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- Escrito por Pedro Cabezas
Este 18 de septiembre la población de Asunción Mita, Guatemala, tendrá la oportunidad de poner un alto a las actividades mineras que amenazan ecosistemas compartidos por las poblaciones de Guatemala y El Salvador.
La presión ejercida desde hace años, por pobladores de Asunción Mita, acompañados de organizaciones ambientales y la iglesia católica, obligo a las autoridades municipales a convocar a una consulta de vecinos, amparada en el artículo 64 del Código Municipal de Guatemala, para determinar si están de acuerdo con dichos proyectos en su territorio.
Desde hace más de 15 años, organizaciones sociales y ambientales y la población organizada han mantenido una campaña de denuncias ante la falta de transparencia sobre el proyecto minero Cerro Blanco y han demandado mayor información sobre sus impactos ambientales. A principios de este año, la campaña se intensifico a partir que la empresa Elevar Resources(subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources) presentara una supuesta actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala.
El nuevo EIA busca autorización para una mina a cielo abierto que explotaría más de 3 millones de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata por un periodo de 14 años. Los cambios propuestos por el nuevo proyecto son drásticos: de procesar 1.000 toneladas de material, a procesar 10.952 toneladas por día; de extraer un total de 3,31 millones de toneladas de escombros de un túnel de 73,4 km a extraer 200 millones de toneladas de escombros de un cráter de hasta 370mt de profundidad y un radio de 1200mt.
Un análisis del Estudio de Impacto Ambiental de la mina Cerro Blanco realizado por el Dr. Steven Emerman, experto en sistemas de desechos mineros, publicado recientemente por la Fundación Heinrich Boll confirma las preocupaciones expresadas por organizaciones ambientalistas, ya que identifica graves riesgos identificados en la propuesta del manejo de residuos de mina presentados por la empresa.
Según el análisis del Dr. Emerman:
- La pila de relaves filtrados se ubicará apenas 103 metros aguas arriba de la Quebrada El Marial, y, si colapsara, los relaves podrían correr por el Río Tancushapa, hasta el Río Ostua y finalmente al Lago de Guija, la fuente principal del Río Lempa.
- El borde de la pila de relaves filtrados se ubicará apenas 395 metros aguas arriba de la comunidad de Trapiche Vargas, con sus cientos de casas. Si la pila llegara a deslizar, la comunidad podría quedar enterrada en minutos y la contaminacion alcanzaría al lago de guija en 40 minutos.
- Las fuertes lluvias que caracterizan la zona presentan un grave riesgo de deslizamiento de los desechos toxicos que serán abandonados por la mina después del cierre de sus operaciones.
- El tamaño propuesto para la instalación sería demasiado alto y demasiado grande para la cantidad de lluvia que cae en Guatemala y este de instalación de residuos mineros ha sido diseñada usando un método de construcción que es ilegal en Chile, Ecuador, Perú, y Brasil por su probabilidad de colapso.
Las preocupaciones de la población sobre posibles daños ambientales y humanos causados por la operación minera están respaldas por la opinión otros expertos internacionales, como la Dra. Dina Larios, y Dr. Robert Robinson, quienes coinciden que el proyecto es de alto riesgo ambiental y que la empresa no ha hecho estudios suficientes para garantizar su viabilidad.
Antes los riesgos que supone la minería en su territorio, organizaciones locales con el apoyo de organizaciones ambientalistas y la iglesia católica, iniciaron un proceso de recolección de firmas para peticionar que la municipalidad de Asunción Mita iniciara una consulta de vecinos para determinar si la población está de acuerdo con la operación de proyectos de minería metálica.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del Código Municipal, los votantes registrados de un municipio pueden peticionar a su gobierno local una consulta de vecinos para determinar si estan de acuerdo con políticas que afecten sus territorios, incluyendo todos los proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales. Para que la consulta sea vinculante, el 10% de ciudadanos empadronados en el registro electoral deber firmar la petición y el 20% deben participar en la consulta.
Ante la peticion de la poblacion, el 8 de agosto del 2022 el concejo municipal de Asunción Mita, Jutiapa, hizo pública la convocatoria para la consulta ciudadana en el Diario Oficial, según consta en el acta 35, numeral 9, que establece que la consulta debera realizarse el 18 de septiembre del año 2022.
