El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, criticó hoy el uso de la fuerza por el Gobierno de Guatemala, tras el estado de sitio impuesto en varios municipios de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
A juicio de Rodas, la militarización solo agudiza el clima de tensión social en El Estor, Morales y Livingston (Izabal), así como en Panzós y Santa Catalina La Tinta (Alta Verapaz), al tiempo que, dijo, no se corresponde con las normas de gobernanza prescritas en la Constitución.
'La situación en esos municipios es producto del abandono histórico del Estado y no se soluciona con la restricción de garantías constitucionales. Las medidas de fuerza afectan principalmente a los pobladores de la subregión, mayoritariamente Queqchí', advirtió en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Rodas llamó a crear un clima democrático de gobierno en que la acción punitiva sea la última opción y recordó que la historia de Guatemala está llena de este tipo de decisiones cuyas consecuencias no han sido la resolución ni transformación de los conflictos.
La restricción de garantías no debe usarse como mecanismo para esconder la grave crisis de salud, economía y gobernabilidad que vive el país, puntualizó.
Asimismo, pidió al Congreso improbar el decreto 13-2020 porque no soluciona problemas de fondo, como ya ocurrió en los municipios Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en el departamento de Sololá.
Otras organizaciones indígenas y defensoras de los derechos humanos también se pronunciaron en contra de la decisión tomada por el presidente Alejandro Giammattei y su gabinete este domingo.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos recordó que el argumento de este nuevo estado de sitio es el mismo que otros, la supuesta presencia de grupos del crimen organizado que cometen ilícitos, pero en realidad lo que se persigue, precisó, es reprimir a las comunidades de la zona, activas en el rechazo a proyectos extractivos y de monocultivos.
Casualmente, apuntaron, la medida se toma pocos días después de que una resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad suspendiera el proyecto minero de la empresa CGN-Pronico a favor de la Gremial de Pescadores, una sentencia considerada como histórica.
Por su parte, el periódico digital Nómada rememoró que las comunidades de la zona sur de El Estor están rodeadas de 32 kilómetros cuadrados de plantaciones de palma africana de Naturaceites, parte del gremio empresarial que hoy celebró el estado de sitio.
Sin embargo, regadas allí hay 37 aldeas en pobreza y extrema pobreza, tuiteó en su cuenta la periodista Jody García, quien el pasado año, durante el gobierno de Jimmy Morales, documentó que el efecto principal de este tipo de restricciones fue neutralizar a la organización comunitaria que se opone a megaproyectos.
'La situación en esos municipios es producto del abandono histórico del Estado y no se soluciona con la restricción de garantías constitucionales. Las medidas de fuerza afectan principalmente a los pobladores de la subregión, mayoritariamente Queqchí', advirtió en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Rodas llamó a crear un clima democrático de gobierno en que la acción punitiva sea la última opción y recordó que la historia de Guatemala está llena de este tipo de decisiones cuyas consecuencias no han sido la resolución ni transformación de los conflictos.
La restricción de garantías no debe usarse como mecanismo para esconder la grave crisis de salud, economía y gobernabilidad que vive el país, puntualizó.
Asimismo, pidió al Congreso improbar el decreto 13-2020 porque no soluciona problemas de fondo, como ya ocurrió en los municipios Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en el departamento de Sololá.
Otras organizaciones indígenas y defensoras de los derechos humanos también se pronunciaron en contra de la decisión tomada por el presidente Alejandro Giammattei y su gabinete este domingo.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos recordó que el argumento de este nuevo estado de sitio es el mismo que otros, la supuesta presencia de grupos del crimen organizado que cometen ilícitos, pero en realidad lo que se persigue, precisó, es reprimir a las comunidades de la zona, activas en el rechazo a proyectos extractivos y de monocultivos.
Casualmente, apuntaron, la medida se toma pocos días después de que una resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad suspendiera el proyecto minero de la empresa CGN-Pronico a favor de la Gremial de Pescadores, una sentencia considerada como histórica.
Por su parte, el periódico digital Nómada rememoró que las comunidades de la zona sur de El Estor están rodeadas de 32 kilómetros cuadrados de plantaciones de palma africana de Naturaceites, parte del gremio empresarial que hoy celebró el estado de sitio.
Sin embargo, regadas allí hay 37 aldeas en pobreza y extrema pobreza, tuiteó en su cuenta la periodista Jody García, quien el pasado año, durante el gobierno de Jimmy Morales, documentó que el efecto principal de este tipo de restricciones fue neutralizar a la organización comunitaria que se opone a megaproyectos.
Original: Prensa Latina
