Sin mayor análisis ni discusión y con la aprobación y apoyo de 65 votos los parlamentarios en El Salvador aprobaron la Ley General del Recurso Hídricos que a todas luces agrede los derechos humanos de las familias más vulnerables en el país.
La ley aprobada con los votos de los partidos Nuevas Ideas, PCN, PDC, GANA y Nuestro Tiempo, favorece a proyectos de carácter privado con la sobre explotación del bien público al conceder 15 años de permisos renovables para la extracción, a costa de la posible escasez que estos puedan generar en las comunidades.
Asimismo, condena a los sistemas comunitarios de agua los cuales funcionan sin fines de lucro, a pagar impuestos por el uso de los sistemas comunitarios que han sido gestionados por las mismas comunidades para auto abastecerse del vital líquido, ante la incapacidad del estado de hacerles llegar el servicio.
En El Salvador existen más de 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas que abastecen casi al 25% de la población salvadoreña; donde el estado se encuentra históricamente ausente, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades, con apoyo de las ONG y cooperación internacional.
La ley del agua abre las puertas para la explotación privada, incluso en aquellas áreas catalogadas como protegidas y establece en el artículo 71 de la ley, la autorización del uso del agua a sectores privados en cantidades iguales o mayores a 365,000 metros cúbicos de agua al año por 15 años renovables, sin un techo de uso ni estudio de impacto ambiental adecuado. El uso indiscriminado de estas grandes cantidades de agua socava el uso prioritario para el consumo humano doméstico, y genera condiciones para violaciones al derecho humano al agua de la población y en especial de poblaciones vulnerables.
La nueva ley, lejos de ordenar y dar respuesta la crisis hídrica que existe en el país, sigue obedeciendo el interés del presidente de la República de generar mayores posibilidades para grandes proyectos de carácter privado y extractivo, como la construcción y monocultivos, a expensas del interés público representado por los sistemas comunitarios de agua.
La Ley, tampoco desarrolla o promueve la gestión sustentable de cuencas a nivel nacional, ni toma medidas encaminadas a su protección y conservación y pesar que el Río Lempa, la reserva estratégica acuífera más importante del país y que se encuentra en crisis. Según ambientalistas, la ley debería tener claro un Régimen de Administración Especial para el Río Lempa, y un Sistema de Planificación Hídrica que tome en cuenta las amenazas transfronterizas amenaza las principales cuencas del país.
Durante una conferencia de prensa las organizaciones sociales y ambientales aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, El Foro del Agua, La Mesa de Iglesias y la Universidad Centroamericana hicieron un llamado a la población salvadoreña a no dejarse engañar, ya que la ley del agua es una manipulación que deja a un lado 15 años de lucha por el derecho humano al agua y se enfoca únicamente en dar paso a la privatización del bien público.
