Organizaciones y redes ambientalistas hacen un llamado al Gobierno de El Salvador a firmar, ratificar e implementar el <<Acuerdo de Escazú>> que tiene como propósito principal, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación publica en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y proteger a las personas defensoras del ambiente.
A dos días del cierre del plazo para firmar el primer instrumento global que garantiza la democracia ambiental en los territorios y la protección para defensores y defensoras de los bienes comunes naturales, las alianzas y redes ambientales hacen un llamado claro en la deuda que el Estado tiene principalmente con personas defensoras de la tierra y agua y aquellas comunidades que a diario se enfrentan con proyectos ilegales de explotación de los bienes naturales, al no brindar ningún posicionamiento público con el seguimiento para la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.
“En este momento El Salvador es de los pocos países que ni siquiera ha dado a conocer su posición oficial, no conocemos cuál es la postura de las administraciones del Gobierno actual, no ha habido ninguna manifestación pública de parte de ninguna persona servidora de este Gobierno, mucho menos del ciudadano presidente, Nayib Bukele”, expuso Cesar Artiga, representante del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador.
Las y los referentes de las diferentes organizaciones ambientales, hicieron énfasis que Latinoamérica y el Caribe son las regiones más peligrosas para personas que se oponen a empresas que saquean y hacen un uso indiscriminado del agua y la tierra.
Artiga mencionó que se debe honrar el compromiso, que para el año 2014 El Salvador estuvo de manera consistente acompañando la negociación para que dicho acuerdo tuviera la naturaleza que hoy en día tiene y se comprometió a dar su firma.
Por su parte, Morena Murillo, mujer defensora e integrante de La Alianza Contra La Privatización del Agua, menciona que es cierto que se tiene la Ley de Medio Ambiente pero no se está cumpliendo en el país: “necesitamos el Acuerdo de Escazú para garantizar en un primer momento la participación y la contraloría al que tenemos derecho las y los ciudadanos, no pueden tomar decisiones empresarios y funcionarios sin haber consultado; se debe incluir la participación de las personas que pueden ser afectadas en los proyectos de carácter extractivos”.
“La ciudadanía tiene que saber qué proyectos se están haciendo en sus territorios” Acotó.
Original: Vanguardia
