Anoche fue asesinado en su propia casa el pastor evangélico Arnold Joaquín Morazán Erazo, un líder ambientalista que había sido procesado judicialmente por la empresa Los Pinares desde el año 2019.
La acusación contra Morazán Erazo fue por defender el Río Guapinol, ubicado en la comunidad del mismo nombre y perteneciente al municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras, en un contexto de criminalización por la empresa minera Los Pinares propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
La conflictividad por la empresa minera ha causado que se genere una violencia singular en la región y sin que el Estado intervenga en favor de la comunidad. No obstante, el Estado de Honduras sí interviene a través del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad en el sentido de encarcelar a los defensores del ambiente y proceder a desalojos violentos.
Morazán Erazo es el segundo de los acusados en ser asesinado. El primero en caer en Guapinol fue Roberto Argueta, caso que aún no se esclarece.
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo que se había otorgado en beneficio de cinco defensores ambientales y se ordenó el formal procesamiento en contra de ellos; además, hay ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
El defensor de derechos humanos Pedro Landa dijo este miércoles a Criterio.hn que lamenta el asesinato y envió sus condolencias a la familia de Arnold y al comité de defensa de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, pues este asesinato viene a enlutar y llenar de sangre una vez más una lucha digna y justa por los bienes naturales y, por supuesto, por la defensa a la vida.
“Este asesinato se da en el contexto en el que está en revisión del Poder Judicial las medidas que se les han otorgado de manera injusta a los defensoras y defensores del río Guapinol con el recurso de amparo presentado hace dos días por la parte defensora. También se da en el contexto internacional, cuando se dio un premio de parte del Parlamento Europeo en donde se reconoció a estos defensores de derechos humanos como héroes por la libertad de conciencia”, aseguró Landa.
Mientras en Europa se premia a la memoria de Berta Cáceres junto a los ambientalistas de Guapinol; en Honduras se les encarcela y se les asesina
La nominación de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores (asesinada el 3 de marzo de 2016) resultó finalista al premio del Parlamento Europeo, Sájarov 2020, que es otorgado a aquellos que en su vida se han dedicado a promover la libertad de conciencia, en medio de las adversidades subyacentes y las amenazas constantes a su integridad física.
Junto a Berta Cáceres también se resaltó a los defensores del río Guapinol, criminalizados y algunos encarcelados por ese fin. Los ganadores serán conocidos el próximo 22 de octubre.
El Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, bautizado así en honor del científico y disidente soviético Andréi Sájarov, fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades.
En el caso de la nominación a Berta Cáceres y los ambientalistas de Guapinol, el diputado del parlamento europeo, Miguel Urbán Crespo, fue quien solicitó a los eurodiputados acompañar la nominación de los hondureños, haciendo conciencia sobre la criminalización y ambiente de hostilidad que atraviesan en su propio país por causas justas. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016.
Informe Guapinol Resiste
El informe internacional Guapinol Resiste en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.
En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.
¿Quién es Lenir Pérez?
A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.
El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.
“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.
En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.
Industrias internacionales operan en Guapinol de forma ilegal
Según el informe Guapinol Resiste, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.
Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.
Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.
Original: CriterioHN
