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Durante la madrugada del pasado miércoles 11 de enero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, miembros de la comunidad
Santa Marta, una repoblación integrada por exiliados y ex combatientes de la guerra civil, ubicada en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
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- Escrito por Roxana Corodoba
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LA RESISTENCIA LEGAL Y PACÍFICA DEL SOBERANO PUEBLO DE ASUNCIÓN MITA, QUE EJERCIÓ SU LIBRE DETERMINACION EN LA CONSULTA DE VECINOS REALIZADA EL PASADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DONDE 7,481 VOTOS EXPRESARON UN ROTUNDO NO A LA MINERÍA EN EL TERRITORIO DE ASUNCIÓN MITA, SUPERANDO EL 20 % DEL PADRÓN ELECTORAL, Y VALIDANDO LOS RESULTADOS QUE, DE ACUERDO A LA LEY Y EL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE, SON VINCULANTES PARA EL ALCALDE Y SU CONCEJO, QUIENES YA HAN RECONOCIDO Y PUBLICADO LOS RESULTADOS OFICIALES EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, EL 9 DE NOVIEMBREÍDE 2022, AMPARADOS EN LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL CÓDIGO MUNICIPAL Y LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR GUATEMALA.
La respuesta del gobierno y de la empresa minera ante estos resultados, ha sido la interposición de dos acciones legales: un amparo por un ex trabajador aliado de la mina, y una acción de inconstitucionalidad por parte de la empresa ELEVAR RESOURCES, buscando deslegitimar la consulta de vecinos, con la complicidad del presidente Alejandro Giammattei y sus ministros. Sin embargo, el día 29 de noviembre del 2022, fuimos notificados de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el caso del amparo interpuesto en el Juzgado de Jutiapa, la revocación del amparo provisional otorgado a favor del amparista minero, acción que devuelve credibilidad en espera de justicia, por esta razón estamos presentes para exigir justicia en defensa del derecho a la libre determinación y a la consulta libre, informada y previa.
EXPONEMOS:
- Que vemos con mucha indignación que la empresa minera canadiense BLUESTONE RESOURCES y su subsidiaria ELEVAR RESOURCES, con el apoyo del gobierno, ministros, Ministerio Público y la Cámara de Industria de Guatemala, pretenden impedir el reconocimiento de la Consulta Municipal de Vecinos, mediante Amparos y Acciones de Inconstitucionalidad espurias, actuando en contra de nuestros derechos constitucionales y humanos,
- Es vergonzoso ver que el ciudadano presidente Alejandro Giammattei y sus ministros, actúan como terceros interesados defendiendo los privilegios de una empresa extranjera, violadora de los derechos humanos. Ian Lundin, fundador y propietario de la empresa, actualmente está enfrentando ante la Corte Penal Internacional -CPI-, un proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos en Sudán, contra comunidades nativas que les impedían la instalación de un campo petrolero, contando con la complicidad del ejército de ese país.
- La Resistencia Miteca rechaza que los funcionarios que juran defender la Constitución y defender los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas, pongan los intereses de la empresa minera delincuente, por encima del bien común, el territorio, bienes naturales, el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad, que es el patrimonio de las futuras generaciones de mitecos.
- Rechazamos pública y rotundamente estas acciones, que pretenden hacer presión y manipulación de nuestras leyes para defender los intereses de una empresa, a la que han favorecido desde 2007, con la aprobación de un pésimo estudio de impacto ambiental; para lograr esto, tuvieron que despedir a profesionales dignos que lo habían rechazado dos veces, para que les pudieran dar la licencia de explotación, sin informar al pueblo y sin realizar la consulta social. Durante 15 años, este ha sido un proyecto fracasado, nunca extrajeron oro ni plata, solo han extraído grandes volúmenes de agua geo termal, con arsénico y metales pesados. Ante este fracaso, su anterior dueño, la minera Gold Corp, decidió venderlo, contando nuevamente con la complicidad del Ministerio de Energía y Minas que, incumpliendo la ley de Minería, no procedió a cancelar la licencia sino todo lo contrario, la mantuvieron vigente inventando que estaba en fase de mantenimiento, para que ahora, ya en propiedad de Bluestone Resources, mediante una reforma a la normativa ambiental, les pretenden actualizar un EIA que no sirvió, sin evaluar ni medir las graves consecuencias para las futuras generaciones y el patrimonio ambiental del pueblo de Asunción Mita, hasta ahí llega el egoísmo y la corrupción de la empresa minera y los traidores que demuestran el desprecio por el soberano pueblo de Asunción Mita.
