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La importancia del Acuerdo de Escazú para la regulación europea sobre debida diligencia en cadenas de suministro

Estimada Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen,

Estimada Vice-Presidenta Věra Jourová,

Estimado Comisario Didier Reynders,

Estimado Comisario Thierry Breton,

La Unión Europea está actualmente elaborando una regulación europea de los deberes de las empresas para cadenas de suministro responsables, ésta pretende obligar a las empresas europeas a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales, analizando los riesgos y llevando a cabo medidas para prevenir y reparar violaciones a los derechos humanos y estándares medioambientales. Las organizaciones abajo firmantes creemos que esta medida puede ser una oportunidad importante para contribuir a evitar graves impactos que se dan en la producción de materias primas para el mercado europeo. Para lograr esto, es necesario que la regulación que se aplique a la cadena de suministro introduzca responsabilidad civil y que sea vigente para las grandes empresas. En materia de derechos, el Acuerdo de Escazú da una pauta para la aplicación de la regulación a los sectores minero y agroindustrial. Por lo tanto, exhortamos a la Unión Europea a incluir los principios de este acuerdo importante en la regulación.

La extracción de minerales como litio, cobre, oro o níquel así como los grandes monocultivos agroindustriales contribuyen enormemente a la destrucción de la biodiversidad en América Latina. Como consecuencia, muchas comunidades rurales e indígenas están perdiendo sus medios de subsistencia de manera acelerada. Además, estos megaproyectos causan conflictos sociales y graves violaciones a los derechos humanos. La organización Global Witness advierte cada año que una gran cantidad de personas defensoras de la tierra son asesinadas a raíz de conflictos relacionados a estos proyectos y Latinoamérica se perfila como una de las regiones con más asesinatos per cápita. En muchos casos, las empresas establecen proyectos extractivos y de monocultivos con el apoyo de redes de corrupción gubernamental y sin consultar debidamente a las poblaciones afectadas. Cuando las comunidades afectadas protestan contra estos proyectos, éstas son reprimidas violentamente por cuerpos de seguridad y criminalizadas por órganos del sistema judicial. Como organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos en estas comunidades, conocemos muy bien el dolor humano que estos conflictos generan.

La Unión Europea es uno de los consumidores más grandes de estos materiales. Por lo tanto, como organizaciones ambientales y de derechos humanos tenemos claro que la Unión Europea tiene la responsabilidad de mitigar estos impactos, promoviendo patrones de producción y consumo responsable y obligando a las empresas a cumplir con la debida diligencia medioambiental y de derechos humanos.

Es particularmente importante que la regulación se refiera y apoye a convenios internacionales que buscan alcanzar estos objetivos. Uno de estos instrumentos más innovadores es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en América Latina y el Caribe en abril de 2021 y tiene como objetivo garantizar el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, fortaleciendo el ejercicio a los derechos de comunidades involucradas en conflictos medioambientales. Actualmente el convenio ha sido ratificado ya por 12 países y tiene a su base en cuatro pilares centrales:

  • el acceso a la información ambiental
  • la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
  • el acceso a la justicia en asuntos ambientales
  • la protección de personas defensoras de derechos humanos

Consideramos estos principios claves para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro y la producción de materias primas no sólo en América Latina y el Caribe, sino en todos los países donde hay sectores extractivos operando. Los principios y disposiciones que establece el Acuerdo de Escazú deben ser integrados en las obligaciones que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritos en la regulación.

El cumplimiento de estos estándares deben ser condiciones mínimas para que empresas europeas establezcan relaciones comerciales con empresas locales que operan minas, monocultivos, hidroeléctricas y otros megaproyectos. De esa manera, la Unión Europea apoyaría a los países latinoamericanos en sus intentos de construir sistemas económicos más sostenibles y sociedades más democráticas. Finalmente, una referencia al Acuerdo de Escazú estaría en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Convención de Aarhus.

Atentamente

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 ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

  1. Alianza Centroamericana Frente a la Mineria (ACAFREMIN)
  2. Iniciativa Cristiana Romero
  3. Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazu-El Salvador

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra indignación por las acciones de la empresa  Condor Gold, empresa Britanica que intenta abrir una mina a cielo abierto en la comunidad de Santa Cruz de la India en León, Nicaragua.

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