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La importancia del Acuerdo de Escazú para la regulación europea sobre debida diligencia en cadenas de suministro

Estimada Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen,

Estimada Vice-Presidenta Věra Jourová,

Estimado Comisario Didier Reynders,

Estimado Comisario Thierry Breton,

La Unión Europea está actualmente elaborando una regulación europea de los deberes de las empresas para cadenas de suministro responsables, ésta pretende obligar a las empresas europeas a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales, analizando los riesgos y llevando a cabo medidas para prevenir y reparar violaciones a los derechos humanos y estándares medioambientales. Las organizaciones abajo firmantes creemos que esta medida puede ser una oportunidad importante para contribuir a evitar graves impactos que se dan en la producción de materias primas para el mercado europeo. Para lograr esto, es necesario que la regulación que se aplique a la cadena de suministro introduzca responsabilidad civil y que sea vigente para las grandes empresas. En materia de derechos, el Acuerdo de Escazú da una pauta para la aplicación de la regulación a los sectores minero y agroindustrial. Por lo tanto, exhortamos a la Unión Europea a incluir los principios de este acuerdo importante en la regulación.

La extracción de minerales como litio, cobre, oro o níquel así como los grandes monocultivos agroindustriales contribuyen enormemente a la destrucción de la biodiversidad en América Latina. Como consecuencia, muchas comunidades rurales e indígenas están perdiendo sus medios de subsistencia de manera acelerada. Además, estos megaproyectos causan conflictos sociales y graves violaciones a los derechos humanos. La organización Global Witness advierte cada año que una gran cantidad de personas defensoras de la tierra son asesinadas a raíz de conflictos relacionados a estos proyectos y Latinoamérica se perfila como una de las regiones con más asesinatos per cápita. En muchos casos, las empresas establecen proyectos extractivos y de monocultivos con el apoyo de redes de corrupción gubernamental y sin consultar debidamente a las poblaciones afectadas. Cuando las comunidades afectadas protestan contra estos proyectos, éstas son reprimidas violentamente por cuerpos de seguridad y criminalizadas por órganos del sistema judicial. Como organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos en estas comunidades, conocemos muy bien el dolor humano que estos conflictos generan.

La Unión Europea es uno de los consumidores más grandes de estos materiales. Por lo tanto, como organizaciones ambientales y de derechos humanos tenemos claro que la Unión Europea tiene la responsabilidad de mitigar estos impactos, promoviendo patrones de producción y consumo responsable y obligando a las empresas a cumplir con la debida diligencia medioambiental y de derechos humanos.

Es particularmente importante que la regulación se refiera y apoye a convenios internacionales que buscan alcanzar estos objetivos. Uno de estos instrumentos más innovadores es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en América Latina y el Caribe en abril de 2021 y tiene como objetivo garantizar el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, fortaleciendo el ejercicio a los derechos de comunidades involucradas en conflictos medioambientales. Actualmente el convenio ha sido ratificado ya por 12 países y tiene a su base en cuatro pilares centrales:

  • el acceso a la información ambiental
  • la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
  • el acceso a la justicia en asuntos ambientales
  • la protección de personas defensoras de derechos humanos

Consideramos estos principios claves para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro y la producción de materias primas no sólo en América Latina y el Caribe, sino en todos los países donde hay sectores extractivos operando. Los principios y disposiciones que establece el Acuerdo de Escazú deben ser integrados en las obligaciones que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritos en la regulación.

El cumplimiento de estos estándares deben ser condiciones mínimas para que empresas europeas establezcan relaciones comerciales con empresas locales que operan minas, monocultivos, hidroeléctricas y otros megaproyectos. De esa manera, la Unión Europea apoyaría a los países latinoamericanos en sus intentos de construir sistemas económicos más sostenibles y sociedades más democráticas. Finalmente, una referencia al Acuerdo de Escazú estaría en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Convención de Aarhus.