POR LO TANTO, EXIGIMOS:
A LA EMBAJADA DE CANADÁ, tomar nota de nuestras denuncias, mismas que se harán llegar al encargado de negocios, al Defensor del Pueblo canadiense, y a los inversionistas de la empresa BLUESTONE RESOURCES y su subsidiaria ELEVAR RESOURCES, para que se enteren de las ilegalidades, corrupción y malas prácticas que esta empresa está cometiendo en contra de los derechos de la población de Asunción Mita, Jutiapa.
Solicitamos una investigación a fondo, por parte de autoridades y leyes canadienses, sobre el comportamiento en Guatemala de la empresa BLUESTONE RESOURCES y su subsidiaria ELEVAR RESOURCES, propiedad del holding de empresas de la familia Lundin, de Canadá, para establecer los agravios y violaciones a los derechos humanos de la población del municipio de Asunción Mita, y del hermano país de El Salvador, que también se verá afectado ante los impactos a la cuenca Ostúa-Guija-Lempa, que alimenta el principal río de El Salvador.
A los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y Corte de Constitucionalidad -CC- actuar en defensa de los derechos constitucionales y humanos de los guatemaltecos/as, respetando el derecho a la libre determinación y la consulta libre, previa e informada, así como atender las voces de expertos que han expresado opinión y recomiendan rechazar la actualización que daría paso a la minería a cielo abierto, que amenaza la vida, el agua y el ambiente; nuestra oposición no solo se fundamenta en leyes, también en principios técnicos y científicos, que apelando a la ética profesional, recomiendan la cancelación de esta licencia ambiental y de explotación, resaltando la negligencia e incumplimiento de deberes de la institucionalidad del Estado.
Al procurador de Derechos Humanos, exigimos su actuación como Defensor del Pueblo, fiscalizando las acciones y procesos legales, también el seguimiento a los agravios que constan en el expediente de Cerro Blanco, abierto en la PDH; así mismo, dar acompañamiento, conjuntamente con la PDDH de El Salvador, a las acciones binacionales en procuración de la defensa de los derechos humanos de los pueblos, y a la preservación de las aguas transfronterizas.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores, actuar conjuntamente con la cancillería del El Salvador, a efecto de urgir la regulación de las aguas compartidas, asegurando la protección de la cuenca Ostúa-Guija-Lempa, impidiendo la operación del proyecto minero Cerro Blanco, para garantizar su sostenibilidad ambiental y la relación armoniosa entre países hermanos.
Al Pueblo de Guatemala, a defender el derecho a la libre determinación, y consulta libre previa e informada, actuando en resistencia ante la imposición de proyectos y políticas que no están apegadas a Derecho, llamamos a la unidad y defensa de los bienes comunes.
RESISTENCIA PACIFICA EN DEFENSA DE LA CONSULTA MUNICIPAL DE VECINOS
Asunción Mita, 30 de noviembre 2022.
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- Escrito por Roxana Corodoba
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Este 18 de septiembre, delegaciones de El Salvador y varios países de la región centroamericana estarán acompañando a la población de Asunción Mita, Guatemala, como observadores internacionales en una Consulta de Vecinos que determinara si la población está de acuerdo con proyectos mineros en su territorio.
