En noviembre del 2021, la empresa Elevar Resources de Guatemala, presentó de manera sigilosa un Estudio de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas para operar en modalidad a cielo abierto la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Guatemala, a escasos 6 kilómetros de la frontera con El Salvador.     

Defensores ambientales han alertado que la mina es una amenaza grave que pone en peligro la vida, la salud, el medio ambiente y los derechos de las poblaciones de Guatemala y El Salvador, porque contaminaría la cuenca compartida del río Ostúa, lago de Guija y río Lempa, debido a las cantidades de metáles pesados (como el arsénico) y químicos (cianuro) que se liberan en el medio ambiente por la actividad minera.

En enero del 2017, la empresa canadiense Goldcorp anunció la venta de su proyecto minero Cerro Blanco a la empresa de capital de alto riesgo Bluestone Resources. Desde entonces, Bluestone ha logrado posicionar el proyecto efectivamente en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, alcanzando un capital de 94 millones de dólares canadienses para explotar la mina, según el último reporte financiero emitido por la empresa en septiembre del año 2020.

Goldcorp, inició trabajos de exploración para una mina subterránea desde el año 2005. Sin embargo, un Estudio de Impacto Ambiental, que fue denunciado por organizaciones sociales por ser aprobado de manera irregular, no previó la presencia de aguas termales en la zona, lo que hizo imposible la explotación.  

Hoy la amenaza de contaminación y afectaciones ambientales es mucho más grave. Bluestone pretende explotar la mina en modalidad cielo abierto, devastando el cerro y generando un cráter aproximado de 275 metros de profundidad. Ambientalistas argumentan que la empresa no ha presentado un mapa hidrológico de aguas termales de alto contenido de arsénico, que son el detonante de contaminación para las cuencas hidrológicas altas, medias y bajas que proveen de agua a las poblaciones de ambas naciones.

Bluestone Resources promociona la mina como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala y mantiene una campaña agresiva de engaño y compra de voluntades en las comunidades.

Según Julio González, defensor ambiental y miembro del Colectivo Madreselva, la empresa minera esta obligada a realizar una consulta pública con las comunidades para informarles sobre el impacto que genera la minería a cielo abierto. Pero en lugar de la consulta se montó una exposición donde se brindan regalos a las personas que asisten y en donde la empresa se compromete a realizar una que otra obra en beneficio de las comunidades.

Un comunicado emitido el 27 de noviembre por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), lanza un energíco mensaje que exige frenar la mina guatemalteca Cerro Blanco por considerarla una amenaza ambiental para el país, los obispos de la iglesia católica señalaron que los principales ríos de El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, como es el caso del río Lempa, que nace en el departamento guatemalteco de Chiquimula.   El 15 de diciembre, en una conferencia de prensa conjunta, organizaciones de Guatemala y El Salvador denunciaron en la Ciudad de Guatemala la falta de transparencia administrativa en la adjudicación de licencias a la empresa Bluestone. 

El proyecto Cerro Blanco, se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala - a 14 kilómetros de El Salvador, y opera a través de la subsidiaria Sociedad Entre Mares de Guatemala, S. A.

En el año 2004, la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para la exploración y explotación de oro al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM), y fue denegado en dos ocasiones debido a deficiencias técnicas. Pero, según denuncias de organizaciones ambientales, en el año 2007, el MEM otorgó un permiso de exploración por 25 años de forma irregular, violentando así normas de derecho administrativo de la República de Guatemala y poniendo en riesgo la salud de comunidades en Guatemala y El Salvador debido a los posibles impactos ambientales generados por la mina. 

Tanto el gobierno de Guatemala como el de El Salvador mantienen una política de persecución y hostigamiento a los defensores ambientales, de derechos humanos y organizaciones sociales, mientras facilitan el camino a empresas multinacionales para la explotación de los recursos naturales, sin priorizar las necesidades y derechos de poblaciones.

Asimismo, las instituciones de justicia mantienen un perfil bajo y alineado a la disposición de los gobiernos, es por esta razón que González manifiesta que “la justicia esta comprada, debemos hacer énfasis en el actuar de los ciudadanos para defender los derechos, ya no solo humanos sino constitucionales para detener esos impactos que son irreversibles”, consideró.