Atentamente

FIRMA LA CARTA AQUI

 ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

  1. Alianza Centroamericana Frente a la Mineria (ACAFREMIN)
  2. Iniciativa Cristiana Romero
  3. Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazu-El Salvador

 

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El día 21 de diciembre del presente año, la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa en un madrugón aprobó la Ley General de Recursos Hídricos. Ante ello, el Foro del Agua, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa de las Iglesias y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señalamos sobre dicha Ley: 

La Ley continúa perjudicando a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas. Esta mantiene el espíritu con que fue presentada en junio pasado por el presidente de la República, es decir una Ley que profundiza la injusticia hídrica. Entre los mecanismos que generan esta injusticia es el cobro del canon a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas y que el uso para el abastecimiento de poblaciones no se considera como prioritario.

En El Salvador existen más de 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas que abastecen casi al 25% de la población salvadoreña; esta es una obligación del Estado que históricamente ha sido abandonada, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades, con apoyo de las ONG y cooperación internacional.

Si bien la Ley reconoce de manera nominal a las Juntas, no se crea la figura del Permiso de Abastecimiento de Poblaciones Rurales y Urbanas, por medio del cual se pretendía que, en virtud de la función social sin finalidad lucrativa de las Juntas de Agua, la extracción del agua por parte de estas estuviera exento del canon. En consecuencia, al no incorporar esta figura, las Juntas estarán obligadas al pago del canon, lo que podría generar un incremento en las tarifas de las personas de estos sistemas comunitarios, siendo las personas más empobrecidas del país.

Si bien la Ley regula como uso prioritario el uso doméstico y el uso para consumo humano, no incluye el uso para abastecimientos de poblaciones. Los dos primeros son para satisfacer las necesidades básicas familiares de ingesta, aseo personal, limpieza, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad comercial o lucrativa; mientras que, el uso de abastecimiento de poblaciones es el uso colectivo y sin fines de lucro para abastecer de determinada cantidad y calidad a las comunidades. En este último entran las Juntas de Agua. En consecuencia, al no incorporar el uso de abastecimiento de poblaciones como prioritario en el artículo 63 de la Ley, esto generaría que, por ejemplo, en un conflicto entre el abastecimiento de poblaciones y uso industrial, se corra el peligro que se priorice en el industrial. 

No resuelve la injusticia que generan los Convenios suscritos por ANDA y empresas constructoras. Otro de los mecanismos que genera injusticia hídrica, y favorece el robo y despojo son los convenios entre ANDA y las oligarquías de la industria de la construcción. Este Gobierno continúa suscribiendo convenios entre ANDA y las oligarquías de la construcción, mediante los cuales les entrega agua en concesión para el abastecimiento de sus proyectos urbanísticos, generando con ello escasez en poblaciones empobrecidas; como casos duros de estas prácticas tenemos los Convenios suscritos por ANDA con la Familia Dueñas y

la Familia Poma mediante los cuales asigna inconstitucionalmente más de 25 millones de litros de agua al día. Con esta agua ANDA podría abastecer a medio millones de personas, terminando con el desabastecimiento y la injustica en municipios empobrecidos de Apopa, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango y San Martín.

Esta Ley no resuelve estas injusticias, porque en el contenido de esta no se determina que la ANDA estará obligada en transparentar ante la ASA los convenios vigentes de cooperación con empresas constructoras, tomando en cuenta que la ASA debería ser la encargada de revisar dichos permisos y la competente en tramitar nuevas autorizaciones para el aprovechamiento de conformidad al procedimiento respectivo; además, en el orden prioritario para el uso y aprovechamiento del agua, los grandes proyectos urbanísticos, por su finalidad lucrativa, deben estar al mismo nivel que el uso industrial y comercial, esto se debería establecer expresamente en el cuerpo normativo para que no se priorice el abastecimiento de estos proyectos como uso para necesidades primarias, como se ha hecho hasta la fecha.

Tampoco resuelve la injusticia que se genera en el territorio marino costero del país. La explotación ilegal que realiza la agroindustria azucarera en la zona costera, quienes se escudan en la debilidad estructural que enfrenta el MAG para regular el uso del agua para riego agrícola, causa que la oligarquía azucarera (encabezada por la Familia Regalado) pueda usar libremente toda el agua superficial y subterránea de los territorios costeros, teniendo o no permisos y pagando una miseria por el uso del agua. Sin embargo, esta Ley no busca el fortalecimiento de la institucionalidad y el MAG.

