En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.

Fotografias por: Prensa Comunitaria km.169

Los representantes de PLAN también entregaron la carta a la empresa en sus oficinas en la ciudad de Reno en el estado de Nevada este miércoles.

Pobladores de los municipios de Sabá, Trujillo y Tocoa, Colón, interpusieron hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 252-2013 que redujo la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botadores, para la construcción del proyecto minero ASP1 y ASP2 de Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

Pasaron dos años desde la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y el gobierno no hizo nada para cumplir el cierre técnico de minas en el país denunciaron organizaciones ambientalistas y sociales.

En consecuencia, el gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Güiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión señaló Rodolfo Calles representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES-.

Güiriseros, del cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, en la Unión

Dos años han pasado desde que se aprobó la ley contra la minería en El Salvador, pero el actual gobierno sigue sin llevarla a la práctica para interrumpir totalmente esta actividad. El ejecutivo sigue sin mostrar públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Güiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.

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