Hoy, las empresas mineras son uno de los sectores más corruptos y simultáneamente, uno de los principales violadores de los derechos humanos individuales y colectivos.
El Estado de Guatemala y sus tres pilares: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a partir de 1997 (gobierno de Álvaro Arzú) sin consultar a comunidades y violando marcos de derechos nacionales e internacionales, decidió ponerse al servicio de la explotación minera de recursos metálicos al regalarlos bajando las regalías del seis al uno por ciento (Decreto 48-97). Legalmente le abrieron las puertas a las corporaciones, que junto a la corrupción estatal, han convertido en millonarios a los últimos Ministros de Energía y Minas, alcaldes, burocracia municipal y nacional, y algunos miembros de la prensa.
Hoy, las empresas mineras son uno de los sectores más corruptos y simultáneamente, uno de los principales violadores de los derechos humanos individuales y colectivos. Irónicamente son trasnacionales de capital canadiense, estadounidense, europeo o asiático que en sus países no podrían defender el derecho al trabajo a costa del derecho a la vida humana, vegetal o animal; presionar a las cortes con la impunidad con la que aquí lo hacen; comprar jueces, periodistas, hacer ‘lobby’ a través de sus embajadas, dividir poblaciones al proveer empleos raquíticos a algunos miembros de la región, destruir viviendas, promover el conflicto, la mentira usando la propaganda, para finalmente dejar el uno por ciento de impuestos sobre producción bruta.
La destrucción minera en los 108 mil kilómetros cuadrados que posee Guatemala no tiene precedente en la historia. Precisamente, la guerra que han iniciado las corporaciones en Guatemala contra comunidades, motivó la visita de cuatro mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz a los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, y a Mataquescuintla en Jalapa para escuchar a comunidades y alcaldes.
Las nobel Rigoberta Menchú (1992), Jody Williams (1997), Shirin Ebadi (2003) y Tawakkol Karman (2011) escucharon a mujeres, jóvenes, familias, comunidades y alcaldes –quienes dignamente devolvieron las regalías a la empresa– y les mostraron impactos ambientales, físicos, emocionales, económicos y sociales de la mina en sus comunidades. Enfatizando que el gobierno de Jimmy Morales y el sistema de justicia defienden a las trasnacionales y advirtiendo que ante la criminalización de que son objeto, están dispuestos a dar la vida para defender sus territorios.
Noticia Publicada en El Periodico
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