Niega la participación ciudadana. Esta Ley crea una institucionalidad burocrática, vertical y centralizada porque sigue negando la participación ciudadana al no reconocer los Comités de Cuencas.

Esta Ley es genérica al no tratar de resolver la situación de crisis en el país. No desarrolla una gestión sustentable de cuencas a nivel nacional, ni medidas encaminadas a su protección y conservación y pesar que el Río Lempa es la reserva estratégica acuífera más importante del país y que se encuentra en crisis, esta no otorga un Régimen de Administración Especial para este Río; y no aborda con detalle el Sistema de Planificación Hídrica, ni las amenazas transfronterizas que pueden impactar en la cuenca de este río.

Es una ley que privatizara el agua en El Salvador. Según el Art. 71 de la ley, la ASA autorizará el uso del agua a sectores privados en cantidades iguales o mayores a 365,000 metros cúbicos de agua al año por 15 años renovables lo que implicaría que estas grandes cantidades de agua no estarían disponibles para usos prioritarios como el consumo humano doméstico, violentando el derecho humano al agua de la población y en especial de los más pobres y vulnerables.

Como organizaciones sociales continuaremos en la exigencia de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad y el derecho humano a la población, por encima de los intereses de cualquier grupo oligárquico del país.

                                                                                                                                              San Salvador, 22 de diciembre de 2021.

¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!

¡El agua es un derecho, no una mercancía!

LOGOS COMUNICADO

COMUNICADO

PROYECTO CERRO BLANCO EN ASUNCIÓN MITA, GUATEMALA ES TÓXICO PARA EL MEDIO AMBIENTE, LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD 

Desde el año 2007, hace 14 años ENTREMARES S.A. obtuvo la licencia de explotación del proyecto minero Cerro Blanco, gracias a los favores recibidos de parte del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que le aprobó un pésimo estudio de impacto ambiental, a pesar de que el equipo de Gestión ambiental del Ministerio, lo rechazo en dos ocasiones por las inconsistencias y falta de información donde aseguraban que no habría impactos al ambiente y a la población.

14 años después se han acumulado una serie de impactos que ponen en riesgo el agua, el ambiente, y la salud de los habitantes de Asunción Mita. El daño alcanza también a la población salvadoreña al contaminar la cuenca media del Rio Lempa lo que afectaría a más de 6 millones de salvadoreños.

Las ilegalidades y abusos cometidos por Entremares S.A. y su fracasado proyecto minero Cerro Blanco, nunca pudieron extraer un gramo de oro, por causa del pésimo Estudio de Impacto Ambiental, que le fue aprobado fraudulentamente por el Ministerio de Ambiente, para que el Ministerio de Energía y Minas les aprobara la licencia de explotación minera, y protegiera los intereses de un proyecto fracasado durante 14 años.

Luego Entremares S.A. se asoció con Gold Corp, empresa canadiense que al darse cuenta de que el proyecto minero era un fracaso anuncio en 2013 que vendería sus acciones, Así Entremares S.A. se quedó solamente protegido por el MEM que les mantuvo vigente la licencia de explotación inventando que la  mina estaba en fase de mantenimiento, situación no prevista en la ley de Minería, a pesar de que el MEM debió haber cancelado esta licencia en 2010, pues la ley de Minería ordena que si la empresa en 2 años no ha extraído material y no ha tributado al Estado, debe ser cancelada y cerrada, pues lo único que ha extraído Cerro blanco durante 14 años es un gran volumen de agua termal, rica en arsénico y otros metales, causando graves impactos sociales y ambientales en el territorio de Asunción Mita. 

