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PRONUNCIAMIENTO PUBLICO

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la corrupción y la impunidad estructural que altos y medios funcionarios de las instituciones Públicas del Estado, junto con grandes empresarios vinculados al saqueo y la explotación de bienes comunes y públicos que ponen en grave peligro de la vida en el Municipio de Tocoa, se pronuncia en los términos siguientes:

Hace ya siete años que funcionarios del Estado, desde el Congreso Nacional, el INHGEOMIN, el ICF, MiAmbiente, Municipalidad de Tocoa, se han confabulado con Lenir Perez para imponer un ambiente de terror en el Municipio, particularmente en el sector San Pedro, sector la Laguna, Guapinol, Ceibita, Nueva lempira, etc. Juntos han manipulado y creado un ambiente general de violencia y buscan culpables en las comunidades y el movimiento social para lavarse las manos de su responsabilidad directa.

Reiteramos nuestro repudio y no aceptamos la presencia de Lenir Perez e Inversiones los Pinares/Ecoteck en el territorio, y junto a las autoridades nacionales y Municipales son declaradas NON GRATAS por su comportamiento corrupto, violento, injusto, destructor y traidor a los intereses del pueblo. INHGEOMIN tiene en sus manos el último informe que levanto hace dos semanas y conoce la situación en que esta el rio San Pedro (totalmente sucio por sedimentación) eso y todos los actos de corrupción evidenciados hace a INHEOMIN, ICF y MIAMBIENTE responsables de cancelar la licencia ambiental otorgada fraudulentamente a Inversiones los Pinares por segunda vez y parar las operaciones de Inversiones Ecoteck. Todas sus operaciones son ilegales y están rechazadas en Cabildo Abierto cuyo tramite nacional a negado la Municipalidad de Tocoa.

Estamos ahora frente a esta Corte Suprema de Justicia para denunciar una vez más que la mano criminal de Lenir Perez sobre jueces, fiscales y el conjunto de funcionarios flojos y aprovechados que ha encontrado en las instituciones Públicas, tienen encarcelados a ocho defensores de la casa común con 23 meses de detención arbitraria, han pisoteado y violentado el régimen jurídico nacional para mantener viva la corrupción y la impunidad que está destruyendo el rio San Pedro, el rio Guapinol y el ambiente general en las comunidades.

Comunicamos a la comunidad nacional e internacional que el Tribunal de Sentencia de Trujillo ha convocado a Audiencia de Proposición de Pruebas el 06 de agosto a las 9:30am. El Comité exige al poder judicial, una audiencia con cobertura pública y con la presencia de reconocidas personas defensoras de derechos humanos. No le tememos al proceso judicial, pero desconfiamos totalmente de las trampas y la corrupción con que ha actuado el Ministerio Publico en este proceso imponiendo incluso, testigos protegidos como mecanismo para criminalizar la lucha de las comunidades.

Le recordamos a esta Corte Suprema de Justicia, que debe resolver lo más pronto posible el Recurso de Amparo en favor de los defensores que tiene bajo detención arbitraria. Lamentamos que el Amparo siga engavetado como si la justicia tuviera que estar aplastada por la corrupción que destruye la vida y la dignidad humana. Las familias y las comunidades exigen inmediatamente la resolución favorable al Recurso de Amparo.

Agradecemos a las organizaciones, movimientos y profesionales del país y del campo internacional por su apoyo, solidaridad y compromiso con la verdad y la justicia en Honduras. Solicitamos estar atentos y alertas a los acontecimientos de estos días.

«LIBERTAD PARA LOS DEFENSORES, EL AGUA, EL AMBIENTE Y EL TERRITORIO»

Tegucigalpa, 04 de agosto de 2021.

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

En el marco del Dia Internacional Contra la Minería a Cielo Abierto, las organizaciones que formamos parte de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, acompañadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos en El Salvador, PDDH, declaramos que:  

La minería metálica, principalmente la minería a cielo abierto, es una industria extractiva que provoca impactos irreversibles al medio ambiente y la biodiversidad, destruye los ecosistemas, contamina con drenaje ácido las fuentes de agua superficiales y subterráneas, despoja a los pueblos ancestrales de sus territorios, empobreciendo, desplazando y aumentando la migración.