Asunción Mita es la sede del proyecto minero Cerro Blanco, el cual se encuentra ubicado en la cuenca Ostua-Guija-Lempa que es compartida por Guatemala y El Salvador.
En noviembre de 2021, Elevar Resources, subsidiaria de la empresa canadiense Bluestone Resources en Guatemala, presentó la actualización de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2007 solicitando al Ministerio del Medio Ambiente de Guatemala que autorice la conversión de una mina de túnel a una mina a cielo abierto.
Organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y El Salvador alertaron poco después que Bluestone Resources intenta manipular las leyes ambientales de Guatemala, ya que la magnitud de los cambios propuestos son demasiado extremos para ser considerados como una simple actualización: desde procesar 1.000 toneladas de material, hasta procesar 10.952 toneladas por día, desde extraer un total de 3,31 millones de toneladas de escombros de un túnel de 73,4 km hasta extraer 200 millones de toneladas de escombros de un cráter de hasta 370mt de profundidad y un radio de 1200mt.
Por más de 15 años, organizaciones sociales y ambientales y la población organizada de Asunción Mita han mantenido una campaña de denuncias ante la forma irregular en la que se han asignado las licencias de dicho proyecto y la falta de información sobre sus impactos ambientales y sociales, en particular la posible contaminación de la cuenca Ostua-Guija-Lempa que abastece de agua a más de tres millones de personas en El Salvador a través del río Lempa.
En un reporte financiero publicado en junio de 2022, la empresa Bluestone Resources, que busca explotar 3.1 millones de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata, califica la oposición contra su proyecto minero como “una oposición liderada por ONGs externas” y argumenta que estas no representan el sentir de las comunidades locales que apoyan a la mina.
Sin embargo, las denuncias han sido expresadas públicamente por muchas organizaciones sociales y ambientales de Guatemala y El Salvador, Autoridades Gubernamentales de El Salvador, la Conferencia Episcopal de El Salvador y la Conferencia Episcopal del Departamento de Jutiapa en Guatemala. Recientemente, los alcaldes de 26 municipios Honduras, Guatemala y El Salvador publicaron una declaración en la que reafirman que el gobierno de Guatemala está obligado a consultar con Honduras y El Salvador antes de permitir la minería en el área en virtud del Tratado trinacional del Plan Trifinio.
Contrario a lo que dice la empresa, también existe una oposición generalizada al proyecto a nivel local. El pasado mes de mayo, más de 4000 ciudadanos empadronados (casi el 20% de la población local votante) firmaron una petición la cual fue presentada al Consejo Municipal para exigir la realización de una Consulta de Vecinos sobre la presencia de proyectos mineros en el municipio.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del Código Municipal de Guatemala, ciudadanos de un municipio pueden peticionar a su gobierno local una consulta de vecinos para determinar si están de acuerdo con políticas que afecten sus territorios, incluyendo proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales. Para que la consulta sea vinculante, el 10% de ciudadanos empadronados en el registro electoral deber firmar la petición y al menos 20% deben participar en la consulta.
Ante la petición de la población, el concejo municipal de Asunción Mita, Jutiapa, realizo la convocatoria para la consulta ciudadana a través de un reglamento publicado en el Diario de Centroamérica, el cual establece que deberá realizarse el 18 de septiembre del año 2022. El reglamento también incluye, en su artículo 21, la posibilidad de que todas aquellas personas que representan a organizaciones nacionales e internacionales que deseen observar de cerca el proceso puedan participar y dar fe de su transparencia.
Como organizaciones interesadas en el futuro de proyectos mineros que puedan afectar El medio ambiente en El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Movimiento Eco feminista de El Salvador y la Alianza Centroamericana frente a la Minería anuncian que sumaran delegaciones a las docenas de observadores internacionales que participaran en la consulta.