Ahora ENTREMARES S.A. aprovechando que el Ministerio de Energía y Minas incumplió la ley y sus deberes al no cancelarles la licencia de explotación, les dio tiempo necesario para que la empresa Gold Corp pudiera vender  los  derechos mineros a una empresa canadiense BLUESTONE RESOURCES, que pretende continuar con el Proyecto Cerro Blanco cambiando la metodología de minería subterránea de túneles, por una minería a cielo abierto o tajo abierto, que es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irremediables e irreversibles.

La mina cerro blanco no solo no fue aprobada legalmente, sino que además incumplió con la ley en 2007, al no informar ni consultar debidamente a los vecinos de Asunción Mita sobre los graves impactos a la vida, al agua, a la salud y al ambiente y tampoco dimensiono los impactos más allá de la frontera pues la contaminación se extenderá hacia la cuenca baja del río lempa afectando a millones de salvadoreños. No podemos permitir que se repita la violación continuada del derecho a la información y consulta a los vecinos.

 La mina Cerro Blanco en 14 años de fracaso, ha causado la contaminación de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador, también ha contribuido al secamiento de fuentes de agua como es el caso de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo la humedad de la capa freática y obligando a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua, con una minería a tajo abierto, se desequilibran las aguas termales y contaminaran las aguas subterráneas, los pozos se secaran y las aldeas cercanas no podrán acceder al agua, lo que causaría daños a la agricultura y principalmente a la salud de las personas.

La Nueva empresa que recién se cambió el nombre de Entremares S.A. a ELEVAR RESOURCES está tratando de comprar la voluntad de las comunidades cercanas, con ofrecimientos de carreteras, pintura de escuelas, ofreciendo trabajo igual como hizo en 2007 y después al fracasar su proyecto,  despidió a la gente de las aldeas incumpliendo sus promesas, muchos trabajaron sin prestaciones laborales, otros tuvieron accidentes y fueron despedidos sin atención médica, ahora esos trabajos técnicos son para otros que no son de las comunidades.

BLUESTONE RESOURCES, aun no cuenta con la licencia ambiental y el Ministerio de ambiente no les ha exigido como nuevos dueños la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, como corresponde sino que lo presentan como una actualización del pésimo y fracasado estudio que nunca les permitió trabajar, lo cual pone en riesgo el patrimonio y la vida de las personas de Asunción Mita, Jutiapa, esto sería un acto criminal pues no han informado debidamente a la población y a sus autoridades para reflexionar y enterarse de los peligrosos impactos que trae la minería a cielo abierto para el presente y futuro del municipio, lo que amerita en base a nuestras leyes y al Código Municipal vigente que los vecinos decidan libremente y a conciencia si están de acuerdo o no con este proyecto que pone en grave peligro la vida, el agua, el territorio, la Biodiversidad, la salud y el futuro de las nuevas generaciones de Asunción Mita y El Salvador.

La empresa pretende con ofrecimientos de proyectos, becas y trabajos disfrazar una verdadera consulta y simular que se consultó debidamente a los vecinos, si la gente no está informada ni conoce verdaderamente los graves daños a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a la vida de las personas, no está en condiciones de ejercer su libre determinación, por lo que se hace necesaria y urgente la realización de una consulta de vecinos, para informar y consultar debidamente a todos los habitantes de Asunción Mita, fundamentada la Constitución Política de la República y en el Código Municipal vigente.

La empresa ELEVAR RESOURCES pretende llevarse 2,400,000 onzas de Oro, a $ 1,804.09 dólares la onza. Que equivale a un total de $ 4,329,816,000.00 más 10 millones de onzas de plata que equivalen a $ 220,000,000.00 que sería su ganancia real, mientras el Estado percibiría en 10 años en impuestos y regalías apenas Q. 25,000.000.00 y a la Población de Asunción Mita solamente le quedaran, el ambiente degradado, tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de Mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, y un conflicto binacional con El Salvador por dañar las aguas compartidas, además de los daños a la salud a la población de Asunción Mita y El Salvador por riesgo de padecimientos como el Hidroarsenisismo Crónico Regional Endémico -HACRE- y otras enfermedades asociadas a la minería, enfermedades de la piel, renales y cáncer, así que debemos decidir y valorar que, si bien EL ORO TIENE PRECIO, LA VIDA NO.