Ese día la población podra votar para determinar si está de acuerdo con un proyecto que amenaza la vida, el agua y los bienes naturales de Asunción Mita.
Los líderes sociales y representantes ambientales han manifestado que se mantendrán atentos para que la consulta ciudadana se realice con total transparencia y que la decisión sea tomada por los habitantes de Asunción Mita, tal como lo dicta la ley.
Mas allá del impacto local de sus resultados, este tipo de mecanismos de consulta ciudadana, que se encuentran codificadas en diferentes leyes y reglamentos en la región centroamericana, son importantes por que hacen posible fortalecer la democracia local y transparentar la gestión pública.
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- Escrito por Acafremin
La lucha organizada y permanente por el derecho humano al agua que libran las comunidades rurales, acompañadas de organizaciones sociales y ambientales, ha sido plasmada en el libro Defender el Agua, escrito por los esposos y activistas Robin Broad y John Cavanagh, que desde 2009 han vivido de cerca el proceso de organización y lucha del pueblo salvadoreño frente a las corporaciones mineras.
El libro Defender el agua, recoge los testimonios y sistematización de la lucha anti minería en El Salvador y cómo las comunidades han hecho retroceder a las empresas extractivistas hasta lograr que el país más pequeño de Centroamérica sea reconocido grandemente por ser el primero en tener una ley que prohíbe cualquier tipo de actividad minera.
El libro es presentado en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, una normativa que ha sido impuesta por el oficialismo y que ha dejado de lado todos los aportes de la academia y de las organizaciones sociales y ambientales, y que además le apuesta a la comercialización y sobre explotación del agua.
John Cavanagh, uno de los autores del libro considera que en El Salvador la nueva ley del agua obliga nuevamente a que las organizaciones y comunidades se organicen y cierren filas en la defensa del derecho del agua, así como ha sido demostrado hace cinco años, 2017, en la lucha contra las mineras.
Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, dijo que la Mina Cerro Blanco en el vecino país de Guatemala representa un detonante de contaminación que amenaza las aguas de los afluentes Lempa y Guija y que hasta el momento los gobiernos salvadoreño y guatemalteco permanecen pasivos ante esa crisis ambiental.
“Se quiere procesar 10,952 toneladas diarias y extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas” dijo.
Las empresas mineras están acabando los bienes naturales de los países centroamericanos, mientras las comunidades rurales e indígenas que son propias de los territorios se niegan a cambiar el agua por el oro y siguen resistiendo en la defensa de sus territorios y de los bienes naturales que por derechos les corresponde.
En El Salvador, la entrada en vigencia de la nueva ley del agua ha obligado a las comunidades rurales a tomarse las calles, ya que la nueva ley pone a las Juntas de Agua, que son las responsables de proveer aguas a las comunidades, a competir con grandes empresas.
En El Salvador al igual que en los demás países de Centroamérica las comunidades no están dispuestas a ceder lo que por derecho les pertenece y se mantienen firmes para Defender el Agua.
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- Escrito por Acafremin
El anuncio del gobierno hondureño de declarar su territorio libre de minería a cielo abierto creó la expectativa de regular a esta industria que por décadas ha atentado contra los bienes naturales, ha puesto en riesgo la salud pública y ha limitado el acceso al agua como derecho humano de las poblaciones centroamericanas. Sin embargo, cinco meses después surgen las interrogantes ¿hasta dónde llega el compromiso real de esta declaratoria?
La promesa inaugural de la presidenta Xiomara Castro de sumar a honduras al grupo de países que se han declarado libres de minería a cielo abierto, generó una serie de reacciones positivas por parte de las organizaciones sociales y ambientales y comunidades al rededor del mundo que por años han luchado contra los impactos negativos y las violaciones de derechos generados por la economía extractivista.
Pero un análisis reciente publicado por el especialista de CESPAD, Bladimir López, destaca la falta de acciones que dejan en duda el alcance de la declaratoria, por ejemplo, todavía no existen garantías para la protección de defensores de derechos ambientales, no se han removido los obstáculos que enfrentan, ni tampoco se están generando las condiciones para que puedan ejercer su labor en un contexto de seguridad.
