Tras seis días de paro nacional la Plataforma por la defensa de la Salud y Educación retornó este miércoles a las escuelas y hospitales para iniciar un proceso de diálogo público y "sin agendas ocultas" con el gobierno, tras la derogación de los controversiales decretos PCM.
No obstante, pese a cumplir 34 días de exigencia, las 15 organizaciones magisteriales y del sector salud sostienen que se trata de un dialogo condicionado, a que se deje en libertad los presos políticos y cese la violencia contra los manifestantes.
“Hay una trampa en las derogaciones y nosotros no creemos en un diálogo que este efectuado por ellos, no nos vamos a sentar a escondidas, el diálogo debe ser totalmente televisado para que sea transparente, que no hayan agendas ocultas y mal intencionada impuestas desde el gobierno, dejar en libertad los presos políticos y no seguir violentando a los manifestantes.”sostuvo la doctora, Ligia Ramos
Igualmente agregó, ”El gobierno aduce que la plataforma de lucha no tiene personería jurídica por eso no los convoca al dialogo, solo los llamará como gremios de médicos y doctores”, una acción que de acuerdo con las bases es parte de los obstáculos para que se inicie el proceso.
Los liderazgos de la Plataforma denunciaron haber recibido amenazas a muerte y campañas de desprestigio, por lo que responssbilizan al gobierno si algo le sucede a un miembro de la organización.
Ante la no presentación de la Plataforma en defensa de la educación y salud pública al "dialogo" convocado por el gobierno, la doctora Suyapa Figueroa sostuvo este miércoles en declaraciones a la prensa "uno no se sienta a dialogar con una pistola en la cabeza, no vamos a sentarnos con quienes nos persiguen".
La derogación de los PCM
El reciente lunes se publicó en La Gaceta la derogación de siete decretos Presidenciales en Consejos de Ministros (PCM), uno de los primeros pasos, exigidos para iniciar el diálogo.
Los decretos preparados en una reunión del Consejo de Ministros la noche del domingo y publicado en menos de 24 horas en el Diario Oficial La Gaceta decretó la instalación de una Mesa Nacional en Salud y Educación y contó con las firmas de dirigentes magisteriales, una acción considerada como desleal por las bases del movimiento.
Los dirigentes magisteriales: Orlando Mejía, Bessy Berríos, German Nazario Pavón, Miladis Bustillo, Roberto Trochez, Zenia Martínez, Juana Aguilar, José Ramón Cálix, Francisco Escobar y Luis Roberto Ramírez del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah) y el Primer Colegio Profesional de Maestros de Honduras (Pricpmah), fueron los únicos en firmar el acuerdo con el gobierno, reuniéndose sin consultar las bases.
“Hemos sido sorprendidos con la firma de un acuerdo con personas que desconocemos dentro de la Plataforma de lucha que se ha conformado para la defensa de la salud y educación” expresó la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, dirigente de la Plataforma de Salud y Educación.
Para Figueroa, no existen buenas bases para un diálogo franco, cuando se reúnen “a escondidas” y "están haciendo arreglos a espaldas del magisterio”.
En horas de la noche ayer en Casa Presidencial, los PCM que se derogaron son los siguientes: 016-2011, 040-2012, 026-2018, 027-2018 , 005-2019, 006-2019 y 008-2019.
Los decretos ejecutivos emitidos por el (P)residente en (C)onsejo de (M)ministros. Son referidos (popularmente) como “PCM”, como una forma de diferenciarlos de aquellos decretos que son emitidos solo por el Presidente (no en Consejo de Ministros) y justamente comienzan con la expresión: “El Presidente en Consejo de Ministros…”.
Estrategias para desactivar
La Plataforma de Salud y Educación ha cumplido más un mes está movilizándose en todo el territorio nacional exigiendo que se deroguen totalmente los decretos que – a su criterio- privatizan estos servicios básicos, además de ocasionar despidos masivos.
