La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.
Más de 6 solicitudes escritas y una cumbre por el agua que reunió a más de 5 mil personas en el municipio el pasado 20 de enero de 2019, obligaron a las autoridades municipales a convocar a un cabildo abierto para hacer la declaratoria.
El cabildo se realizó el 29 de noviembre, bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”.
Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña.
Inversiones Los Pinares ha publicitado que esa fábrica será la más grande de Centroamérica en la producción de hierro. El terreno donde se construye la fábrica pertenecía a la cooperativa de Guapinol, quien vendió cada manzana de tierra a 2 millones de lempiras, evidenciando el poder adquisitivo del empresario.
“Desde la municipalidad se renuevan los permisos de operación”, a pesar que las comunidades han exigido al alcalde no otorgarlos más, porque se está violentando el legítimo derecho al agua y la libertad de la gente que vive en Guapinol y Ceibita, dice Esly Banegas afirmando que, son millones de lempiras los que están en juego con esa concesión, por ende, las autoridades municipales y del gobierno central han dejado clara su postura a favor de la empresa, a pesar que se está pasando por encima de la dignidad y vida de la gente.
La concesión minera en la montaña Carlos Escaleras se dio en 2013, cuando era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, actual gobernante inconstitucional de Honduras. Previo a la concesión, ese congreso aprobó la reducción de la zona núcleo del parque en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé propietarios de Inversiones Los Pinares.
El primer permiso de operación municipal la empresa lo obtuvo el 20 de enero de 2014. Adán Fúnez se justifica diciendo que él asumió el cargo 5 días después del hecho. Si bien es cierta su justificación, también es cierto que él era regidor en ese tiempo, y guardó información al no advertirle al pueblo sobre la concesión minera que amenaza las fuentes de agua en el municipio. “También ha renovado los permisos de operación anuales a la empresa”, apunta Esly.
En Tocoa desde el 2012 reina la incertidumbre por las amenazas de explotación minera. En ese año las comunidades de la Abisinia comenzaron a organizarse ante los rumores que tomaron fuerza con la visita de algunos empresarios mineros en la zona y de políticos del Partido Nacional.
Pero fue hasta 2016, cuando se publicó la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras, a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) “, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, que las comunidades se informaron sobre la cantidad de concesiones mineras que el Estado ha otorgado en el departamento de Colón.
El estudio refleja que hasta 2016, solo en departamento de Colón existen 28 concesiones mineras en etapa de exploración, 25 en solicitud y 7 en operación. Siendo el municipio de Tocoa el más afectado con un total de 34 concesiones para la explotación minera a cielo abierto.
En Honduras los proyectos mineros a cielo abierto como: Entre Mares en el Valle de Siria, Francisco Morazán y Minosa en Copán, han sido denunciados por la contaminación ambiental y por el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Además, por los daños severos en la salud de la gente. También son denunciados los proyectos mineros que se desarrollan en el Corpus, Choluteca, al sur del país.
Retos
En entrevista a Radio Progreso Esly Banegas contó que luego de la declaratoria de “Territorio Libre de Minería”, las comunidades tienen el enorme reto de hacerla efectiva. “Nos enfrentamos a un modelo feroz y a políticos tradicionales que solo buscan su propio beneficio”, apuntó.
Adán Fúnez es alcalde por el partido Libertad y Refundación (Libre), catalogado como oposición en el país porque nació luego de las protestas del Golpe de Estado de 2009, y es coordinado por Manuel Zelaya Rosales quien fue derrocado de la presidencia ese año.
Para algunos sectores Libre significa la esperanza y transformación de Honduras, para otros, es un partido acaparado por políticos tradicionales que emigraron del bipartidismo para aprovecharse de la indignación ciudadana. A nivel nacional alrededor 30 alcaldías son gobernadas por este partido.
La gente de Tocoa está cansada de escuchar las mentiras de su alcalde, quien se rehusaba a convocar el cabildo abierto bajo el argumento de que podía ir a prisión si declaraba el municipio libre de mineras. “Más de 80 municipios se han declarado libre de extractivismo y no hay ningún alcalde preso por eso”, dice Esly.
Al ser consultado por Radio Progreso, Adán Fúnez, lejos de asumir su responsabilidad en el conflicto socio ambiental que ha generado la criminalización de más de 30 personas, 8 de ellas en prisión y más de 5 personas asesinadas, se defiende señalando que el Comité Municipal Ambiental se ha beneficiado de la lucha al recibir un millón 300 mil euros a través de la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que impulsa un proyecto de vivienda y desarrollo alternativo sostenible y además formación en derechos humanos y bienes naturales.
Para Esly esas declaraciones son irresponsables y se suman a la campaña de desprestigio contra los ambientalistas que impulsa Inversiones Los Pinares a través de redes sociales y medios de comunicación nacional y local. También demuestran que a las autoridades no les importa que 8 personas estén privadas de libertad injustamente en la cárcel de Olanchito, Yoro y La Ceiba en Atlántida señaló la lideresa social.
La corporación municipal de Tocoa, tiene como fecha máxima hasta el 15 de diciembre, para entregar a la ciudadanía la certificación del cabildo abierto, donde se declaró al municipio libre de mineras. “Toca presionar para que esa declaratoria sea una realidad”, dice Esly a pesar de la incertidumbre y el ambiente de amenazas que existen, porque no confían en el alcalde y sus regidores, y porque temen a las represalias que puedan venir de la empresa y las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras.
Original: RadIo Progreso
