Una veintena de comunidades de Honduras se unieron este martes para defender sus territorios de las hidroeléctricas, mineras y madereras, informaron fuentes de un encuentro celebrado en Tegucigalpa.
El acuerdo abarca a comunidades de 10 de los 18 departamentos e Honduras y apunta a "enfrentar el embate de las empresas y luchar por políticas públicas" de protección de los bienes comunes, dijo a la AFP Juan López, dirigente del comité de ambientalista del valle del Aguán
Durante el encuentro, de unas 400 personas, celebrado en la Universidad Nacional intervinieron representantes de las comunidades para exponer los desafíos que enfrentan en defensa de los bosques y el agua ante empresas mineras e hidroeléctricas que cuentan con el apoyo del gobierno.
La representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (Copinh), Rosalina Domínguez, lamentó que después del asesinato de la coordinadora de esa organización, Berta Cáceres, en marzo de 2016, la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) mantuvo las amenazas contra los demás dirigentes.
Siete personas, incluyendo dos ejecutivos de DESA, fueron condenados a penas de hasta 50 años de cárcel por el asesinato de la ambientalista.
Tatiana Lara, del comité prodefensa de La Tigra, una reserva forestal localizada a 15 km al este de Tegucigalpa, denunció que el gobierno aprobó un "acuerdo de regularización" que lo que busca es privatizar la áreas protegidas y las fuentes de agua a grandes empresarios.
"No dejemos que las transnacionales nos roben lo que es de nosotros", sentenció Mario Cruz, del Centro de Desarrollo Humano de la comunidad de La Paz.
Original: La Prensa Libre