El ambientalista es firme cuando dice que se mantendrán vigilantes ante las anomalías de este nuevo Estudio de Impacto Ambiental y que no permitirán que se retomen las actividades mineras en el lugar. Asegura que acudirán a las instancias que sean necesarias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hace un llamado a las poblaciones y comunidades de ambos países a prestar atención y defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente, ya que estos daños que se ocasionarán en los recursos naturales y en las personas serán irreversibles.

González manifiesta que se ha librado una lucha de oposición de 14 años a este proyecto porque cualquier intervención minera es un impacto ambiental que destruye ecosistemas, genera desplazamiento de poblaciones y aumenta los niveles de arsénico y químicos que se utilizan en el proceso de explotación, lo que provoca enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal en las poblaciones.

Sin mayor análisis ni discusión y con la aprobación y apoyo de 65 votos los parlamentarios en El Salvador aprobaron la Ley General del Recurso Hídricos que a todas luces agrede los derechos humanos de las familias más vulnerables en el país.

La ley aprobada con los votos de los partidos Nuevas Ideas, PCN, PDC, GANA y Nuestro Tiempo, favorece a proyectos de carácter privado con la sobre explotación del bien público al conceder 15 años de permisos renovables para la extracción, a costa de la posible escasez que estos puedan generar en las comunidades.

Asimismo, condena a los sistemas comunitarios de agua los cuales funcionan sin fines de lucro, a pagar impuestos por el uso de los sistemas comunitarios que han sido gestionados por las mismas comunidades para auto abastecerse del vital líquido, ante la incapacidad del estado de hacerles llegar el servicio.

En El Salvador existen más de 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas que abastecen casi al 25% de la población salvadoreña; donde el estado se encuentra históricamente ausente, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades, con apoyo de las ONG y cooperación internacional.

La ley del agua abre las puertas para la explotación privada, incluso en aquellas áreas catalogadas como protegidas y establece en el artículo 71 de la ley, la autorización del uso del agua a sectores privados en cantidades iguales o mayores a 365,000 metros cúbicos de agua al año por 15 años renovables, sin un techo de uso ni estudio de impacto ambiental adecuado. El uso indiscriminado de estas grandes cantidades de agua socava el uso prioritario para el consumo humano doméstico, y genera condiciones para violaciones al derecho humano al agua de la población y en especial de poblaciones vulnerables.

La nueva ley, lejos de ordenar y dar respuesta la crisis hídrica que existe en el país, sigue obedeciendo el interés del presidente de la República de generar mayores posibilidades para grandes proyectos de carácter privado y extractivo, como la construcción y monocultivos, a expensas del interés público representado por los sistemas comunitarios de agua.

La Ley, tampoco desarrolla o promueve la gestión sustentable de cuencas a nivel nacional, ni toma medidas encaminadas a su protección y conservación y pesar que el Río Lempa, la reserva estratégica acuífera más importante del país y que se encuentra en crisis.  Según ambientalistas, la ley debería tener claro un Régimen de Administración Especial para el Río Lempa, y un Sistema de Planificación Hídrica que tome en cuenta las amenazas transfronterizas amenaza las principales cuencas del país.

Durante una conferencia de prensa las organizaciones sociales y ambientales aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, El Foro del Agua, La Mesa de Iglesias y la Universidad Centroamericana hicieron un llamado a la población salvadoreña a no dejarse engañar, ya que la ley del agua es una manipulación que deja a un lado 15 años de lucha por el derecho humano al agua y se enfoca únicamente en dar paso a la privatización del bien público.

Un grupo de diversas redes de organizaciones sociales y medio ambientales denunciaron sentirse preocupadas ante la amenaza de que el gobierno de El Salvador permita la reactivación de la actividad minera metálica en el país, lo que vendría a agravar la crisis hídrica, los niveles de contaminación ambiental y exponer la vida de las familias en las comunidades.

La posibilidad de que se reactive la minería metálica surge a raíz de las reuniones que ha sostenido representantes del gobierno con delegados del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros.

El Salvador mantiene, desde hace cuatro años, una ley que prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades, como resultado de la lucha de las organizaciones sociales y medio ambientales. Sin embargo, el gobierno salvadoreño actual se ha caracterizado por transgredir leyes, reglamentos, derechos constitucionales y humanos impulsando políticas inconsultas, lo que agudiza aún más la alerta en las comunidades y organizaciones sobre la posible reversión de la prohibición.