La semana anterior, en un intento por desactivar una crisis que amenaza con trascender el impacto gremial y los debilitados sistemas de salud y educación, la Presidencia de la República aprobó un decreto garantizando la no privatización de los servicios de salud y educación, una estrategia considerada como una jugada política, pues, aunque fue convocado públicamente a un diálogo, ni representantes de la Plataforma de Salud y Educación, o los actores convocantes asistieron.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=p7SNakoGuE0
Igualmente, son consideradas como estrategias de desarticulación las acciones de llamar a dirigentes magisteriales unilateralmente y hacer dos decretos para cada sector, denominados Acuerdo Marco por la Salud y la Educación Pública de Calidad de Honduras.
Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Presidencial, acompañado de varios funcionarios de su Gobierno, el Comisionado hondureño de Derechos Humanos, Roberto Herrera, y dirigentes de los maestros, el mandatario ratificó que aprobó dos nuevos decretos que incluye la instalación de dos mesas de trabajo para el mejoramiento de la educación y la salud pública.
No obstante, el actual gobierno no goza de credibilidad por este tipo de acciones que se hacen en repetidas ocasiones y que los deja molestos y por esa razón van a analizar la situación, pero mientras tanto las acciones continúan firmes y mientras no se cumplan a cabalidad lo que han solicitado no van a retroceder, apuntó Figueroa.
Lo cierto es que más allá de los ocho decretos derogados las acciones de privatización de los servicios de Salud y Educación se han ido preparando desde hace años, como parte de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En las mesas de negociación el FMI exigió una salida a la situación que atraviesa en la actualidad la Empresa de Energía Eléctrica, la capitalización privada de los Fondos de Previsión y también la continuidad de la política de depuración de las entidades estatales.
Hasta la fecha producto de las negociaciones entre el FMI y el gobierno, se inició la privatización de la ENEE, Hondutel, y ahora el Instituto de Formación Profesional, todas estas entidades experimentaron despidos, reducción de presupuesto y entrega de administración a la empresa privada.
A inicios de mayo, el FMI anunció que llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico (Acuerdo Stand-by) y Servicio de Crédito Ampliado de 24 meses, por un monto de US$311 millones.
Represión en las manifestaciones
El pasado 27 de mayo, la Secretaría de Seguridad amenazó en un comunicado reprimir cualquier acción de protesta convocada por dicha Plataforma, las protestas pacíficas han sido brutalmente reprimidas por miembros de seguridad del Estado con excesivo uso de la fuerza y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balas vivas y de goma; causando heridos, detenidos, desaparecidos y al menos dos asesinatos en proceso de investigación.
El saldo provisional también contempla decenas de heridos y detenidos, entre ellos el joven Rommel Herrera Portillo, acusado de haber participado en el incendio de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, dijo a los periodistas que el hecho lo protagonizaron "personas con el rostro cubierto" que huyeron del lugar, mientras decenas de videos filtrados a medios de comunicación muestran a un joven con guantes y zapatos especializados que incitan la sospecha de que se trató de un montaje, pues, además, en los alrededores de la misma embajada estadounidense no se encontraron militares o policías, asiduos en vayas de protección en las protestas.
Los gremios de educación en Honduras esperan también que se detengan las acciones de persecución sindical y se eviten represalias hacia las organizaciones que protagonizaron las protestas y sus líderes.
Reducción presupuestaria en salud y educación
Desde el año 2013 el Presupuesto Nacional de la República se han reducido porcentualmente para los sectores de salud y educación y lo han incrementado para la seguridad y defensa, según el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH).
En declaraciones a la prensa, Ovenir Flores, vicepresidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, dijo por su parte que la situación de la educación en el país es "crítica".
"El 75% de los centros educativos están destruidos. No hay pupitres en las aulas, no hay merienda escolar ni capacitación docente. Los salarios de los maestros llevan 10 años congelados", explicó.
Los decretos también establecen que docentes, estudiantes y padres no podrán ocupar los centros de estudio en el marco de protestas.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández redujo el presupuesto en educación y "lo derivó a defensa y a una seguridad que no es para el pueblo, sino para la clase política que busca mantenerse en el poder", agregó Flores.
NOTA ORGINAL: CONEXIHON