Felicitamos a las organizaciones de la sociedad civil Iglesia Católica y el Consejo Municipal de Asunción Mita por llevar adelante este ejercicio cívico que permite la participación ciudadana en la formulación de políticas que afectan el interés público.
Creemos que las consultas populares son mecanismos importantes por medio de los cuales se fortalece la democracia y el estado de derecho ya que garantizan que los vecinos de los municipios se expresen con relación al uso, goce o disfrute de los bienes naturales que se encuentran dentro del territorio de su municipio.
San Salvador, 16 de septiembre de 2022
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- Escrito por Pedro Cabezas
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Estimad@s colegas,
El 15 de febrero de 2022, 138 organizaciones de la sociedad civil presentamos nuestra carta abierta “La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible” a la Comisión Europea. Poco tiempo después, el 23 de febrero, la Comisión por fin publicó el borrador para la directiva que pretende obligar a las empresas de la Unión Europea a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de valor para prevenir violaciones a los derechos humanos y a estándares medioambientales. La Comisión Europea respondió a nuestra carta sólo informando sobre la publicación de la propuesta, pero sin reaccionar a nuestras demandas específicas.
Muchas organizaciones acogieron con satisfacción la publicación de esta propuesta. Sin embargo, todavía contiene serias deficiencias que amenazan con reducir su impacto positivo para las personas afectadas por la explotación de seres humanos y la naturaleza en las cadenas de valor. Los aspectos más críticos son:
- Las empresas deben impedir impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor, pero sólo cuando se trata de “relaciones comerciales establecidas”. Esto va en contra de estándares internacionales como los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas y puede generar incentivos para empresas para eludir sus obligaciones. Las obligaciones deben ser aplicadas en toda la cadena de valor sin excepciones.
- El borrador abriría el acceso a personas afectadas de violaciones a los derechos humanos a tribunales en la Unión Europea, pero es problemático, entre otros asuntos, que la carga de prueba todavía recaiga sobre las y los demandantes y no sobre la empresa. Es necesario tomar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a las personas afectadas a los tribunales en la Unión Europea.
- El borrador no hace referencia a la protección urgente de las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que corren graves riesgos a la hora de criticar las prácticas de las empresas en las cadenas de valor. La Unión Europea tiene actuar para impedir la persecución y criminalización de las y los defensores que en muchos casos están relacionadas a relaciones comerciales de empresas europeas.
Lea toda la crítica de organizaciones de la sociedad civil en este documento.
Otra deficiencia importante es que la propuesta de la Comisión Europea no se refiera a los principios y derechos del Acuerdo de Escazú. En nuestra carta abierta expusimos que estos principios son claves para impedir la destrucción del medio ambiente y violaciones de los derechos humanos en la extracción de materias primas.
Los países de América Latina y el Caribe siguen avanzando en la implementación de este acuerdo. El pasado 22 de abril, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la adhesión de su país en una reunión en el marco de la Conferencia de Partes (COP1), donde los países signatarios también tomaron acuerdos para su implementación. Es por esa razón que nuestra carta abierta recomienda a la Comisión Europea la importancia del reconocimiento de los derechos ambientales.
En las próximas semanas, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea deben pronunciarse sobre el borrador de la Comisión. Después, el Parlamento, la Comisión y los Estados tienen que ponerse de acuerdo en el trilogo. A las organizaciones en países afectadas de manera negativa por las cadenas de valor de empresas europeas les invitamos a contactar a miembros del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, advirtiéndoles sobre la necesidad de apoyar al Acuerdo de Escazú y sus principios a través de la directiva. Abajo, pueden encontrar las direcciones electrónicas y un borrador para un correo electrónico a los miembros del Parlamente Europeo y a la Comisión Europea que pueden cambiar según los enfoques de su organización.
¡Es importante que las y los parlamentarios y la Comisión reciban correos de parte de organizaciones en los países donde se dan los impactos del modelo de producción y consumo de la Unión Europea!
Por favor copiar a Pedro Cabezas y Christian Wimberger (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).
