El acuerdo gubernamental de declarar estado de sitio en 22 municipios de Guatemala con el supuesto fin de combatir el narcotráfico, genera hoy rechazo por sus consecuencias para los territorios originarios y líderes.
De acuerdo con la recién creada Plataforma para la Defensa de la Tierra y el Territorio, la medida afectará la cotidianidad de muchos pobladores y no asegura los derechos para construir un mundo justo y equitativo desde la salud, la educación, la participación y la paz.
En particular, advierten que en los 30 días que durará el estado de sitio, los líderes comunitarios con órdenes de captura podrían ser llevados ante tribunales, a pesar de no tener ningún vínculo con los hechos violentos que causaron la muerte de tres soldados, pero también de varios pobladores de la zona de El Estor.
Sobre estos últimos, el gobierno no ha dicho palabra alguna, ni tampoco los medios de prensa oficialistas que repiten una versión aún confusa, pues testigos afirman que los soldados dispararon primero a los comunitarios.
'Con la decisión presidencial se busca asegurar el control territorial donde las comunidades se oponen al desarrollo capitalista a través de empresas transnacionales extractivistas', la principal base del conflicto de tierras en todo Izabal y en El Estor', recordó la Plataforma.
A juicio de Omar Jerónimo, de la organización Nuevo Día e integrante del movimiento, en 2018 se registraron 292 casos de agresión y 26 asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, una cifra que podría dispararse con la entrada en vigor de las restricciones constitucionales.
Para Carlos Morales, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, es preocupante la criminalización y persecución del movimiento social, pues con el acuerdo gubernativo 01-2019, esta tendrá carácter legal.
En su opinión, el gobierno de Jimmy Morales busca imponer los intereses de empresas extractivas de capital transnacional y la criminalización de la protesta social.
'Mientras la justicia no llega, el Estado y el gobierno no implementan acciones para acabar con la injusticia, el hambre, el respeto a la madre naturaleza y los derechos humanos', denunció Carlos Morales.
El temor se extiende, además, a los posibles desalojos y despojos por conflictos agrarios derivados del problema de la distribución y el acceso a la tierra en esa región, explicó por su parte el diputado del partido Convergencia, Leocadio Juracán, uno de los pocos que en los debates ayer del Congreso puso al desnudo las causas de la situación actual.
'Este problema confronta a sectores económicos y clases sociales, afectando de manera directa a las familias campesinas', precisó en el lanzamiento de la Plataforma.
A esta se suman, también, el Comité Campesino del Altiplano, el Comité de Desarrollo Campesino, la Central Campesina Chortí 'Nuevo Día', la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquin, y la Coordinación de ONG y Cooperativas Congcoop, todos miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a Tierra.
Nota Original: Prensa Latina
