La falta de transparencia en compras estatales, el inadecuado manejo y respuesta sanitaria y la inminente crisis económica que se avecina han elevado la vulnerabilidad de los derechos humanos de la población centroamericana, reiteraron representantes de diversas organizaciones ambientalistas que se aglutinan en la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN).
Al reiterar el mensaje del primer posicionamiento post COVID-19, en abril pasado, las organizaciones expresaron en ese momento su preocupación ante los efectos a corto y mediano plazo que la crisis sanitaria ha provocado en la región y que afecta a las poblaciones más vulnerables.
Esta realidad en los últimos meses ha demostrado que sus valoraciones previas fueron acertadas y se evidencian en la falta de transparencia, la incapacidad en el manejo de la crisis y la negligente implementación de políticas sanitarias que solo están enfocadas en la prevención del riesgo, sin considerar las vulnerabilidades ya existentes de la población y que es la causa de las numerosas pérdidas de vidas.
Pedro Cabezas (CRIPDES, de El Salvador) señaló que, en general los gobiernos de la región no han tomado decisiones óptimas con la población y, por el contrario, están utilizando medidas que terminan violentando los derechos humanos, obviando medidas científicas y especializadas por intereses netamente políticos y partidarios.
“Hay una corrupción generalizada en los cuatro países de cómo se están utilizando los fondos para la pandemia, corrupción que solo beneficia a pequeños grupos de poder que están en alianzas con los gobiernos, que se benefician de las ayudas, sin que esto llegue a las comunidades. Y los gobiernos están entrando en estados de deuda, prestando fondos para mitigar la pandemia de manera irresponsable e inconsulta”, explicó.
Este endeudamiento exagerado de los gobiernos centroamericanos, señalan las organizaciones ambientalistas, repercutirá en la Deuda Pública y, por tanto, tendrá un impacto devastador para las políticas sociales que se verán en las próximas décadas.
Mientras, Luis González (UNES) en específico señaló la crisis del agua en El Salvador y cómo su escasez impacta el derecho humano de grandes mayorías, que luchan por la aprobación de una Ley General de Agua y Saneamiento, con una visión social inclusiva y de gestión pública.
“En el contexto del COVID-19, que demanda del uso del agua, es inaceptable. Una característica del gobierno del presidente Nayib Bukele es que ha sido antagónico con los otros poderes del Estado y este constante choque no permite resolver problemas que afectan a diario a la población. Y qué ha hecho, pues concentrar poder y esto ha tenido efectos negativos, como los despidos masivos de empleados gubernamentales; desmantelamiento de la red de salud y bienestar social y una militarización de la sociedad, que es similar a lo que ocurre en Nicaragua”, manifestó.
Este tipo de manejos en la “nueva normalidad” aparece el espectro de las viejas dictaduras en la Región CA4, señala ACAFREMIN, pueden desatar aún más violaciones a los derechos humanos a las que los pobladores fueron sometidas en las décadas de las décadas de los sesenta a los ochenta. En ese contexto, es necesario recordar las épocas de dictadura y que fue la lucha organizada de la población que demando la democratización de la región, pero ahora, parece estar en un situación de involución.
Hazel Torres (Centro Humboldt, de Nicaragua) reafirmó que durante el año 2020 continúa en una crisis socio-política y una disminución de la protesta ciudadana debido a la alta criminalización que persiste contra los defensores de derechos humanos y territorios, por diversos causas que van desde los recursos naturales hasta la industria extractiva de la minería metálica.
“Se ha implementado la criminalización de los movimientos sociales y la militarización de la sociedad, sobre todo en los territorios de extracción minera, que lo ejercen agentes policiales y paramilitares que anulan todo esfuerzo de protesta pública. Asimismo, hay un descontento general de la población por la falta de acceso a la información sobre todo de los tomadores de decisiones, que no toman en cuenta la vulnerabilidad ambiental, social y ecológica de los territorios y los bienes naturales”, acotó.
En cuanto a la situación de Honduras, Pedro Landa denunció que el Gobierno continúa incumpliendo sus obligaciones y derechos primordiales como el agua, y que en el contexto del COVID-19 se han tomado decisiones arbitrarias.
“Otro de los problemas que está enfrentando la población hondureña es la militarización de la emergencia sanitaria por COVID-19, que inició con brigadas de bolsas solidarias que era llevar alimentos a la población y ahora, bajo este pretexto, están haciendo control poblacional y debilitando el papel de las personas defensoras de derechos humanos. Y hay situaciones gravísimas como el asesinato de defensores ambientalistas, que se oponen a la extracción de metales preciosos en las zonas fronterizas con El Salvador”, expresó.
Por su parte, Julio González (Madre Selva, de Guatemala) en su alocución señaló que en los últimos 150 años estos procesos sociales en Centroamérica están vinculados a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que de forma directa han aplicado intervenciones directas, golpes de Estado y políticas de contrainsurgencia contra el movimiento social.
“Ahora llegamos a esta etapa de la pandemia (COVID-19), en donde hay golpes de Estado técnicos; es decir, la apropiación de los poderes del Estado por parte de los intereses económicos a partir de los años noventa. Es la doble agenda neoliberal que da apertura al modelo extractivo y lograr la generación de migraciones masivas, por el efecto del cambio climático de nuestros países a Estados Unidos, el aumento de la pobreza y el conflicto socio ambiental, con un Estado debilitado, que se enmarca desde la privatización de los servicios básicos”, resumió.
Ante esta situación, ACAFREMIN invitó a la comunidad internacional a actuar con urgencia y activar mecanismos de asistencia humanitaria, que permitan brindar a la brevedad la debida atención a las familias de la región centroamericana; a los Estados y gobiernos centroamericanos a terminar con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas y respete el derecho a defender la preservación de territorios, el agua, el bosque y la vida.
Original: Diario CoLatino