Saludos cordiales,
Pedro Cabezas (CAFREMIN) y Christian Wimberger (Iniciativa Romero, Alemania)
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Propuesta para un correo electrónica a los miembros del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea
Direcciones electrónicas de miembros del Parlamento Europeo:
MEP Lara Wolters: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MEP Axel Voss: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MEP Adrian Váquez Lázara: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MEP Manon Aubry: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MEP Heidi Hautala: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MEP René Repasi: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MEP Barry Andrews: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Direcciones de la Comisión Europea:
Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Vice Presidenta Věra Jourová: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Comisionario Didier Reynders: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Comisionario Thierry Breton: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Estimada/estimado..
A través de la presente, le informo que como *organización* firmamos la carta abierta “La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible” porque en nuestro país las cadenas de valor de las empresas con sede en la Unión Europea causan graves violaciones a los derechos humanos y destruyen el medio ambiente.
(Agregar descripción más detallada)
Como firmantes de la carta, aplaudimos los avances reflejados en la propuesta de la Comisión Europea para la Directiva sobre la Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. Pero al mismo tiempo, nos preocupa que no haya mención sobre la importancia de los derechos mencionados en nuestra petición. El Acuerdo de Escazú y sus principios deben ser integrados en la lista de estándares internacionales que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritas en la regulación. Además, las empresas deben ser obligadas a involucrar a las personas afectadas en las cadenas de valor en sus procesos de debida diligencia.
Exhortamos a la Unión Europea a apoyar a los países del sur global en sus esfuerzos por proteger al medio ambiente y a los derechos humanos a través de la Directiva sobre la Debida Diligencia de Empresas en Materia de Sostenibilidad.
(Poner más detalles)
Por favor, comuníqueme si va a apoyar la aplicación de las demandas de la carta abierta y cómo lo hará.
Atentamente
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- Escrito por Acafremin
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Cada año, al concluir la zafra, la agroindustria azucarera anuncia, con aires de grandeza, un incremento en la producción de azúcar. La cosecha 2018 / 2019 mostró un incremento del 4.6% en relación al periodo anterior. De igual manera, la cosecha 2019 / 2020 cerró con un nuevo récord en el que se produjo un total de 17.9 millones de quintales de azúcar; en el periodo 2020 / 2021 fue de 17.04 millones y en la zafra 2021 / 2022, que concluyó el pasado mes de abril, se produjo 17.5 millones de quintales de azúcar.
Además, la última cosecha produjo 53.9 millones de galones de melaza, con lo cuál los productores de caña y especialmente los ingenios azucareros obtienen ganancias millonarias; no obstante, la bonanza económica de este sector, contrasta con la realidad de las poblaciones aledañas a los campos en los que se desarrolla el monocultivo y con la vida de las y los trabajadores en él.
Las comunidades que habitan en las regiones circundantes a los cañales, son poblaciones empobrecidas, en condición de vulnerabilidad a quienes se les transgrede el derecho a la salud, agua y medio ambiente sano, que han sufrido por largos años los graves impactos del monocultivo de la caña de azúcar a partir de quemas, aplicación de químicos tóxicos y la contaminación del suelo y agua.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante. Se aplica unos 20-25 días antes de la cosecha generalmente a través de medios aéreos que además son ineficientes.
Las malas prácticas mencionadas han sido denunciadas y algunas están prohibidas, pero se han mantenido generado, entre otros males, una epidemia de insuficiencia renal crónica. El padecimiento y las muertes por esta enfermedad aumentan en la proximidad a las zonas agrícolas donde se aplican los agroquímicos, especialmente en los cultivos de la caña de azúcar y la cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad va en aumento cada año. A pesar de la gravedad de este fenómeno, el Estado, por negligencia o incapacidad, no ha logrado decretar una prohibición de los agroquímicos.