En Honduras, particularmente en los últimos años del gobierno de Juan Orlando Hernández, se hicieron reformas a la Ley de Minería para ampliar los beneficios fiscales a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual genero una gran cantidad de concesiones y permisos que en muchos casos fueron obtenidos de manera irregular. Un reporte presentado por CEHPRODEC en el año 2018, concluyo que el total de las concesiones metálicas alcanzan 115 y las no metálicas 187 para un total de 302. De estas concesiones, 173 se encuentran en calidad de exploración y 129 en calidad de explotación. El reporte ademas determino que existian 193 solicitudes en proceso en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)
En este ambiente de permisividad administrativa es que Inversiones ECOTECK recibió en el año 1919, una licencia provisional para el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro”, a través de un proceso corrupto y engañoso.
El Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa ha presentado un amparo ante la Secretaría del Medio Ambiente por la extensión de dichas licencias, argumentando que las actas y listados de participación en la consulta requerida por la Ley de Medio Ambiente presentadas por la empresa a las autoridades locales fueron claramente alteradas.
Esto suma a una serie de ilegalidades en la extensión de permisos y licencias a la empresa Inversiones Los Pinares y la empresa Inversiones Ecotek que son responsables por impulsar el mega proyecto de explotación de óxido de hierro que contiene concesiones para explotación a cielo abierto en áreas protegidas del parque Carlos Escaleras, permisos para la construcción de la planta peletizadora ECOTEK, permisos para la planta eléctrica ECOTEK; y permisos para la explotación de aguas del río guapinol para uso privado de la empresa.
Mientras tanto, la empresa continúa dirigiendo una campaña de calumnias y criminalización contra más de 32 opositores del proyecto minero que resultó, en el año 2019, en la privación de libertad de 8 defensores del rio guapinol por más de dos años y medio.
Hasta la fecha, el anuncio realizado por el nuevo gobierno de Honduras de poner fin a la minería a cielo abierto y cancelar permisos que fueron extendidos de manera irregular no ha resultado en acciones concretas para las comunidades de Tocoa que por años han librado una ferrea batalla por defender la integridad de sus territorios.
Al contrario, el alcalde Adán Funes, quien es nombrado como responsable de la falsificación de documentos públicos para apoyar de manera fraudulenta a la empresa Inversiones Ecotek, ha sido recompensado por el gobierno de Xiomara Castro con el puesto de Gobernador del departamento de Colón lo que aumenta su caudal político.
Con este nuevo poder político, Adán Funes continúa robusteciendo su alianza con la empresa, lo que se demuestra claramente con la firma del nuevo convenio entre la municipalidad y la empresa Ecotek, donde se le permite llevar a cabo obras de construcción de vías públicas a pesar de la oposición ciudadana.
El gobierno de Xiomara Castro sigue arrastrando la deuda de instalar un mecanismo eficiente para atender los reclamos históricos de justicia socio ambiental en honduras; y como el resto de gobiernos de la región Centroamericana, se muestra apático a saldar esta deuda con los pueblos y comunidades afectadas, al continuar favoreciendo intereses particulares por encima de los bienes comunes y la vida.
Un primer paso para comenzar a saldar esta deuda sería buscar la adhesión al Acuerdo de Escazú, el cual compromete a los Gobiernos a implementar medidas para garantizar derechos ambientales como el acceso a información, la consulta ciudadana, el acceso a mecanismos de justicia y la protección de defensores de derechos.
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- Escrito por Acafremin
La población de Asunción Mita pide decidir sobre el destino de la mina Cerro Blanco y una explicación sobre los impactos reales de salud y medio ambiente que provocará la extracción de minerales, sobre todo la contaminación de los principales afluentes de ambas naciones Guatemala y El Salvador a través de las aguas de los ríos Ostúa, Lempa y el lago de Guija.
La consulta ciudadana se llevará a cabo gracias al esfuerzo de lideresas y líderes comunitarios que se dieron a la tarea de recolectar más de 4 mil firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral para solicitar al gobierno municipal de Asunción Mita a realizar la Consulta de Vecinos como lo establece el reglamento del código municipal.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del código municipal, el gobierno de Asunción Mita está obligado a consultar toda medida legislativa o administrativa que afecte el territorio, incluyendo todos los proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales y son los ciudadanos quienes le darán el aval a este tipo de proyectos, luego que se les explique los impactos ambientales que provocarán.
