“Soy lidereza de la Pastoral Social de la Iglesia Católica hemos venido trabajando junto a los todos los habitantes de Santo Domingo Chontales, en Nicaragua y estamos de lleno en la lucha como pueblo contra la B2Gold Corp (minera canadiense) que si bien tienen ocho años de estar en el proceso de extraer metales de oro y plata, así también estamos muriendo lentamente”, narró Sara Margarita Zavala Hernández, invitada al Foro Ecofeminismo.
El “Movimiento Salvemos a Santo Domingo” es acompañado por miembros del Centro Humboldt quienes, junto a las comunidades se encuentran en resistencia y defensa de los derechos de la población a un entorno sin contaminaciones y la suspensión del extractivismo industrializado de metales preciosos.
No obstante la criminalización del movimiento social es una realidad diaria, afirmó Zavala quien compartió las experiencias sobre persecuciones a las comunidades organizadas, el asedio personal a líderes o liderezas; y la obstaculización a las movilizaciones públicas que desarrollan en rechazo a la actividad minera.
“Cuando nos agarran los policías nos registran y nos tratan como si trajéramos drogas o como si fuéramos delincuentes. Nos ha tocado vivir cosas terribles y andamos con miedo, porque no estamos tan libres como debería ser; porque somos perseguidos. Vivimos una situación que no ha sido fácil en los últimos meses”, reseñó.
Sobre las concesiones de exploración y explotación minera en Santo Domingo Chontales, Nicaragua, Zavala indicó que fueron aprobadas por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), lo que ha generando un atmósfera de impunidad contra los derechos de los habitantes.
“La empresa B2Gold ya está trabajando y abrieron de tajo la tierra, tienen ya las bases y ha venido a extinguirnos nos están desapareciendo como vida humana, nos van matando lentamente y acabando también con nuestros recursos naturales, nuestras fuentes hídricas se han secado y los árboles los han devastado, porque este proyecto minero está alrededor de nosotros (casco urbano) no está en una zona alejada, sino dentro del municipio. Esto ha generado también que algunas infraestructuras de las casas colapsen, sus paredes reventadas y los pisos se han abierto esto es una problemática grave”, aseguró.
En noticias económicas de mercados y negocios como Central América Data, en Nicaragua dan cuenta de que la transnacional canadiense Calibre Mining compró a B2Gold Corp Nicaragua, las minas de oro El Limón y La Libertad, una transacción económica valorada en unos 100 millones de dólares. Los proyectos mineros han producido más de 1,4 millones de onzas de oro solo para el año 2010, esperando para 2019 una producción que rondará entre 150 a 160 mil onzas de oro.
Estas cifras millonarias se contraponen a la realidad de la vulneración en la que subsisten los pobladores de Santo Domingo, con las extracciones mineras en sus territorios; pero también ha permitido el empoderamiento de muchas mujeres, quienes tienen una visión de protección a sus hogares y familias; y en defensa del agua y la tierra por su derecho ha habitar un entorno más seguro.
“Yo lo veo como una extinción humana, esta industria a la que se aplicaría el término desechable. El Papa Francisco ya lo ha dicho en su mensaje –hemos llegado a la era del descartable–. ¿Por qué? debido a que les interesa más la bolsa de valores, el oro y la plata más que la condición o dignidad humana. Sabemos que tenemos aguas contaminadas que nos hacen padecer de enfermedades bacterianas por su consumo en la zona, pero eso nos hace empoderarnos cada día más, para defenderla. Así como estamos nosotros es difícil vivir, y no podremos seguir permitiendo esta monstruosidad de estas minas que han venido a dañar nuestras vidas y no hay trabajos en nuestro municipio. Porque lejos de que estas empresas mineras dejen desarrollo económico, lo que tenemos es una tierra desértica con pocos recursos naturales, solo nos están matando lentamente a todos”, reflexionó.
Mientras Heisell Torres del Centro Humboldt advirtió que uno de los problemas que afecta a la población en Nicaragua es la falta de institucionalidad, que fortalezca y de cumplimiento a marcos de protección humana, como ambiental, al dejar vacíos y procedimientos ineficaces.
“El Centro Humboldt es una organización que ha venido orientando los procesos legales de las comunidades en los territorios, y hemos dado un acompañamiento legal a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sobre todo a exigir los procesos de acceso a la información del Estado, con la población que por ahora no tiene acceso por la falta de la misma institucionalidad estatal. Esto permite que las transnacionales mineras lleguen con la bendición del gobierno a los territorios y entraran a las comunidades con todo el poder, y llegan a violentar los derechos humanos de las poblaciones, al limitar su participación en la toma de decisiones sobre el destino y futuro de los recursos naturales hasta el tema de la reubicación”, argumentó Torres.
Sumado a la criminalización del movimiento social y la falta de información de la población, Torres explicó que se presenta como uno de los mayores desafíos el trabajo en conjunto entre las comunidades y organizaciones no gubernamentales, a fin de reivindicar sus derechos y disminuir así los conflictos socio-ambientales, apelando al uso de la consulta pública y participación de pobladores y autoridades de gobiernos local y nacional.
“El caso del Movimiento Social Santa Cruz de La India (León) es un buen ejemplo, ellos interpusieron ante la CAO (Compliance Advisor Ombudsman) sus quejas por las afectaciones y los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto La India, de la empresa minera Condor Gold que financia la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) y la MIGA (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones), espacios que responden a quejas de las comunidades afectadas por esos proyectos y para mejorar los resultados sociales y ambientales en el territorio”, puntualizó.
Original: DiarioColatino