Ante esta situación

Llamamos a la población de Asunción Mita, a rechazar esta maniobra de la empresa BLUESTONE RESOURCES – ELEVAR RESOURCES que pretende engañar otra vez a las comunidades y presentarse como una empresa nueva, pero que sigue con las mismas ilegalidades, engaños y violaciones de derechos heredados de la empresa delincuente Entremares S.A. Así los ofrecimientos de proyectos, abono, dinero, becas y trabajos, lo presentaran como una encuesta, como una consulta de aprobación de un proyecto que aún no cuenta con las licencias respectivas, ante esto se debe respetar el derecho a información y consulta y los Derechos Humanos de los pueblos de Guatemala y El Salvador.

Los guatemaltecos, salvadoreños y vecinos conscientes de Asunción Mita, exigimos la no aprobación de la licencia ambiental y el cierre definitivo del fracasado proyecto minero Cerro Blanco, que sigue vivo gracias a la corrupción de funcionarios negligentes que son los responsables de haber permitido la contaminación del municipio de Asunción Mita y la cuenca del Rio Ostúa, El lago de Guija, y el Rio Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y millones de hermanos salvadoreños.

NO AL PROYECTO MINERO CERRO BLANCO, SI AL AGUA Y A LA VIDA DE LOS PUEBLOS.

  • SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE ASUNCIÓN MITA Y EL SALVADOR,
  • COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN, PROVINCIA FRANCISCANA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE C.A.P. Y LA MISION DE LA SANTA CRUZ EN HAITI.
  • COLECTIVO MADRESELVA
  • ALIANZA CENTROAMERICANA FRENTE A LA MINERÍA -ACAFREMIN-

 

                                                                                                                                                  Guatemala 15 de diciembre de 2021.

 

  

 

 DENUNCIA

Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años.  A esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.

En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de esta institución “los    objetivos  del  Foro  son  mejorar  y    promover  la  aportación del  sector  de  la minería,  los  minerales y  los  metales  al  desarrollo  sostenible  y  a  la reducción  de  la  pobreza”. 

Algunos representantes de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones gubernamentales como  los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías, FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la viabilidad de la explotación de  canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y medioambientales”.

De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros”[1].  En otras palabras es la empresa que se encarga de cambiar los espejitos por    1perlitas de oro.

De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.

En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.

Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica  se sigue agudizando día con día.

En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la minería metálica,  hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.

De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.

Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.   

San Salvador 16 de diciembre de 2021

Ver nota: https://marn.gob.sv/el-salvador-recibe-a-especialistas-del-foro-intergubernamental-sobre-mineria-minerales-metales-y-desarrollo-sostenible/

LOGOS

POSICIONAMIENTO

En el marco del día internacional contra los plaguicidas, personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC) aglutinados en la Campaña Azúcar Amarga piden estrategia nacional para mitigar el aumento de muertes vinculadas a la actividad cañera

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional Contra los Plaguicidas, para no olvidar la tragedia de Bhopal, India.  Donde más 25.000 personas han perdido la vida y otras 500.000 han sido afectadas, como resultado de una fuga de gas tóxico, en una fábrica de plaguicidas propiedad de la empresa estadounidense Union Carbide.

En El Salvador, el uso indiscriminado plaguicidas, por décadas, ha provocado daños irreparables a la salud de la población, y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y fuentes de agua; superficiales y subterráneas que proveen a la población de agua.  Sin embargo, según el MAG, más de $55 millones de dólares en agro tóxicos son importados al país cada año.

En febrero, representantes de comunidades afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar presentamos una carta al Ministro de Salud, Francisco Alabi, explicando que en nuestras comunidades existe una alarmante epidemia, debido a la prevalencia de la enfermedad renal crónica - ERC.

