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Olman Salazar y su familia han sido víctimas de la violencia ejercida por miembros de la empresa minera Condor Gold y personeros del gobierno de Daniel Ortega.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la protección del nicaragüense Olma Onel Salazar Umanzor, líder comunitario y ambientalista; de igual forma a su núcleo familiar. La decisión del organismo internacional es el seguimiento a una serie de medidas requeridas del gobierno de Daniel Ortega y el Estado nicaraguense, según la resolución 11/2021, publicada el 4 de enero en el sitio oficial de la CIDH.

Entre las medidas que deberá cumplir el Estado nicaragüense están: derecho a la vida, la protección de la integridad personal y el respeto hacia Olman Salazar y los miembros de su familia. Además, tendrá que informar sobre las acciones de investigación para el esclarecimiento de la violencia desatada contra el líder ambientalista.

Para la adopción de las medidas cautelares se valoraron las continuas amenazas, agresiones, descalificaciones, intimidaciones, acoso y hostigamiento contra Olman Salazar, los cuales se intensificaron durante la crisis política y social en 2018. La violencia ejercida contra el ambientalista proviene de las acciones de los cuerpos de seguridad nicaragüense: la Policía Nacional Civil, según describe la resolución.

“Del mismo modo, se consideró la especial seriedad que implica que diversos de los actos fueron atribuidos a agentes policiales”, señala la CIHD.

La Organización Centro Humboldt celebró la decisión la CIDH en favor del ambientalista; asimismo, hizo un llamado al gobierno y al Estado a cumplir las medidas cautelares.

“Hacemos un llamado al Estado a poder cumplir sobre todo en términos de proteger y dar respuesta en temas de seguridad a Olma Onel Salazar” enfatizó Heizel Torres, oficial de minería de la organización Centro Humboldt.

Desde el 2016, Olma Onel Salazar ha denunciado las irregularidades con que opera la empresa minera Cóndor Gold (de origen británico) y sus intenciones en desalojar a 5,000 personas de la comunidad Santa Cruz de la India, el municipio de Santa Rosa del Peñón, en León.

La instalación del proyecto minero de Mina la India en el municipio se caracteriza por varios procesos oscuros: la falta de consulta a las poblaciones de la India sobre el proyecto, la otorgación “express” de los permisos ambientales y concesiones a favor de la empresa, y la falta de información previa, entre otros.

Olman Salazar fue víctima de criminalización, persecución, amenaza, acoso, exilio y desplazamiento forzado de su comunidad.

“Tuve que salir (huir) con mi familia a medianoche y desde entonces no regreso a mi casa porque el asedio es persistente. Han llegado policías de civil a preguntar a los vecinos si yo ya había regresado y preguntar por mi familia. Eso me imposibilita regresar a mi comunidad y ejercer mi derecho como ciudadano”, relató el ambientalista.

Escazú: el acuerdo muerto en Nicaragua

En 2019, Nicaragua fue uno de los primeros países del CA4 en firmar y ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”. Pese a las buenas intenciones del gobierno de Daniel Ortega, la decisión del Estado no garantiza el cumplimiento de la normativa internacional en el país, así dejó entre ver Heizel Torres, oficial de minería.

“No se está cumpliendo con los tres pilares fundamentales del acuerdo. En términos de justicia ambiental no se hace las debidas diligencias para cumplir la protección de los recursos naturales, y en términos de acceso a la información, tenemos problema en acceder a los estudios de impactos ambiental, tanto de proyectos mineros como en otros proyectos de índole ambientales”, dijo la oficial en una entrevista de 2020

Olman Salazar aseguró que el liderazgo de resistencia en contra Condor Gold está desarticulado por las constantes amenazas de la Policía Nacional Civil hacia líderes de la comunidad y las poblaciones que se oponen al proyecto minero.

"No tenemos ninguna alternativa, ni siquiera denunciar por redes sociales, porque tenemos la amenaza latente de sufrir algún tipo de consecuencia de encarcelamiento, asedio o el secuestro. No tenemos ninguna forma de hacerle frente a la agresividad de Condor Gold, todos estamos en zozobra." Dijo Salazar.

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