Con respecto a la quema de los cañales, además de daños a la salud, tiene altos costos ambientales como el deterioro del suelo, la destrucción de biodiversidad, la alteración del microclima, la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Por otra parte, cultivar caña y producir azúcar requiere un elevado uso de agua.
La caña se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación, lo que agota los suministros de agua para los pequeños productores y comunidades locales. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua. Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos; sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población , continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022, las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigimos al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
¡¡Otra agricultura es posible, sin monocultivos, ni agroquímicos!!
Campaña Ciudadana “Azúcar Amarga”
San Salvador, 06 de mayo de 2022
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- Escrito por Acafremin
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Cada 22 de abril se celebra “el Dia Mundial de la Tierra” con el objetivo era crear una conciencia global sobre los problemas socio ambientales del planeta como la sobrepoblación, la contaminación, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático que ponen en riesgo la supervivencia de los seres humanos. Este es un día para reconocer a la Tierra como nuestra casa común, como la madre que nos da vida a través de una íntima interdependencia entre la naturaleza y los seres vivos que la habitamos.
En ningún país del continente americano es tan necesario reconocer esta interdependencia como en El Salvador: el estado con el territorio más pequeño, con la taza de densidad poblacional más alta, con limitadas reservas forestales, con la menor accesibilidad de agua per cápita en la región centroamericana y con mas del 90% de aguas superficiales contaminadas por la industria y la actividad humana. A esto se añade la vulnerabilidad territorial debido a la intensa actividad sísmica y a su ubicación en el corredor seco de Centroamérica, que lo convierte uno de los países más susceptibles a los embates del cambio climático.
Esta crisis ecológica que se agudiza cada día, se vuelve el trasfondo de una sociedad que aspira a vivir en un sistema político democrático basado en el estado de derecho, pero que vive en una crisis socio-económica crónica causada principalmente por las demandas de un sistema económico extractivo que requiere gobiernos dóciles a las demandas de las grandes corporaciones para transformar los recursos naturales en productos de consumo para el mercado global.
En ese sentido, ningún gobierno de la posguerra ha logrado generar el tipo de transformación estructural necesaria para que El Salvador pueda buscar la vía de la sustentabilidad ambiental que garantice la vida de las futuras generaciones. Sucesivos gobiernos, a partir de los acuerdos de paz de los 90s, han fallado en erradicar los problemas de corrupción, pandillas, inmigración, pobreza, y la progresiva degradación ambiental del país. Tampoco han logrado implementar un estado de derecho con instituciones públicas independientes que respondan principalmente a los intereses de la ciudadanía.
Por su parte el gobierno actual ha retornado a las prácticas antidemocráticas del pasado: instrumentalizando a las instituciones castrenses que regularmente toman acciones para restringir los derechos de la población, desmantelando la frágil institucionalidad democrática del país, atacando a la libertad de prensa y la libertad de organización e implementando medidas económicas que han resultado en un mayor endeudamiento del país y un mayor despojo de nuestros recursos naturales.
Minería transfronteriza una amenaza inminente para el país
Una de las amenazas más inmediatas a la sobrevivencia de nuestro medio ambiente es la contaminación que podría ser causada por la minería transfronteriza. A pesar que la minería metálica esta prohibida a nivel nacional desde abril del 2017, en las zonas transfronterizas de Honduras y Guatemala existen más de 50 áreas de interés minero que podrían desarrollarse y contaminar las principales fuentes de agua para los salvadoreños.
El proyecto más avanzado que amenaza con contaminar la cuenca del rio Lempa que abastece de agua a dos terceras partes de la población del Gran San Salvador es la mina Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestone Resources.
El pasado 21 de diciembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
En esa ocasión, las comunidades organizadas y organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de manipular las leyes ambientales de Guatemala para evitar realizar todo el debido proceso que implica, entre otras cosas, la realización de una consulta amplia en las comunidades que se verían directamente afectadas por este cambio.