La explotación minera ha impuesto en varios países centroamericanos una situación de crisis que golpea a las familias de las comunidades más pobres y necesitadas. Para el caso en Guatemala la mina Cerro Blanco amenaza con realizar actividades a cielo abierto lo provocaría la devastación del cerro y la contaminación del recurso hídrico de Guatemala y El Salvador.

El gobierno de Guatemala permite desde el año 2014 la contaminación del lago Izabal debido a la actividad minera de la compañía minera de Guatemala Níquel co.

En Nicaragua, la extracción del oro está provocando luto y dolor a las familias indígenas en una situación cada vez más crítica por la pérdida de casi todas las tierras de cultivo, pesca, madera y caza con las cuales los indígenas subsisten.

En Honduras el gobierno mantiene castigados con cárcel, desde hace más de dos años, a ocho defensores ambientalistas del río Guapinol.

Las actividades de la minería metálica en Centroamérica generan conflictos ambientales y arrebatan la vida de defensores ambientalistas, crímenes que hasta hoy continúan impunes y que los gobiernos han preferido ignorar.

Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que luchan por la prohibición de la minería metálica siguen convencidos de que el país no esta preparado para una reversión de la ley de prohibición de la minería metálica, ya que las causas por las que se prohibió no han sido superadas y se pone en riesgo la vida.

Exigen al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir la ley que prohíbe la minería metálica y al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.

La práctica nociva de agrotóxicos en el cultivo de caña de azúcar pone en riesgo la vida de las personas en las comunidades centroamericanas, mediante la contaminación de los acuíferos y ríos que proveen de agua a las poblaciones.

Un estudio reciente de Alianza por la Solidaridad  reporta que en Centroamérica el “cultivo de caña de azúcar utiliza cuatro tipos de agroquímicos principales:  1) fertilizantes 2) herbicidas y fungicidas 3) inhibidores de flor 4) madurantes. Para sacarle el máximo rendimiento posible a las tierras y al agua utilizadas, las empresas azucareras recurren al consumo de estos agrotóxicos en cantidades cada vez más elevadas.”

 En El Salvador el uso indiscriminado plaguicidas, por décadas, ha provocado daños irreparables a la salud de la población, y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y fuentes de agua; superficiales y subterráneas que proveen a la población de agua.

Pese al peligro y a la amenaza de vida y salud de la población, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, permite el ingreso anual de más de $55 millones de agrotóxicos para su uso en la agricultura.

Es por ello que en el marco del día internacional contra los plaguicidas varias organizaciones sociales, ambientales y personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC), que viven en las comunidades afectadas se presentaron ante el Ministerio de Salud para demandar una política de atención que garantice de forma efectiva el derecho a la salud de las personas que sufren insuficiencia renal, debido a la exposición de agrotóxicos.

Asimismo, se demandó de la Asamblea Legislativa la prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país. Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013.

Las organizaciones sociales y ambientalistas en El Salvador han mantenido una campaña de denuncia denominada Azúcar Amarga, a través de la cual se busca visibilizar la problemática y los padecimientos que causan las prácticas de fumigación aérea y la quema de cañales que se realizan en este momento debido a la temporada de la zafra.

Situación similar se vive en el vecino país Guatemala, uno de los cuatro grandes exportadores a nivel mundial, la mayor parte de la población se ha visto desplazada a tierras menos fértiles, mientras unas pocas corporaciones se han hecho con la costa sur, la zona agrícola más rica del país, donde se cultivan extensas plantaciones azucareras, bananeras, de palma africana y de hule.

En el caso de Honduras Siete de los diez principales productos de exportación reciben tratamiento por plaguicidas, sobre todo es en las plantaciones de banano donde se usa la mayor cantidad de plaguicidas.

Los problemas ambientales que pasan en Nicaragua se repiten con variantes, en todos los países del centroamericanos,  y son la extensiva tala de bosques, el uso excesivo de pesticidas, la contaminación de las aguas, la erosión del suelo con la pérdida de fertilidad de la tierra, la urbanización masiva, son algunos de los efectos ambientales directos e indirectos que provoca el modelo económico agroexportador, preocupado únicamente por aumentar los beneficios de grupos minoritarios y empresas transnacionales e indiferente ante las consecuencias que a largo plazo esta forma de explotación pueda tener para la población y para el medio ambiente.

