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Fotografias por: Seth Berry

En el exuberante valle del Bajo Aguán, los sucesivos conflictos por la tierra y el agua han dejado más de 150 personas muertas. Y la lucha no ha terminado todavía. La mina no se puede alcanzar desde la puerta del camino, que está custodiada por soldados que llevan M-16 y un capataz con casco y una escopeta en el pecho.

Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) a la Comunidad Nacional e Internacional, a las Organizaciones Nacionales e internacionales de Derechos Humanos, OACNUDH, CIDH, CONADEH, Secretaría de Derechos Humanos en Honduras, Sistema de Protección en Honduras. 

Fotografias por: Foro Nacional de Salud

Este día organizaciones sociales de El Salvador se pronunciaron en una conferencia de prensa como forma de rechazo a la ley aprobada por La Asamblea Legislativa de “restricción temporalmente de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19” que tendrá un plazo de 15 días.

Desde 2007, año en que Daniel Ortega asumió la presidencia, el acceso a la información pública ha sido negado a la ciudadanía, a pesar que este es un derecho humano establecido en la Ley 621 “Ley de acceso a la información Pública” de la Constitución Política de Nicaragua.

Esta ley promueve “la responsabilidad de los funcionarios públicos de suministrar la información y someter o exponer al escrutinio de los ciudadanos la información relativa a la gestión pública y al manejo de los recursos públicos que se le confían”.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica. Encontrándose abierto para su firma, ratificación o adhesión desde le 27 de septiembre de 2018 hasta el 26 de septiembre de 2019, por 33 países de América Latina y el Caribe.

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