La magnitud de los cambios propuestos por la empresa es extrema: desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas y polvos que son dañinos para la salud. Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, hemos expresado nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial por parde de las autoridades. En Salvador también hemos denunciado la falta de iniciativa por parte del gobierno para retomar con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
Este Dia de la Tierra reunidos en el lago de guija para protestar los impactos de la Mina Cerro Blanco, instamos a las autoridades gubernamentales de el salvador y Guatemala a reflexionar sobre la necesidad de transformar la relación que nuestras sociedades tienen con su entorno natural y la necesidad de implementar leyes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades económicas extractivas que destruyen nuestro medioambiente, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas y el derecho de las comunidades a decir no a proyectos de muerte.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
¡El agua es vida, fuera empresas mineras de nuestras fronteras!
San Salvador, 22 de abril de 2022
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- Escrito por Acafremin
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138 organizaciones de 33 países piden en una carta abierta una legislación sólida sobre la cadena de suministro de la Unión Europea.
En una carta abierta, 138 organizaciones de 33 países piden a la Comisión Europea que imponga a las empresas fuertes obligaciones en materia de protección del medio ambiente y los derechos humanos en la ley de la cadena de suministro de la UE, con el fin de combatir las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente causadas por la minería y la agroindustria en el Sur Global.
Las organizaciones piden que los derechos de participación ambiental contenidos en el Acuerdo de Escazú, vigente en Latinoamérica y el Caribe, se incluyan como norma obligatoria en la Ley de la Cadena de Suministro europea.
Lea la carta abierta a la Comisión Europea aquí.
La ley de la cadena de suministro de la UE debe repercutir en la extracción de materias primas
La Comisión Europea está elaborando un reglamento para la UE que obligaría a las empresas a evitar las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en sus cadenas de suministro mundiales. El año pasado, el Bundestag (Parlamento Federal Alemán) aprobó una ley sobre la cadena de suministro para las empresas alemanas, lo cual supone un primer paso importante en materia de empresas y derechos humanos. Sin embargo, esta contiene numerosas deficiencias, por ejemplo, establece obligaciones débiles para las empresas de la cadena de suministro más profunda. En el caso de los proveedores indirectos, empresas que extraen materias primas, por ejemplo, no tienen que aplicar medidas de debida diligencia de forma sistemática, sino solo de forma puntual.
"La minería y la agroindustria suelen ser los sectores donde se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley de la cadena de suministro de la UE debe agotar todas las medidas para proteger a las personas afectadas. Entre ellas se encuentran: Obligaciones de diligencia debida a lo largo de toda la cadena de suministro, fuertes obligaciones de protección del medio ambiente y el derecho de acción civil para los afectados", exige Christian Wimberger, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la Iniciativa Cristiana Romero (CIR).
Hay que prevenir la violencia en la minería
Muchas de las organizaciones firmantes de los países de América Latina y otras regiones del Sur Global conocen de primera mano los efectos de la producción de materias primas. En el caso de los proyectos mineros y los monocultivos, se destruyen ecosistemas enteros y se priva a las personas de sus medios de vida. Si se resisten, a menudo son reprimidos por las autoridades estatales o incluso asesinados por grupos criminales.
La agresividad con la que se satisface la demanda de materias primas de la industria se puso de manifiesto en el conflicto por una mina de níquel en el departamento guatemalteco de El Estor, a finales de 2021. Cuando las comunidades indígenas bloquearon una carretera de acceso en protesta por los graves impactos ambientales de la explotación minera, el gobierno declaro un estado de emergencia parcial que permitió que cuerpos militares reprimieran las manifestaciones con violencia. En los últimos años, varios opositores al proyecto minero, dirigido por la empresa ruso-suiza Solway Investments, han sido asesinados.
