En la misérrima cárcel de Cobán, cabecera administrativa del departamento guatemalteco de Alta Verapaz, el líder indígena Bernardo Caal cumple desde la semana pasada los 7 años de prisión a los que ha sido condenado por un tribunal local.
Caal, detenido en enero por desafiar los planes de construcción de dos de los proyectos hidroeléctricos más descomunales de todo Centroamérica, ha sido acusado de retención ilegal, robo e instigación a delinquir a los trabajadores de una de las empresas que levantan las centrales.
Pero la inquietud por la falta de garantías en este juicio, y de otros con cargos similares, es palpable. Comunidades indígenas y organizaciones civiles internacionales tratan ahora de impugnar un proceso plagado de irregularidades. No les resultará sencillo porque la justicia en Guatemala es un espejismo pese al propósito de enmienda que se promulgó en los Acuerdos de Paz que en 1996 pusieron fin al genocidio maya instigado por las oligarquías locales.
Poco ha cambiado la cosa en estos 22 años. El actual régimen presidido por el humorista Jimmy Morales, una caricatura bufa de Beppe Grillo revestida con el racismo evangelista de Jair Bolsonaro, sigue entregando los inmensos recursos naturales que el país guarda en el subsuelo a empresas mineras, madereras o eléctricas que reparten prebendas para garantizarse fidelidades en todas las estructuras del Estado. Sólo entre enero y julio de este año se verificaron 137 agresiones y 21 asesinatos de líderes indígenas que protestaban contra la depredación industrial en uno de los parajes más bellos de la Tierra pero hasta ahora nadie ha pagado por ello. Una de las empresas que se reparten el botín guatemalteco es Cobra, empresa subsidiaria de ACS de Florentino Pérez.
Cobra participa en la construcción del megacomplejo hidroeléctrico Renace, seis represas en cascada sobre el río Cahabón con túneles de conducción del agua que cruza el departamento de Alta Verapaz amenazando el ecosistema de la región y la vida de una población que, a pesar de la prosperidad que les prometieron, subsiste con dos euros al día y casi sin luz eléctrica en sus humildes hogares. Bernardo Caal se rebeló contra todo esto. Fue detenido y enviado a la cárcel de Cobán, una ratonera inmunda empaquetada con alambre de espino donde 387 presos se hacinan bajo un sol inmisericorde.
Visitarle no resulta difícil si uno acompaña a su letrado y le surte de algo de comida. La fruta es un producto de lujo dentro de los muros de un presidio sin forma ni orden, muy parecido a una perrera. Los reclusos, algunos semidesnudos, conforman un tráfago bullicioso de narcotraficantes, maras, violadores, ladrones y asesinos. Pero los adjetivos habría que reservarlos para otros paisajes y otras miradas que transmitan algo más de compasión. Porque la prisión de Cobán tiene toda la pinta de ser una subasta para la supervivencia. El ambiente está tan cargado de crueldad que deja al visitante helado, sin voz, con la mente atónita aunque la memoria no cese de grabar. Son poco más de las 11 de la mañana y un policía llama a voz en grito a Bernardo Caal para que salga al patio del módulo donde se encuentra recluido. Tiene visita. La entrevista se realiza cuatro días antes de conocerse la sentencia –7 años y cuatro meses de cárcel– a la vista de los vigilantes y bajo el escrutinio indisimulado del resto de los presos. La luz es dura, el calor intenso. Caal de pie en el patio, agarra con sus manos los barrotes y habla pausado.
¿Quién es Bernardo Caal?
Estoy casado, con dos hijos de 10 y 12 años. Soy maestro de primaria que impartía clases a niños y niñas en la escuela de Cahabón y líder comunitario maya que’chí, defensor del río Cahabón en Alta Verapaz. Soy un preso político por denunciar el secuestro de los ríos que hacen las grandes corporaciones, por declarar que los están matando. Y lo voy a seguir haciendo, denunciando lo que acontece al pueblo Q’eqchí, el saqueo de nuestro territorio.
Usted está encarcelado desde enero, ¿de qué le acusan?
De retención ilegal, robo e instigación a delinquir pero yo lo único que he propuesto a las autoridades es realizar una consulta sobre la hidroeléctrica, algo que Guatemala aceptó al ratificar el artículo 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. El artículo 6 lo dice claramente: “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Pero el gobierno de Jimmy Morales lo incumple.
¿Cree que Guatemala está en manos de las grandes corporaciones?
Es que nunca lo perdieron. Los preparativos de este despojo que estamos sufriendo comenzó antes de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. La minería, los madereros, las eléctricas. Las grandes transnacionales llegan aquí a explotar los recursos naturales y no dejan ni un 1% de los beneficios que obtienen. Los acuerdos del 96 sólo sirvieron para legalizar el continuismo de la dictadura porque las mismas familias siguen acaparando tierras, recanalizando ríos y talando bosques enteros. Y ahora conforman alianzas con empresas como Cobra cuyo propietario es Florentino Pérez. Pero maneja mucho poder. ¿Quién soy yo para enfrentarlo? Un hombre chiquito al que lo único que le queda es contar lo que este señor está haciendo en Guatemala y que se conozca en España.
¿Tiene esperanza de que termine imponiéndose la justicia?
No tengo esperanza, la verdad, porque me enfrento a un monstruo. La imagen que las autoridades tratan de crear sobre mí es la de un criminal. La semana pasada me dijo el juez en la audiencia que él es el Estado. El mismo Estado que está otorgando las licencias que empresas como la de Florentino Pérez y otras utilizan para quitarnos nuestros recursos y sumergirnos en la pobreza.
¿Hay miedo a la protesta?
Por supuesto que hay miedo. Mi caso es el ejemplo de lo que le espera a quien proteste: O la cárcel o la muerte. Porque aquí se mata a líderes comunitarios que tratan de organizar a sus pueblos, que se informan y que buscan la mejor solución para unas comunidades cuya organización es anterior a la llegada de los españoles.
Y, ¿cuál es la solución en estas circunstancias?
Para nosotros los ríos son sagrados. Está en el Popol Vuh, el libro del consejo del pueblo Q’eqchí y cuya parte mitológica se desarrolla precisamente en el río Cahabón, el mismo río que ahora nos quiere robar Florentino Pérez. Eso supone la destrucción de nuestra cultura y nuestra historia. Imagine que lo hiciera en el río Nilo o en el Jordan. ¿Cómo cree que reaccionarían Egipto e Israel? ¿Piensa que le permitirían apropiarse de sus ríos sagrados? Seguro que no. Para mi pueblo es una etapa muy dolorosa.
¿Hay presiones para que capitulen?
Sí. A mí me quitaron la plaza de maestro cuando propuse la consulta sobre la hidroeléctrica. Como eso no me intimidó me llevaron a la cárcel. Como castigo y para silenciarme. Quieren que salga muerto de aquí, acabado completamente, pero tengo fuerza. Me queda el respaldo del pueblo q’eqchí. Tengo muy claro que es más valioso el río Cahabón que lo que yo pueda estar sufriendo en la cárcel.
¿Teme por su vida?
Ya estoy en prisión. ¿Qué más miedo puedo tener? ¿Qué me maten aquí dentro? No, he perdido el miedo a la muerte. Me dedico a leer. Escribo cartas para que las lean en el exterior, a veces, hago un poco de ejercicio. Alguna vez viene a verme alguna organización de derechos humanos, toman apuntes y se van. No tengo más contacto con el mundo exterior. Pero sigo convencido de que sólo una alianza internacional por la solidaridad salvará a nuestros pueblos de la codicia del neoliberalismo.
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