El activista comunitario fue encarcelado por defender los bienes naturales del pueblo q’eqchi’. El líder se opuso a la construcción de dos hidroeléctricas de la empresa Oxec S.A., quien taló 15 hectáreas de bosque, destruyó 3 cerros sagrados y está dejando sin agua a las comunidades.
Bernado Caal Xol, defensor ambiental del pueblo maya q’eqchi’, cumplió tres años de prisión por el supuesto cometimiento de los delitos detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado. El caso del líder comunitario está relacionado con su defensa de los Ríos Cahabon y Oxec, en el departamento norteño de Alta Verapaz, por la construcción de hidroeléctricas de la empresa Oxec S.A.
Desde un inicio, el proceso judicial en contra del líder q’eqchi’ estuvo viciado por jueces del caso, el Ministerio Público (MP) y testigos de la empresa NETZONE (contratada por OXEC S.A.), según han denunciado organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
La Alianza Regional Frente a la Minería Metálica (Acafremin) preparó una cronología del caso de Bernardo Caal Xol, su defensa por el medio ambiente y su injusta criminalización y penalización por oponerse a la empresa extractiva.
2015:
Comunidades Q’eqchi’s de Santa María Cahabón descubre la construcción de una hidroeléctrica sobre los Río Oxec y Cahabón. Los habitantes acuden a la municipalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para solicitar información de lo que ocurre en los ríos.
Bernardo Caal Xol, y otras autoridades Q’eqchi’, son designados para representar al pueblo y otras 56 comunidades. Los líderes denunciaron los delitos: violación a los derechos de información y consulta por las licencias ambientales a la empresa, la tala de 15 hectáreas de bosques y la destrucción de tres cerros sagrados, el despojo de tierra por las construcciones, el secuestro del agua de los pobladores y la apropiación de un baldío nacional. Las acusaciones llegaron ante la PDH, MP, Procuraduría General de la Nación (PGN), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (OCRET) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
En diciembre, el líder interpone dos Amparos: una por la defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y otro en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por concesionar los ríos.
Ante la denuncia, La empresa OXEC S.A. reaccionan amenazando sistemáticamente a los opositores del proyecto, a través de campaña de estigmatización y difamación.
2016:
Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorga un amparo provisional a favor de las comunidades y suspende las licencias de los proyectos Oxec y Oxec II. La CSJ tambien ordena al Ministerio de Energía y Minas que realice las debidas consultas a las comunidades Q’eqchi’.
Las empresas Oxec y el MEM apelan ante la Corte Constitucional (CC) y presenta pruebas falsas de una consulta pública. Ante eso, la CSJ revocó el amparo provisional contra los proyectos.
Con más de 4 mil firmas, las comunidades Q’eqchi’ solicitaron una Consulta Municipal de Vecinos, amparado al Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT. La convocatoria estaba para el 31 de julio.
OXEC S.A. interpone un amparo en contra de la consulta comunitaria. Cesar Adolfo González, juez de primera instancia de Cobán, suspende la consulta y da un amparo provisional a la empresa. Aumenta la campaña de difamación en Medios Escritos, radiales y televisivos en contra de Bernardo Caal.
2017:
El 4 de enero, la CSJ otorgó amparo definitivo a favor de Bernardo Caal y suspende las licencias de los proyectos Oxec. Además, ordena a MEM a realizar consultas públicas.
Ante la decisión de la CSJ, la empresa y MEM apelan ante la CC. Inician campañas de presión política contra los magistrados de la Corte. Además, arrecia campañas violentas de criminalización y difamación contra Bernardo Caal, Ana Rutilia Ical y el Colectivo Madreselva.
La empresa fabricó una acusación falsa en contra de Bernardo Caal por el delito de Delito Especial de Estafa. El 27 de marzo, el Ministerio Público emitió una orden de captura contra del ambientalista, con el fin de paralizar su lucha social.
Bernardo Caal se presenta voluntariamente a los tribunales y demostró que no cometió delito. El juez Isaías Caal Caal ordenó al Ministerio Público que siguiera las investigaciones.
El 26 de mayo, la CC emitió una mega sentencia: 1) OXEC violó los derechos de las comunidades Q’eqchi’ y otorgó amparo a Bernardo Caal Xol; 2) fija un plazo de un año prorrogable al MEM para realizar la consulta; 3) no suspende la operación y construcción de los proyectos Oxec, tal como reclamaban las comunidades; 4) establece pautas restrictivas para las consultas basadas en Convenio 169 de la OIT.
La sentencia fue rechazada por comunidades del pueblo Q’eqchi’ y deciden realizar una “Consulta de Buena Fe” en las 195 comunidades de Cahabón.
El 27 de agosto, el Consejo de Autoridades Ancestrales convoca a la “Consulta de Buena Fe”. El resultado de consulta comunitaria fue: 26,537 votos en contra del proyecto hidroeléctrico de OXEC S.A.; 12 votos a favor de la empresa, y 5 abstenciones.
La consulta está en proceso de validación, ratificación y publicación de la municipalidad. OXEC S.A. solicita la aprobación de un estudio de impacto ambiental para construir OXEC III, sobre el Río Cahabón.
El MEM realiza una supuesta consulta pública fuera del municipio de Cahabón, excluyendo la participación de las comunidades Q’eqchi’. La CC aún está revisando los resultados de la consulta.
2018:
En enero, el juez Isaías Caal Caal emite una segunda orden de captura contra el activista por los supuestos delitos de delitos, robo agravado, detención ilegal e incitación a delinquir. La denuncia fue interpuesta por trabajadores de la empresa NETZONE, contratada por OXEC S.A.
El 30 de enero, Bernardo fue detenido por agentes de la DEIC (PNC), despues de presentarse a la audiencia.
El 9 de noviembre, Bernardo Caal fue condenado a 7 años de prisión por el cometimiento del segundo delito. Desde esa fecha, el activista comunitario guarda prisión injustamente por oponerse al proyecto hidroeléctrico de OXEC S.A. sobre los Ríos Cahabon y Oxec.
2019-2020:
Durante todo el año, los abogados de Bernardo Caal apelaron a la condena; sin embargo, los magistrados se excusaban para retrasar el proceso en favor del activista ambiental.
Ante el retraso malicioso de los magistrados, estos tramitan el traslado del caso a la superintendencia de tribunales, la cual envía el proceso de apelación a los juzgados del
departamento de El Quiché, sin tener fecha de programación y notificación.
En febrero de 2019, bajo el argumento de que debido a la pandemia causada por el COVID 19, la CSJ declaró que todas las audiencias quedan suspendidas hasta nuevo aviso, prolongando el proceso y la tortura del encarcelamiento de Bernardo Caal.
El 7 de septiembre 2020, los Magistrados de la Sala 6.ª de Apelaciones del ramo penal, en Alta Verapaz, rechazó la solicitud de Bernardo Caal y revocaron la posibilidad de pago de fianza para que Bernardo recobrar la libertad por el primer delito de detención ilegal. La resolución de los magistrados ratifica la injusta condena de siete años y cuatro meses.
Amnistía Internacional, movimiento global sobre derechos humanos, catalogaron a Bernardo Caal como preso de conciencia, pidiendo la libertad del activista y una investigación del Ministerio Público hacia los funcionarios judiciales que condenaron al ambientalista.
Asimismo, experto de Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por el encarcelamiento de un líder indígena y defensor de los derechos humanos en Guatemala tras su oposición a un proyecto de represa hidroeléctrica.