"A pesar de que el Tribunal Constitucional ha anulado la licencia minera, la empresa simplemente sigue operando. Las comunidades afectadas se quejan de la intensidad de la minería y de la contaminación que provoca. Representantes del pueblo originario Q'eqchi' están detenidos por resistirse. Al imponer el estado de excepción, el gobierno está restringiendo derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de circulación. Pedimos a la Unión Europea que garantice la salvaguarda de los derechos de las comunidades q'eqchi´ y que envíe una misión de observación a la región", exige la organización guatemalteca Colectivo Madre Selva.
La UE importa grandes cantidades de materias primas
Desde hace años, Guatemala exporta a Grecia níquel que se utiliza en el acero y en las baterías de los coches eléctricos. Los países de la UE, sobre todo Alemania, importan enormes cantidades de materias primas: desde materias primas agrícolas como el aceite de palma y el azúcar hasta minerales como el litio, el cobre y el cobalto. Por tanto, las empresas europeas deben ser obligadas a luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro.
"Con la implementación de los derechos ambientales en la Ley de la Cadena de Suministro de la UE, ésta tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir por fin la desigualdad y la violencia que históricamente ha caracterizado la extracción de materias primas para sus empresas", afirma Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana contra la Minería en Centroamérica (ACAFREMIN).
La importancia del Acuerdo de Escazú
Las organizaciones firmantes consideran que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe en 2021, es una herramienta importante para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro. El innovador acuerdo establece los siguientes derechos para los afectados:
- acceso a la información medioambiental
- participación en los procesos de toma de decisiones sobre intervenciones medioambientales
- acceso a la justicia
- la protección de los defensores de los derechos humanos
Las 138 organizaciones piden a la Unión Europea que añada el acuerdo y sus principios a la lista de normas internacionales que deben cumplir las empresas en sus actividades de debida diligencia.
Para mayor informacion:
- Pedro Cabezas, ACAFREMIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Christian Winberger, Christliche Initiative Romero (CIR): Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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- Escrito por Acafremin
- Categoría: Comunicados
A nivel nacional entre las problemáticas más sentidas por causa del monocultivo de caña de azúcar son las quemas de los cultivos para la zafra. Las afectaciones en las comunidades son diversas y van desde enfermedades respiratorias producto del humo, incendios forestales en bosques y áreas naturales protegidas cercanas al monocultivo de caña, muerte de fauna silvestre por el fuego, afectación de cultivos de alimentos, y generación de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Es urgente que el Estado salvadoreño actúe.
Las quemas son realizadas por los productores de caña de azúcar, violentando el articulo 262 A del Código Penal que prohíbe la quema de cualquier cultivo. Ante esta ilegalidad, evidenciada y constantemente denunciada por las comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, la agroindustria azucarera afirma que no son responsables de los siniestros, si no que es obra de mano criminal. Se trata de un absurdo y una mentira si se cae en cuenta que estos hechos de quema, siempre coinciden con el tiempo de la zafra.
Las quemas de cultivo están vinculadas a los incendios forestales. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados.
Sin embargo, el accionar de las autoridades siempre es reactivo, no se ve una gestión preventiva como podría ser la aplicación efectiva de la ley y la vigilancia oportuna para evitar la quema de cultivos, especialmente de caña de azúcar.
Por estas razones, las comunidades afectadas y las organizaciones que impulsamos la campaña Azúcar Amarga, exigimos al Estado salvadoreño, particularmente al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, con sentido de urgencia:
1. Al MARN: Que asuma un rol activo y protagonista en un esfuerzo para prohibir explícitamente la quema en los cultivos de caña de azúcar. Se trata de una práctica agrícola dañina para las personas y la naturaleza.
2. A la FGR: Que investigue de oficio y proceda judicialmente contra los responsables de los incendios forestales y las quemas en los campos de caña de azúcar.
3. A la PDDH: Que retome su rumbo en el sentido de acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos, como lo que está pasando con las comunidades afectadas por el monocultivo de caña de azúcar.
San Salvador, 16 de febrero de 2022.
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