Las mujeres que representan la mayoría de los habitantes en los territorios amenazados por la minería a cielo abierto sufren diferenciadamente los impactos socioeconómicos de esta industria debido al incremento de la pobreza, la violencia de género, la prostitución forzada y el incremento de sus jornadas de trabajo no remunerado que conllevan al mayor empobrecimiento y precarización de sus familias disminuyendo sensiblemente sus condiciones de vida.  

Las organizaciones integrantes de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, en el sexto encuentro regional realizado en el municipio de Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador.

En el marco del juicio contra Roberto David Castillo Mejía, miembro directivo de la empresa DESA acusado de coordinar el asesinato de la defensora Berta Cáceres, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería-ACAFREMIN se solidariza con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y todos los pueblos indígenas y campesinos que demandan justicia ante la imposición de un modelo económico global que fomenta el despojo de los bienes comunes de Honduras y toda la región centroamericana.  

La lucha por la justicia para Berta Caceres es una lucha emblemática que evidencia la participación de operadores políticos y militares que confabularon con instituciones financieras nacionales e internacionales para fomentar corrupción, persecución y despojo de las riquezas del pueblo Lenca.  Estos operadores son los mismos que implementan un modelo económico con andamiajes legales que debilitan el Estado de Derecho, cooptan los sistemas de justicia y utilizan estrategias de criminalización a líderes y lideresas para garantizar el acceso a los bienes comunes.

Las victorias políticas y legales alcanzadas en condiciones extremadamente adversas por el movimiento que busca justicia para la compañera Berta Cáceres, reafirman la legitimidad de las demandas de las comunidades Lencas que se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. La condena de los asesinos materiales de Berta en el 2019, el juicio actual contra Roberto David Castillo Mejía, autor intelectual del crimen, y la reciente desinversión de FMO del banco FICOHSA revelan un reconocimiento tácito de la violencia que permea el modelo económico neoliberal.  

Centroamérica es una región que alberga a países con riqueza natural y biodiversidad compartida y que están conformados por diversos pueblos ancestrales que aportan conocimientos y prácticas culturales que enriquecen a la humanidad.  Pero la presencia de las industrias extractivas ha provocado la destrucción de nuestra biodiversidad y nuestra cultura, el empobrecimiento y desplazamiento de nuestros pueblos, y la persecución, cárcel y muerte a un gran número de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya expresión más visible has sido cruel asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres; una mujer valiente y coherente con la defensa de los derechos de los pueblos y la madre naturaleza.

Nos preocupa la intensificación de la economía extractivista que se ha desatado en la región a partir de la Pandemia COVID 19 ante lo cual reiteramos nuestro llamado a construir modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.

Como alianza demandamos que el Estado hondureño y todos los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas, y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.

Hacemos eco a las demandas del COPINH y los pueblos en resistencia en honduras y exigimos al Gobierno de Juan Orlando Hernández:  

1. Que se revierta todo el modelo de concesiones inconsultas en todo el territorio nacional.

2. Que se respete el derecho de las comunidades a participar de los procesos anticorrupción que involucran a los proyectos de muerte.

3. Que se proceda a cancelar inmediatamente la concesión al Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”.

4. Que se condene con todo el peso de la ley a Roberto David Castillo Mejía.

5. Que de manera expedita se libren las órdenes de captura a los autores intelectuales del crimen de la compañera Berta Cáceres.

6. Que el pueblo trabaje arduamente por construir un modelo económico, político y de vida basado en el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza.

 Mayo 21 del 2021

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La empresa ENTREMARES pretende realizar encuestas los días 3,4 y 5 de mayo para que la población de Asunción Mita de su aprobación para que la mina Cerro Blanco cambie su proyecto minero, de minería de túneles a minería a cielo abierto, sin informar debidamente sobre los graves daños a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a la vida de las personas. 

Desde el año 2007, hace 14 años la empresa ENTREMARES S.A. subsidiaria de la empresa minera canadiense Goldcorp, impuso su fracasado proyecto minero Cerro Blanco en las comunidades de Asunción Mita, pero la licencia fue aprobada ilegalmente por el Ministerio de Ambiente, además la empresa no cumplió con la ley al no informar debidamente al pueblo de Mita sobre los graves impactos a la vida, al agua, a la salud y al ambiente, ni consultó a la población, violentando así su derecho a la consulta libre, previa e informada.

