:

1- Al Sistema de Integración Centroamericana y a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas. 

2- A las instituciones multilaterales, velar por la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña. 

3- Que ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible, se aplique el principio precautorio y se adopten medidas de protección para garantizar los derechos de la población. Llamamos a los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio de empresas transnacionales o nacionales que ponen en riesgo y destruyen la vida de esta y las próximas generaciones.

Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.

San Salvador 15 de febrero de 2022

¡Fuera mineras de nuestras fronteras¡

guapinol

 logo 200x72Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Centroamericana frente la Minería celebramos el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declara nulo el proceso criminal iniciado por la empresa minera Inversiones Los Pinares contra 32 personas defensoras del agua del municipio de Tocoa Colón, en noviembre del año 2018.

Los acusados han sido objeto de una campaña sucia de desprestigio público y criminalización estatal por sus actividades de defensa ante la ilegalidad de un proyecto minero de óxido de hierro que pone en riesgo las reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde nacen los ríos Cauca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; que se extienden a la región del Aguán en los departamentos de Colón, Olancho y Atlántida y abastecen de agua potable a la población.

Ocho de los 32 defensores que fueron acusados por la empresa han permanecido injustamente bajo prisión desde agosto del año 2019 y seis fueron declarados culpables por el Tribunal de Sentencia de Trujillo por delitos de daños agravados y detención agravada el pasado 9 de febrero.

A pesar que durante el proceso de audiencia la defensa evidenció la fabricación de pruebas por parte del Ministerio Público, la falsedad de los testimonios de los testigos, quienes son empleados de la seguridad privada de Inversiones Los Pinares, y la colusión entre el ministerio público, la empresa y los miembros del Tribunal de Sentencia.

El proceso de criminalización de las personas defensoras de Tocoa refleja un patrón que se repite en toda la región Centroamericana y que manifiesta la captura de las instituciones estatales por parte de intereses empresariales. Bajo este escenario, la acusación, investigación y audiencias públicas contra personas defensoras del medio ambiente se realizan bajo contextos judiciales que transgreden la garantía de derechos humanos fundamentales como el debido proceso y presunción de inocencia, consagrados en las constituciones de nuestros países y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Como Alianza celebramos el fallo de la Corte Suprema de Honduras lo consideramos como un buen primer paso para corregir injusticias perpetradas contra personas defensoras de derechos por más de una década. Nos unimos al espíritu celebratorio de las diversas organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales que han acompañado esta lucha y felicitamos al equipo defensor y los miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa por su férrea defensa de los derechos humanos y la vida de las comunidades de Tocoa.

Enviamos un mensaje fraterno, solidario y firme a nuestros compañeros quienes todavía guardan prisión, demandamos su pronta liberación y la reparación por daños y prejuicios a sus familias. Finalmente, afírmanos nuestro compromiso de seguir acompañando la lucha por la cancelación de las licencias mineras otorgadas de manera ilegal en Tocoa.

11 de febrero de 2022

 

¡Justicia y libertad para los defensores de Guapinol! #GuapinolInocent

 

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El pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana.

En 2017 la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de la empresa Elevar Resources (antes Entremares), adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que: la empresa minera Entremares nunca supero observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad de la misma, no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría en su territorio, violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población y que en 14 años Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata. Evidencia del fracaso de la mina es que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007, solamente 19 se han construidos. Sin embargo, desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.

Sin haber comenzado la etapa de explotación, la mina ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento de la mina por más de 13 años ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo el nivel de las capas de agua subterránea y obligando a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua. Esto en un contexto de cambio climático y de extrema sequía en el corredor seco Centroamericano.

Como organizaciones sociales de Guatemala y El Salvador, y comunidades de Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante los impactos socio-ambientales que este proyecto de minería a cielo abierto pueda generar y exigimos que se realice un estudio de impacto ambiental nuevo junto a una evaluación integral de la cuenca que sea de carácter binacional con participación de ambos gobiernos.

No aceptamos que se presente una “actualización” de un proyecto que iba a procesar 1000 toneladas diarias, para uno que ahora busca prosear 10,952 toneladas diarias. Un proyecto que iba a extraer 3.31 millones de toneladas en un túnel de 73.4 km a uno que ahora busca extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 m. Material que posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud. En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%.

El río Ostúa además según la actualización presentada, será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas. Esto a pesar que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.

Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, trae prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Este no se contempla en el actual estudio.

Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.En sus comunicados de prensa, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata. Ante esta situación:

  •  Llamamos a la población a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa. 
  • Exigimos a los gobiernos de Guatemala y El Salvador que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas compartidas, auxiliándose del Sistema de Integración Centroamericana y de Instituciones Multilaterales para la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica de cuencas transfronterizas, que garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña. 
  • Ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible demandamos que se aplique el principio de “precaución” y que adopten de medidas de protección para garantizar los derechos de la población.
  • A los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico, que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías de nuestra región, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED), a efecto de reducir los impactos socio ambientales, que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y las próximas generaciones.

Firman

Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador

Alianza Centro American frente a la Minería

Consejos Comunitarios de Desarrollo de Asunción Mita

Colectivo Madre Selva Red

Trinacional por el Rescate del Río Lempa

Movimiento Ecofeminista de El Salvador

                                                                                                                                                                                     Guatemala 7 de enero de 2022

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