Tegucigalpa, 21 feb (PL) La Coalición Contra la Impunidad, integrada por 19 organizaciones de la sociedad civil en Honduras, reiteró su denuncia sobre los daños provocados por una minera en una zona protegida en el departamento de Colón.
La víspera en un encuentro en esta capital, testigos de la contaminación, represión policial y militar que habitan en Guapinol, recordaron que la concesión del proyecto extractivo ASP 1 y ASP 2, otorgado a la empresa Inversiones Pinares, es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial.
La activista María Victoria Del Cid, de más de 70 años que lucha por la defensa del río Guapinol, describió la contaminación de sus aguas y recordó la lucha permanente desde 2013 contra la imposición de la minera, refiere hoy el diario digital Criterio.hn.
El conflicto generado por la concesión del proyecto minero ha dejado al menos seis muertes de dirigentes comunales, contaminación, daños al ambiente en el Parque Nacional de Botaderos, zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras.
Este parque es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Chiquito, Tinto o Negro, entre otros.
Tiene una extensión de 96 mil 755.4 hectáreas, unos 967,55 kilómetros cuadrados, de las cuales 24 mil 223,7 hectáreas conforman la zona núcleo y 72 mil 31,7 la zona de amortiguamiento.
Los ambientalistas alertan que 'de manera maliciosa, pese a que el Parque Nacional ha sido declarado como área protegida, aún no ha sido inscrito en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable, bajo el alegato que dicho proceso es indispensable pero costoso'.
Y es que -recuerdan- la Ley de Minería prohíbe otorgar derechos mineros en dicho catálogo.
Desde hace años, la minería es fuente de conflicto en Honduras y muchos ambientalistas han sido asesinados por defender el entorno y recursos naturales.
El asesinato de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, puso el foco sobre los peligros que afrontan estos activistas en el país centroamericano.
De acuerdo con denuncias, las empresas mineras y agroindustriales aquí tienen vía libre para la organización de grupos armados, paramilitares que de manera encubierta asesinan a la gente y se mantienen con altos niveles de impunidad.
Nota orginal: Prensa Latina