Ahora la empresa canadiense BLUESTONE RESOURCES, ha adquirido los derechos mineros fraudulentos de la empresa ENTREMARES y pretende continuar con el Proyecto Cerro Blanco cambiando la minería subterránea de túneles, por una minería a cielo abierto o tajo abierto, que es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irreversibles.

A pesar que la mina nunca pudo extraer un gramo de oro, ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador.  Los trabajos de la mina han contribuido al secamiento de fuentes de agua en Guatemala, como es el caso de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo la humedad de la capa subterránea y obligando a las comunidades profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua.  En El Salvador, la mina amenaza con contaminar el Rio Lempa que es la principal fuente de agua para dos tercios de la población del gran San Salvador y es fuente de abastecimiento para la pesca, ganadería y agricultura.

La mina ha comprado la voluntad de las comunidades cercanas, con carreteras, pintura de escuelas y ofreciéndoles trabajo, pero después de fracasar su proyecto en el 2013 despidió a los trabajadores sin prestaciones laborales, otros sufrieron accidentes y fueron despedidos sin atención médica.  Ahora la empresa BLUESTONE ofrece trabajos, pero a trabajadores que no son de las comunidades cercanas a la mina.

BLUESTONE RESOURCES, no cuenta con la licencia ambiental y no ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que debe ser informado debidamente a toda la población, sus autoridades y organizaciones de contraloría ambiental para garantizar el derecho a la información.

La empresa pretende extraer 2.4 millones onzas de Oro, con un valor $ 1,800 dólares la onza. Y que le quedara a la población de Asunción Mita, decenas de millones de toneladas tierra contaminada, agua contaminada por el Drenaje Acido de Mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, daños a la salud, riesgo de padecimientos como el Hidroarsenisismo Crónico Endémico -HACRE- y otras enfermedades asociadas a la minería, enfermedades de la piel, renales y cáncer.

Ante esta situación

Llamamos a la población de Asunción Mita, a rechazar esta maniobra de las empresas ENTREMARES Y BLUESTONE RESOURCES, que pretenden engañar otra vez a las comunidades y presentar los resultados de esta encuesta como una consulta de aprobación de un proyecto que aún no cuenta con las licencias respectivas sin respetar el derecho a información y consulta de los pueblos de Guatemala y El Salvador.

Exigimos el cierre definitivo del fracasado proyecto minero Cerro Blanco, que solo ha contaminado la región, El Rio Astúa El lago de Guija, y el Rio Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y millones de hermanos salvadoreños.

Demandamos que los gobiernos de la región establezcan un dialogo para negociar un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas para proteger las cuencas compartidas. 

San Salvador, Guatemala 3 de Mayo de 2021

La Alianza Centroaméricana Frente a la Minería por este medio expresa a la opinión pública nuestra profunda preocupación por la detención del periodista y activista ambiental Salvadoreño Eduardo Josue Barahona.

Eduardo Barahona es un comunicador institucional con la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, periodista con el periódico digital Vanguardia El Salvador y colaborador de ACAFREMIN, quien desde su vocacion como periodista ambiental ha dado cobertura a nuestros eventos, ha investigado temas de interés para ACAFREMIN y en ocasiones ha realizado consultorías de carácter institucional.

Según sus colegas y equipo de defensa legal, Eduardo Barahona ha sido víctima de usurpación de identidad y como consecuencia ha sido arrestado bajo cargos de fraude y falsedad ideológica con pruebas que no han sido debidamente investigadas por parte de la fiscalía.

Como ACAFREMIN exhortamos a las autoridades administradoras de la justicia Salvadoreña a que se le garantice el debido proceso legal de manera expedita, con una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos; y que se garantice el respeto a su integridad física y moral como defensor de derechos humanos.

Externamos nuestra solidaridad con su familia, organizaciones sociales y medios de comunicación Salvadoreños que lo acompañan y junto a ellos esperamos su pronta libertad.

#JUSTICIAPARAEDUARDO

San Salvador 14 de abril de 2021

Personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y organizaciones sociales destacamos la necesidad de crear una estrategia nacional para frenar el aumento de ERC vinculadas a la actividad cañera; y mejorar la asistencia de salud para las personas afectadas.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) denuncia la continua violación de los derechos humanos y particularmente la reciente violación al derecho al Debido Proceso de los defensores ambientales Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez quienes siguen bajo medidas de prisión preventiva por su defensa del Rio Guapinol.