Datos del Ministerio de Salud, confirman que la mayoría de los pacientes diagnosticados por la ERC están asociados a factores tóxico-ambientales y ocupacionales-agrícolas, vinculando esta epidemia sanitaria a la exposición a pesticidas, fertilizantes y otros productos nocivos para la salud. Los mismos datos reportan que 9,908 personas murieron entre 2009 y 2018 a causa de la ERC. Representando en 2016, la 3ra causa de mortalidad general del país; la 1ra causa de mortalidad en hombres y la 5ta causa de la mortalidad hospitalaria en las mujeres.

En septiembre de 2013, por exigencia de distintas organizaciones sociales, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 473, que reformaba la ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario, para establecer la prohibición del registro, importación, fabricación, comercialización, distribución, uso y manejo de 53 compuestos activos de agroquímicos tóxicos. Sin embargo, el exjefe de gobierno, Mauricio Funes, no sancionó el Decreto y lo regresó a la Asamblea, con observaciones. Es de lamentar que ninguna de las siguientes legislaturas, incluyendo la actual, ha retomado este tema, a pesar de la evidente gravedad.

Ante este panorama, las personas de comunidades que están gravemente afectadas por el aumento de casos de insuficiencia renal acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, aglutinados en la Campaña Azúcar Amarga, resaltamos nuestra preocupación por la falta de atención estatal, en materia de salud, ambiental y social, y por la ausencia de una política pública que aborde adecuadamente las causas y consecuencias de esta emergencia sanitaria.

Por el contrario, el gobierno sigue otorgando permisos para la expansión de monocultivos de caña de azúcar, que además de aplicar pesticidas de manera indiscriminada, utiliza practicas letales como: el uso de indiscriminado del agua; plantaciones en terrenos que se encuentran a escasos metros de comunidades rurales, fumigación aérea y quema de caña sin tomar en cuenta zonas de amortiguamiento necesarias para prevenir las afectaciones humanas. Estos abusos han sido denunciados reiteradamente por las comunidades y familias que hoy sufren las afectaciones de la insuficiencia renal crónica.

También nos preocupa que en el contexto de la pandemia por Covid 19, mientras se incrementan las ganancias para unos pocos, generadas por un aumento en las exportaciones de azúcar; se ha precarizado la atención y resguardo de pascientes renales, en el marco de las medidas de emergencia sanitaria implementadas, agudizando la crisis en todo el país. Lamentamos que en esta realidad muchas de estas personas han tenido la muerte como desenlace.

Por lo anterior, como campaña Azucar Amarga exigimos:

  • A la Asamblea Legislativa prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país.
  • Al Ministerio de Salud, garantizar de forma efectiva el derecho a la salud de las personas que sufren insuficiencia renal, debido a la exposición de agrotóxicos utilizados en el monocultivo de caña de azúcar y desarrollar una estrategia nacional para el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica.
  • Al Ministerio de Agricultura y Ganadería que regule eficientemente el monocultivo de caña de azúcar y prohíba prácticas dañinas como el riego aéreo y las quemas
  • Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013 por los ministros y ministras de Salud de la Región del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
  • Al Presidente de la República, que emita las instrucciones que estime necesarias para que las instituciones del Órgano Ejecutivo realicen todas las acciones necesarias para el respeto del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente sano, cuyas violaciones están asociadas a la exposición y utilización de agrotóxicos, especialmente en los monocultivos de caña de azúcar.
  • Hacemos un llamado a la población en general, a todos los sectores sociales a nivel nacional e internacional, que se sumen a esta Campaña Azúcar Amarga para que el Estado salvadoreño reconozca la epidemia que sufre por la falta de atención a este grave problema de salud pública.

San Salvador, 3 de diciembre de 2021 

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PRONUNCIAMIENTO PUBLICO

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la corrupción y la impunidad estructural que altos y medios funcionarios de las instituciones Públicas del Estado, junto con grandes empresarios vinculados al saqueo y la explotación de bienes comunes y públicos que ponen en grave peligro de la vida en el Municipio de Tocoa, se pronuncia en los términos siguientes:

Hace ya siete años que funcionarios del Estado, desde el Congreso Nacional, el INHGEOMIN, el ICF, MiAmbiente, Municipalidad de Tocoa, se han confabulado con Lenir Perez para imponer un ambiente de terror en el Municipio, particularmente en el sector San Pedro, sector la Laguna, Guapinol, Ceibita, Nueva lempira, etc. Juntos han manipulado y creado un ambiente general de violencia y buscan culpables en las comunidades y el movimiento social para lavarse las manos de su responsabilidad directa.

