El alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, insiste en la realización de un plebiscito vía Congreso Nacional con regulación del deslegitimado Tribunal Supremo Electoral TSE, para solucionar el conflicto que ha desatado la instalación de una empresa minera Inversiones Los Pinares.
La ciudadanía de Tocoa, lleva meses exigiendo a la corporación municipal la realización de un cabildo abierto para declarar el municipio libre de explotación minera. A través de caminatas, plantones, caravanas y de un campamento de resistencia han dejado claro su rechazo a la instalación de la empresa minera propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé, en la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras.
En los trabajos de apertura de calle en el sector La Ceibita, la empresa ha provocado daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. Se estima que en el núcleo del parque nacional Escaleras, el Estado de Honduras ha otorgado al menos seis concesiones mineras. Dos de ellas están en manos del empresario Lenir Pérez.
A la fecha, el conflicto ha provocado el asesinato de tres personas, 18 líderes comunitarios criminalizados, acusados por los delitos de usurpación y daños y más de 20 desplazados por amenazas a muerte. Dos de las personas asesinadas eran parte del ejército hondureño.
El alcalde, por miedo y presiones, más que por responsabilidad, propone la realización de un plebiscito para consultar al pueblo si quiere o no la explotación minera. Las presiones las ejercen las comunidades organizadas quienes se oponen a la minería, algunos simpatizantes de su partido Libertad y Refundación y su coordinador Manuel Zelaya Rosales.
Sin embargo, la población aglutinada en el Comité Ambiental Municipal rechaza la propuesta del alcalde. “No creemos en consulta regulada por un ente corrupto como el Tribunal Supremo Electoral”, expuso Esly Banegas dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Copa. Ella es del criterio que el Tribunal es responsable del fraude electoral más grande en la historia de Honduras, que ha dejado como presidente a Juan Orlando Hernández.
Además, un plebiscito vía Congreso Nacional podría tardar meses incluso años en aprobarse, explicó el abogado Allan Alvarenga de la Fundación San Alonso Rodríguez, organización parte del Comité Ambientalista. Para el abogado, las autoridades han cometido abuso de autoridad al conceder permisos o licencias a empresas extractivas sin consultar a las comunidades afectadas.
Un plebiscito improcedente
La figura del plebiscito municipal está contemplada a partir del artículo 18 al 32 en la Ley de Municipalidades, referente a los mecanismos de consulta popular. Este tipo de consulta tiene rango constitucional porque surge a partir de una reforma al artículo 5 de la Constitución de la República.
El debate se centra en la naturaleza de este tipo de consulta. Un plebiscito se emplea cuando ninguno de los poderes constituidos por el Estado ha tomado decisiones sobre la temática o situación a consultar.
En el caso de las concesiones mineras, existen instituciones o secretarias como Mi Ambiente, Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, y el Instituto de Conservación Forestal ICF, que ya decidieron. Es decir, las concesiones fueron aprobadas por un poder constituido; el Ejecutivo.
“Bajo este análisis un plebiscito en Tocoa, sería improcedente, y corre el riesgo de convertirse en herramienta a favor de la empresa minera”, dice el ambientalista e investigador Pedro Landa, asegurando que, si los resultados de la consulta son a favor de las comunidades, el dueño de la minera Inversiones Los Pinares puede con facilidad puede impugnarlos, argumentando que no existe validez porque no procede hacer un plebiscito con concesiones ya otorgadas.
Juego político
En sesión de corporación municipal desarrollada el 08 de noviembre, los regidores y el alcalde mostraron ante el Comité Ambientalista desconocimiento de la problemática. Comenzaron a expresar que las concesiones fueron otorgadas en otro gobierno, y que ellos no son responsables. Incluso se atrevieron a decir que temen realizar un cabildo abierto o una consulta porque no quieren enfrentar consecuencias legales o sanciones administrativas.
Antes de comenzar la reunión llegó el regidor nacionalista Redín Lenin Chávez, acusado en Caso Pandora, uno de los casos de corrupción más sonado en el país. El funcionario dijo que son pocas las personas que se oponen a la minería en el municipio. Que desde la alcaldía nada se puede hacer porque hay leyes nacionales que promueven la inversión privada en las comunidades y tienen respetarse.
Por su parte el alcalde Adán Fúnez, durante la reunión se mantuvo firme en su propuesta de realizar un plebiscito, que puede ser con intervención del Congreso Nacional y TSE o garantizado desde la alcaldía. Él nunca se apartó de su teléfono celular e incluso para contestar las preguntas realizadas por el Comité leía textualmente lo que estaba en su móvil. Dando pie a interpretar que estaba en comunicación con sus asesores. Los nervios del alcalde también participaron en la reunión.
Al finalizar la reunión las autoridades acordaron una nueva reunión para definir qué mecanismo es el adecuado para consultar a la gente. El comité abandonó la sala de reuniones recalcando que su única demanda es la declaratoria como territorio libre de minería a través de cabildo abierto. El Comité también expresó su sospecha que las autoridades podrían dar largas al asunto, para jugar políticamente con el cansancio de la ciudadanía en lucha.
En Toque de Queda
Cuando cae la noche, el miedo invade a las familias de Guapinol quienes públicamente se declararon en contra de la minera. Un ladrido de perro, un carro en movimiento o la velocidad de las motocicletas en las calles son suficientes para que la gente pierda el sueño y esté a la defensiva. En una comunidad donde según sus vecinos y vecinas reinaba la tranquilidad y la alegría.
Luego de los desalojos violentos registrados el 27 y 28 de octubre del año en curso, militares y policías se han apoderado de la zona. Ha incrementado la presencia de trabajadores de la empresa minera y de maquinaria para seguir con los trabajos de explotación. Mientras se realizaba la sesión de corporación municipal con el Comité Ambientalista, la población se manifestaba a las afueras del edificio municipal, el empresario aprovechó a subir doce volquetas para continuar con su objetivo de explotar el cerro, según denuncia la ciudadanía.
“Nos auto recetamos Toque de Queda”, fue la primera expresión de Dalila Argueta, al consultarle cómo está el ambiente de Guapinol, a raíz de la instalación de la minera. “La vida nos cambió de golpe gracias al modelo entreguista del gobierno”, apuntó, reforzando que temen a los mineros, la policía, militares y el gobierno porque en Honduras no hay quien proteja a la gente pobre que defiende la vida.
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