El 18 de diciembre de 2020, la jueza Zoé Guifarro del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, declaró sin lugar la revisión de medidas cautelares solicitada por el equipo legal de los ocho defensores ambientales recluidos desde septiembre del 2019 por presuntos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad.  En su dictamen, la jueza no dio explicación legal para mantener las medidas, a pesar que los cargos de asociación ilícita, que son los que podrían justificar prisión preventiva, fueron desestimados en una resolución anterior; además, no tomo en consideración que los defensores se presentaron voluntariamente a responder por los cargos que se les imputan en agosto de 2019, ni los riesgos a la salud presentados por la emergencia sanitaria COVID-19. 

Las medidas carcelarias son el resultado de una denuncia por parte de la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek ante Ministerio Público de honduras como respuesta a la oposición social a su proyecto de extracción de Óxido de Hierro ubicado dentro de la zona núcleo del parque nacional Carlos escaleras. En agosto de 2018, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), con el apoyo de varias organizaciones y comunidades, instalaron el “campamento por el Agua y la Vida” para protestar contra los impactos ambientales causados por la implementación del proyecto minero. Entre las denuncias de la comunidad se encuentran la adjudicación irregular de licencias mineras dentro de un área protegida, los impactos ambientales del proyecto minero en una de las zonas más importantes de recarga y reserva hídrica de la región del Aguan, y la falta de consulta pública ante las comunidades afectadas.      

El campamento fue desmantelado en octubre de 2018 haciendo uso excesivo de la fuerza, más de 1500 efectivos policiales y militares fueron movilizados para desalojar a unos doscientos miembros de la comunidad. Seguido al desalojo, la empresa en coordinación con el Ministerio Público iniciaron una campaña de desprestigio y amenazas públicas contra opositores del proyecto, la fabricación de cargos criminales que llevan penas excesivas y la aplicación de la ley con fines políticos. En total 32 personas han sido criminalizadas, 8 de estos se encuentran actualmente en prisión preventiva después de presentarse ante los tribunales para responder a los cargos imputados.

Seguido al dictamen de la jueza Zoé Guifarro, el equipo legal de los ocho defensores presento un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba que debió haberse adminitido de manera expedita, según las normas establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional de Honduras, pero la Jueza Zoe Guijarro admitió el recurso con tres semanas de retraso, asegurando asi que los defensores pasaran la navidad bajo prisión.  

Las irregularidades procesales de este caso solo pueden explicarse por un pacto silencioso entre el poder Ejecutivo, el ministerio público y la empresa Inversiones los Pinares / Ecotek para criminalizar a los opositores del proyecto minero que afectaría a uno de las principales fuentes de agua potable para la región del Aguan.

Desde ACAFREMIN, condenamos la persecución y criminalización contra los defensores del río Guapinol. Este caso es emblemático de un patrón de violencia y violaciones a los derechos humanos de defensores del agua y la tierra perpetradas por los estados de la región en complicidad con empresas extractivas que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros bienes comunes a costa de la destrucción de la biodiversidad, las fuentes de agua y la vida de las comunidades.   

Como alianza nos unimos as demandas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y la comunidad internacional para exigir:  

  • Que la Corte de Apelaciones de la Ceiba resuelva la libertad inmediata de los 8 defensores del Agua en Caso Guapinol y Sector San Pedro que se encuentran en prisión preventiva de manera arbitraria.
  • Que cese la campaña de persecución judicial, amenazas y hostigamiento permanente contra defensores y defensoras de derechos humanos del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, sus organizaciones miembros y familiares de los presos por parte del Estado de Honduras y la empresa Inversiones los Pinares/ECOTEK. Exigimos la Salida Inmediata de la Empresa minera inversiones los pinares y ECOTEK del Municipio de Tocoa Colón.
  • En virtud del cabildo abierto que declaro a Tocoa como municipio libre de minería, en noviembre de 2019, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras en Tocoa Colón Honduras como una solución al conflicto minero en el municipio. 

4 de enero de 2021

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