Más de 500 años después, empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas y agroindustriales, muchas de ellas de capital español, representan hoy para los pueblos indígenas la nueva cara de una colonización que les sigue despojando de sus territorios y sus derechos.
Los conquistadores de antaño se llamaban Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Francisco Pizarro o Sebastián de Belalcázar y, junto a miles de hombres, llegaron a América Latina con armadura y lanza. A 528 años de la llegada de Colón, los nuevos colonizadores son grandes empresarios, visten traje y corbata y entran en los territorios indígenas con retroexcavadoras. Como ocurrió antes, en nombre del desarrollo, siguen atropellando los derechos de los pueblos indígenas, esta vez con la complicidad de Gobiernos y Estados supuestamente democráticos.
"Florentino Pérez es un monstruo", sentencia María Josefina Caal Xol, lideresa maya q'eqchi' en Guatemala y hermana de Bernardo Caal Xol, criminalizado y condenado a más de siete años de cárcel por liderar el proceso contra las hidroeléctricas en el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz) OXEC y Renace, esta última con capital del Grupo ACS de Florentino Pérez. "Es un asesino de ríos que ha violentado el derecho de los pueblos indígenas y encarcelado a un hombre inocente. Lo que nos ha hecho a los pueblos originarios no tiene perdón".
"Lo que para él son miles de millones de euros, para los pueblos indígenas representan los ríos, los cerros, la vida. A Florentino Pérez le diría que intente ser humano y considerarse como parte de la naturaleza, no dueño de ella", explica Isabel Matzir, compañera de lucha y de vida de Bernardo Caal Xol.
Cobra, empresa filial de ACS, es la responsable de secar el río Cahabón del que vivían las 30.000 personas del pueblo maya q'eqchi' en la región de Alta Verapaz, en Guatemala. La canalización del río para la construcción de un complejo hidroeléctrico de generación de energía provocó la pérdida de caudal y les dejó sin apenas agua. "Gobiernan como lo hicieron desde la colonia, sobre la base del escarmiento. Creyeron que con encarcelar a Bernardo acabarían con el movimiento, pero ha sido todo lo contrario, la gente ha retomado el espíritu de lucha y sigue defendiendo su territorio", dice Julio González del colectivo ecologista Madre Selva.
El nuevo colonialismo criminaliza a defensores y defensoras de derechos humanos de toda Latinoamérica, rostros que muestran cómo el pensamiento hegemónico sigue vigente a través de la extracción de sus recursos naturales.
El caso de Bernardo Caal Xol es el más emblemático, pero hay otros sucesos de líderes y lideresas indígenas que están en la diana por defender el territorio, muchos de ellos en Guatemala. Lo dice el reciente informe Defendiendo el Mañana de la Organización Global Witness, y lo sabe bien Lesbia Artola, defensora maya q'eqchi' del Comité Campesino del Altiplano, también en Alta Verapaz, con tres causas abiertas. La acusan de coacción, destrucción de la propiedad privada, crimen organizado y usurpación. "No hay nada concreto, supuestamente había una investigación por parte de la DEA que nos vincula con el crimen organizado y el narcotráfico. Todavía no sé qué es lo que me puedan hacer", señala la lideresa.
Para Lesbia, su único delito ha sido defender la tierra del despojo que sufren sus comunidades por las grandes empresas. "Luchamos por nuestros derechos históricos, porque sin tierra no hay vida y sin agua tampoco. Si dejamos que acaben con los ríos y con la riqueza natural, esto va a ser un colapso a nivel mundial. Para nosotros la tierra es sagrada, los ríos son sagrados: sienten, se secan y eso no lo entiende el gran empresario".
"Comunidades enteras fueron concesionadas sin que tuvieran información oficial por parte del Estado"
La región de Alta Verapaz es uno de esos cientos de casos de región empobrecida. Sus comunidades no tienen luz, lo que supone una paradoja, pues es uno de los departamentos con más hidroeléctricas. También el Estado de Oaxaca, en México, un territorio con la mayor biodiversidad del país, producto del cuidado histórico de los pueblos y las comunidades que lo habitan, fue empobrecido.
"Hay comunidades donde la totalidad de su territorio fue concesionado sin que tuvieran información oficial por parte del Estado", destaca Neftalí Reyes, integrante de EDUCA, una organización que acompaña a pueblos y comunidades indígenas y campesinas en México. "Estas empresas limitan el derecho de las comunidades a decidir, a la libre determinación, a la autonomía y, en los casos más graves, a un ambiente sano y una vida en paz".
Neftalí cuenta que en los últimos 15 años para todo el territorio de México y, particularmente en Oaxaca, hay planeados unos 40 proyectos mineros de explotación de plata y oro, sin consentimiento de las comunidades y conllevando una contaminación de los ríos, como en el caso de la de la minera canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso. Una concesión que abarca 180.000 hectáreas, otorgada por 50 años. En este caso, las autoridades locales dieron el permiso alegando a la comunidad que iban a construir una escuela en esa zona.
"Las comunidades en sí mismas no son pobres, han sido empobrecidas por las políticas del Gobierno federal y estatal. A la par se suma todo un proceso de colonización de 500 años; entonces los proyectos mineros, de energía eléctrica, eólicos..., están siendo impulsados con la lógica de que si tenemos muchos recursos y estamos empobrecidos pues que vengan a invertir y así vendrá el desarrollo, lo cual es una mentira porque lo que ha sucedido es todo lo contrario", matiza el integrante de EDUCA.
"En México el Estado se ha construido por el proyecto nacionalista criollo blanco"
Para Yásnaya Elena Aguilar, activista de derechos lingüísticos e investigadora ayuujk, el extractivismo de las empresas transnacionales es la misma cara del colonialismo, pero esta vez implementada por los propios Estados, que son quienes hacen las concesiones. "En México el Estado se ha construido por el proyecto nacionalista criollo blanco".
