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En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica. Una ley aprobada por amplia mayoría vetó las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo.

 El informe “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblso y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional“, realizado por Jen Moore y Manuel Pérez Rocha y editado por Mining Watch, Institute for Policy Studies y Center for International Environmental Law-CIEL, 

 “La civilización del capital, un orden que viola masivamente los derechos fundamentales, que hace de la universalidad de los derechos humanos una burla sangrienta, que requiere de la muerte y de la opresión de muchos para la dominación y libertad aparente de unos pocos”. Ignacio Ellacuría, escritor español.

La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM - Defensoras) reportó que, en el 2012, las defensoras de la tierra y el territorio fueron las más violentadas, con un 38% (157) de las agresiones reportadas ese año. En el 2014 la tendencia continuó siendo la misma, con un 38% de agresiones; seguidas por las mujeres que defienden el derecho a la participación política y comunitaria, con un 17% (IM - Defensoras, 2015).

La remediación de los efectos causados por la minería en el Río San Sebastián, en el municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, sigue pendiente por parte del Estado, eso reveló un informe realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Milagro Guevara, Adjunta de Medio Ambiente de la PDDH señaló que, según el informe, el tema presupuestario es una de las principales limitantes. “La visión de supervisión por parte del Estado debe trascender por exigir a las empresas el respeto a los derechos humanos”, señaló.

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