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El anuncio del gobierno hondureño de declarar su territorio libre de minería a cielo abierto creó la expectativa de poner fin a esta industria nociva que por años ha atentado contra los bienes naturales, la salud pública y ha limitado el acceso al agua como derecho humano de las poblaciones.  Sin embargo, meses después surgen las interrogantes ¿hasta dónde fue el alcance real de esta declaratoria?

La promesa de que Honduras se sumaría a un grupo selectos de países que se han declarado libres de minería a cielo abierto generó una serie de reacciones positivas por parte de las organizaciones sociales y ambientales y comunidades que por años han luchado contra los impactos negativos y las violaciones de derechos generados por la economía extractivista.

Pero un análisis reciente publicado por el especialista de CESPAD, Bladimir López, destaca varias inconsistencias que dejan en duda el alcance de la declaratoria, por ejemplo, todavía no existen garantías para la protección de defensores de derechos ambientales, no se han removido los obstáculos que enfrentan, ni tampoco se están generando las condiciones para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad. 

En Honduras, particularmente en los últimos años del gobierno de Juan Orlando Hernández se hicieron reformas a la Ley de Minería, para ampliar los beneficios fiscales al capital nacional e internacional y esto genero una gran cantidad de concesiones y permisos que en muchos casos fueron obtenidos de manera irregular.

En este ambiente de irregularidad es que Inversiones ECOTECK recibió en el año 1919, una licencia provisional para el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro”, a través de un proceso corrupto y engañoso.

Esto suma a una serie de ilegalidades en la extensión de permisos y licencias a la empresa Inversiones Los Pinares y la empresa Inversiones Ecotek que son responsables impulsadores del megaproyecto de explotación de óxido de hierro que contiene concesiones para explotación a cielo abierto en áreas protegidas del parque Carlos Escaleras, permisos para la construcción de la planta peletizadora ECOTEK, permisos para la planta eléctrica ECOTEK; y permisos para la explotación de aguas del rio guapinol para uso privado de la empresa.  

El Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa ha presentado un amparo ante la Secretaría del Medio Ambiente por la extensión de dichas licencias argumentando que las actas y listados de participación en la consulta requerida por la Ley de Medio Ambiente presentadas por la empresa a las autoridades locales y a las comunidades fueron claramente alteradas.   

Mientras la empresa continúa dirigiendo una campaña de calumnias y criminalización contra más de 32 opositores del proyecto minero que resultó, en el año 2019, en la privación de libertad de 8 defensores del rio guapinol por más de dos años y medio.   

Hasta la fecha, el anuncio realizado por el nuevo gobierno de Honduras de poner fin a la minería a cielo abierto y cancelar permisos que fueron extendidos de manera irregular no ha dado resultados, ni acciones concretas para las comunidades de Tocoa que por años defienden la integridad de sus territorios.  

Al contrario, el alcalde Adán Funes, quien es nombrado como responsable de la falsificación de documentos públicos para apoyar de manera fraudulenta a la empresa Inversiones Ecotek, ha sido recompensado por el gobierno de Xiomara Castro con el puesto de Gobernador del departamento de Colón lo que aumenta su caudal político.

Con este nuevo poder político Adán Funes continúa robusteciendo su alianza con la empresa, lo que se demuestra claramente con la firma del nuevo convenio entre la municipalidad y la empresa Ecotek, donde se le permite llevar a cabo obras de construcción de vías públicas a pesar de la oposición ciudadana.    

El gobierno de Xiomara Castro sigue arrastrando la deuda de instalar un mecanismo eficiente para atender los reclamos históricos de justicia socio ambiental; y como el resto de gobiernos de la región Centroamericana, tiene una fuerte deuda con los territorios, los pueblos y comunidades al continuar favoreciendo intereses particulares por encima de los bienes comunes y la vida.

Una forma para comenzar a saldar esta deuda seria la adhesión al Acuerdo de Escazú, el cual compromete a los Gobiernos a implementar medidas para garantizar derechos ambientales como el acceso a información, la consulta ciudadana, el acceso a mecanismos de justicia y la protección de defensores de derechos.     

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