Reiteramos nuestro repudio y no aceptamos la presencia de Lenir Perez e Inversiones los Pinares/Ecoteck en el territorio, y junto a las autoridades nacionales y Municipales son declaradas NON GRATAS por su comportamiento corrupto, violento, injusto, destructor y traidor a los intereses del pueblo. INHGEOMIN tiene en sus manos el último informe que levanto hace dos semanas y conoce la situación en que esta el rio San Pedro (totalmente sucio por sedimentación) eso y todos los actos de corrupción evidenciados hace a INHEOMIN, ICF y MIAMBIENTE responsables de cancelar la licencia ambiental otorgada fraudulentamente a Inversiones los Pinares por segunda vez y parar las operaciones de Inversiones Ecoteck. Todas sus operaciones son ilegales y están rechazadas en Cabildo Abierto cuyo tramite nacional a negado la Municipalidad de Tocoa.

Estamos ahora frente a esta Corte Suprema de Justicia para denunciar una vez más que la mano criminal de Lenir Perez sobre jueces, fiscales y el conjunto de funcionarios flojos y aprovechados que ha encontrado en las instituciones Públicas, tienen encarcelados a ocho defensores de la casa común con 23 meses de detención arbitraria, han pisoteado y violentado el régimen jurídico nacional para mantener viva la corrupción y la impunidad que está destruyendo el rio San Pedro, el rio Guapinol y el ambiente general en las comunidades.

Comunicamos a la comunidad nacional e internacional que el Tribunal de Sentencia de Trujillo ha convocado a Audiencia de Proposición de Pruebas el 06 de agosto a las 9:30am. El Comité exige al poder judicial, una audiencia con cobertura pública y con la presencia de reconocidas personas defensoras de derechos humanos. No le tememos al proceso judicial, pero desconfiamos totalmente de las trampas y la corrupción con que ha actuado el Ministerio Publico en este proceso imponiendo incluso, testigos protegidos como mecanismo para criminalizar la lucha de las comunidades.

Le recordamos a esta Corte Suprema de Justicia, que debe resolver lo más pronto posible el Recurso de Amparo en favor de los defensores que tiene bajo detención arbitraria. Lamentamos que el Amparo siga engavetado como si la justicia tuviera que estar aplastada por la corrupción que destruye la vida y la dignidad humana. Las familias y las comunidades exigen inmediatamente la resolución favorable al Recurso de Amparo.

Agradecemos a las organizaciones, movimientos y profesionales del país y del campo internacional por su apoyo, solidaridad y compromiso con la verdad y la justicia en Honduras. Solicitamos estar atentos y alertas a los acontecimientos de estos días.

«LIBERTAD PARA LOS DEFENSORES, EL AGUA, EL AMBIENTE Y EL TERRITORIO»

Tegucigalpa, 04 de agosto de 2021.

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

En el marco del Dia Internacional Contra la Minería a Cielo Abierto, las organizaciones que formamos parte de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, acompañadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos en El Salvador, PDDH, declaramos que:  

La minería metálica, principalmente la minería a cielo abierto, es una industria extractiva que provoca impactos irreversibles al medio ambiente y la biodiversidad, destruye los ecosistemas, contamina con drenaje ácido las fuentes de agua superficiales y subterráneas, despoja a los pueblos ancestrales de sus territorios, empobreciendo, desplazando y aumentando la migración.

Las mujeres que representan la mayoría de los habitantes en los territorios amenazados por la minería a cielo abierto sufren diferenciadamente los impactos socioeconómicos de esta industria debido al incremento de la pobreza, la violencia de género, la prostitución forzada y el incremento de sus jornadas de trabajo no remunerado que conllevan al mayor empobrecimiento y precarización de sus familias disminuyendo sensiblemente sus condiciones de vida.  

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