La mina Cerro Blanco esta en desarrollo desde hace 14 años, pero su explotación ha sido un fracaso debido a que las diferentes empresas que la han operado no han hecho un estudio de impacto ambiental adecuado y han encontrado dificultades técnicas debido a la presencia de agua termales. La propuesta más reciente de transformar la mina a una mina a cielo abierto, hecha por la empresa Bluestone Resources de Canada, ha sonado las alarmas en la población de Asunción Mita y organizaciones ambientales de Guatemala y El Salvador debido a la magnitud de los impactos ambientales.
Los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros que generarán drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador.
La empresa Bluestone Resources promociona la mina como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala y mantiene una campaña engañosa referente a los permisos ambientales ante sus inversionistas, y la compra de voluntades en las comunidades.
Ante esta grave amenaza, la población organizada de Asunción Mita, Jutiapa, con el apoyo de organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, presentaron la petición de consulta con más de 4 mil firmas de vecinos al alcalde René Guardado, quien, acompañado del consejo municipal, se comprometió a hacer “lo que sea mejor para la población.”
Sin embargo, no pudo responder cuando se le cuestionó porque la alcaldía ha facilitado permisos de construcción a la empresa minera sin tener un permiso ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y conociendo los impactos irreversibles que este proyecto ocasionara al medio ambiente.
El concejo municipal en pleno, junto con el alcalde, también escucharon la presentación de la experta Ingrid Haulsinger, master en Geología, modelaje ambiental y coordinadora de la Fundación Heinrich Böll de El Salvador, quien señaló los daños irreversibles que este proyecto podría ocasionar al agua y la salud de la población, los cuales dijo están citados en la actualización del estudio de Impacto Ambiental que la empresa minera ha presentado al Ministerio del Medio Ambiente.
Este primer encuentro con las autoridades municipales y la población organizada sienta un precedente importante en la lucha contra la minería en Guatemala y demuestra la fuerza de la organización comunitaria.
Los líderes organizados de ambas naciones Guatemala y El Salvador, se mostraron muy satisfechos con el primer logro alcanzado y si aseguraron que continuarán luchando hasta que la mina Cerro Blanco sea clausurada.
En las próximas semanas se espera que el gobierno municipal anuncie el proceso de la consulta ciudadana.
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- Escrito por Acafremin
El cultivo de la caña de azúcar genera males colectivos que siguen sin ser atendidos por las autoridades gubernamentales de los países de Centroamérica. Recién finaliza la zafra en El Salvador y el recuento hecho por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales reflejan datos alarmantes en cuanto a contaminación y explotación excesiva de fuentes de agua, riesgo por enfermedades crónica y contaminación ambiental.
Mientras los países de primer mundo venden la idea del mercado azucarero como una buena oportunidad e incentiva a la región centroamericana a expandir sus producciones a estos cultivos. Sin embargo, no dicen las consecuencias que deja a las poblaciones el cultivar la azúcar amarga.
Según datos de una investigación de mercado ejecutado por la CentralAmericaData en Centroamérica, Guatemala y El Salvador son los países con mayor producción de azúcar y por ende los más afectados por las malas prácticas que implementa esta industria.
Los representantes de organizaciones sociales y ambientales que acompañaron, en conferencia de prensa, a líderesas y líderes comunitarios para denunciar la expansión descontrolada de cañales que ocupan cada vez más territorio y la extracción de agua, dejando a las comunidades en relegadas y sin el vital líquido.
Otra de las problemáticas denunciada son los riegos aéreos con agroquímicos tóxicos que ponen en riesgo la vida de las poblaciones colindantes. Según los denunciantes el aire hace que el veneno se extienda en las casas de habitación y en los cultivos o huertos caseros, lo que les esta provocando serios problemas de salud e intoxicación.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante, el cual lo aplican unos 20-25 días antes de la cosecha a través de medios aéreos.
Los incendios descontrolados por la quema de la caña también se han vuelto un riesgo para las poblaciones que viven en las comunidades aledañas a los cultivos, ya que lo único que separa las viviendas de las quemas de caña son unos cercos de alambre.
Durante el 2021 en los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua.
Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población, continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022 las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigen al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
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