El gobierno de Nicaragua le sigue apostando a la destrucción ambiental causada por la industria minera, especialmente a la extracción del oro, pese a que está comprobado que esta industria no contribuye a la calidad de vida de la población y tiene sus mayores afectaciones en comunidades indígenas que son desplazados de sus territorios ancestrales.

La apuesta del gobierno divulgada a través de la Cámara Minera de Nicaragua, (CAMINIC), es incrementar las exportaciones de oro para el 2023 a 500 mil onzas, aún a costa del impacto ambiental y humano, priorizando las ganancias millonarias a las empresas mineras.

Para cumplir estas expectativas, este 2021 han iniciado operaciones en la Mina San Albino y dos planteles exclusivos para minería artesanal. Además, se espera que el próximo año comience a operar la Mina La India, la cual es conocida por la criminalizacion de la ferrea oposicion comunitaria al proyecto .

Una publicación reciente de la revista Divergentes, señala un área total de 71,000 kilómetros cuadrados destinada para concesiones mineras, lo que representa que el 60% del territorio nacional, ha sido clasificado como territorio de interés minero.

A la fecha los proyectos mineros activos se encuentran en el 11% del territorio. Este porcentaje va en aumentado desde 2017, cuando se aprobó la ley que creó la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), misma que dispuso 1.5 millones de hectáreas para concesiones mineras.

De principal interés es la empresa canadiense Calibre Mining que según Divegentes, concentra entre 64% y el 70% de la producción minera del país.

El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la mineria se ha extendido en el Caribe Norte, particularmente la región circundante, al área de amortiguamiento y la reserva de la biósfera Bosawas, donde el gobierno ha renovado al menos 21 concesiones, a un plazo de 25 años más para la explotación minera.

La Reserva de la Biosfera Bosawás es un territorio ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, rica en biodiversidad y poblada por comunidades indígenas mayangnas y miskitos. Esta region fue reconocida por el programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO en octubre de 1997 y ratificada por el Gobierno de Nicaragua en el 2001.

La extracción del oro causa ademas luto y dolor a las familias indígenas, el 23 de agosto de 2021, a 50 kilómetros de Bonanza ocurrió la masacre de doce miembros de las comunidades mayagna quienes fueron atacados por mineros artesanales que operan sin licencias eb la zona de Kiwakumbaih.

La situación se vuelve cada vez más crítica para las comunidades que son afectadas por la pérdida de sus tierras de la cuales subsisten para el cultivo, pesca, madera y caza.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), mantiene un registro de las violaciones y asesinatos sufridas por las comunidades indígenas nicaragüenses. 

En el 2011 se reportaron 61 indígenas asesinados producto de los conflictos de propiedad entre las comunidades indígenas y los colonos.

Del 2011 al 2020, se registra un incremento de violencia y sometimiento contra las comunidades indígenas, que dan como resultado más de un centenar de asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, 48 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena Mayangna, agresiones a dos niñas indígenas Mískitu menores de edad, por mencionar algunos.

Asimismo, se estima que, debido a la violencia, alrededor de 1000 personas indígenas Mískitu se encuentran actualmente desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas con Honduras.

Las comunidades y personas defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu se encuentran sometidas a constantes amenazas por parte de grupos de personas usurpadoras quienes incursionan en tierras indígenas con el objetivo de desplazar a la población de manera forzosa y ocupar sus tierras para llevar a cabo actividades ilegales de minería, siembra de marihuana, ganadería y tala de madera.

La política de desarrollo extractivista del gobierno nicaragüense fomenta la violencia a pesar de haber ratificado el Acuerdo de Escazú que compromete a los gobiernos de la región latinoamericana y el caribe a garantizar derechos ambientales como el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten sus territorios, el acceso a la justicia ambiental y garantías para defensores de derechos humanos.

Este año Nicaragua, junto a Honduras y Guatemala, aparecen en la lista de los cinco países más peligrosos para defensores ambientales en el mundo, según el reporte anual de la organización Global Witness.    

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