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Tegucigalpa - La protesta de pobladores contra la minera Inversiones los Pinares, en el departamento de Colón, Caribe de Honduras, que cumple hoy 38 días, dejó este viernes una persona herida de bala y un vehículo quemado.

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La protesta terminó este viernes enfrentando de manera violenta a pobladores que se oponen al proyecto con los que están a favor, y a empleados de la minera.

La violencia se desató cuando un grupo de pobladores del municipio de Tocoa intentó bloquear la carretera para exigir al Gobierno "la inmediata cancelación" del proyecto minero, indicó el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en un comunicado.

Según medios hondureños de prensa, los pobladores a favor de la minera Inversiones los Pinares, de capital hondureño, y empleados de la misma intentaron impedir la protesta, lo que provocó un enfrentamiento que dejó como saldo un poblador opositor herido de bala y un auto de la empresa quemado.

"El pueblo sigue firme en su lucha pacífica, la provocación gubernamental y empresarial está desencadenando una realidad lamentable", añade el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

Enfatiza que, a 38 días de la protesta, la minera "ya empezó a destruir los ríos San Pedro y Guapinol", por lo que "la situación alcanza un momento álgido".

Los empleados de la minera ocupan la calle hacia el campamento montado por el movimiento social que pide la cancelación de la concesión y "amenazan con no dejar pasar más gente de afuera", agrega el Comité.

"La confrontación se ha abierto entre vecinos de las comunidades, sectores y municipio entre quienes están a favor de la empresa y quienes en contra", señala.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos indicó que la "relación entre la empresa minera y su gente, frente al movimiento social es tensa y muy delicada".

Indicó que durante los últimos cinco años "ha corrido en complicidad con el gobierno Municipal, el tejido social con ayudas y dádivas a dirigentes y grupos".

Ese comité fundamenta su lucha "en la defensa del derecho humano al agua", por lo que a mediados de agosto exigieron a una comisión del Gobierno que se "cancele los proyectos concesionarios porque vale más la vida del pueblo que la ganancia de una empresa".

Además, responsabiliza al Gobierno de Honduras y a las autoridades municipales de Tocoa por "su vinculación a la minería" y a la empresa minera Inversiones Los Pinares "por la crisis social y hechos violentos que puedan ocurrir".

Los manifestantes también exigen "derechos" y "rechaza la violencia gubernamental y empresarial en estamos viviendo".

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