Históricamente, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) ha sido marginada y relegada por el sector público y privado. No se ha reconocido el aporte significativo de esta actividad a la economía familiar y comunitaria, tampoco su contribución a las labores de prospección en las zonas mineras, de igual manera, su dinamismo económico no ha sido incluido en las estadísticas macroeconómicas de sus respectivos países.
Hay una deuda en materia de derechos en salud ocupacional y ambiental con este subsector, por parte de las instancias públicas competentes, dada las condiciones riesgo y vulnerabilidad en la que trabajan miles de mineros artesanales.
La minería artesanal y de pequeña escala está regulada en Honduras, a través de las Corporaciones Municipales, y en Nicaragua, por el Ministerio de Energías y Minas. En ambos casos, la regulación contempla disposiciones relacionadas con los procedimientos de solicitud y otorgamiento de concesiones y/o permisos de operación, así mismo, el alcance de sus operaciones y las técnicas a emplear.
La Federación de Minas de Nicaragua (FEDEMNIC) ha solicitado, desde el año 2014, la aprobación de una iniciativa de ley que exige la modernización y desarrollo de este subsector con el involucramiento del Estado, a fin de mejorar las prácticas productivas y las condiciones laborales y socioambientales.
A pesar que 32,356 trabajadores se dedican a este tipo actividad minera, el anteproyecto de ley no fue discutido ni aprobado por la Asamblea Nacional. Incluso, el compromiso de elaboración e implementación de una ley especial para regular el subsector, según lo estable la actual ley de minas y su reglamento, no ha sido cumplido por el gobierno de Nicaragua.
La ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, permite temporalmente la MAPE para la subsistencia familiar y artesanal. Se ha establecido un plazo de dos años para lograr la reconversión productiva de los mineros artesanales o guiriseros, hacia otro tipo de actividad económica. Para ello, se contará con el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño (Asamblea Legislativa de El Salvador, 2017).
Cabe señalar, que dicha disposición está referida exclusivamente, al único municipio del país (Santa Rosa de Lima) donde existen generaciones de familias que se dedican a esta actividad como medio de vida.
