Mediante el ejercicio de una consulta ciudadana, el 97 % de la población del municipio de Namasigüe, Choluteca, dijo no este domingo a la implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica y de minería. Este poblado de la zona sur de Honduras es uno de los sectores con mayor conflictividad social por la ejecución inconsulta de proyectos de esta índole.
Acafremin es la organización que reúne, a defensores ambientales a nivel regional para buscar métodos de lucha contra las empresas privatizadoras y los estados que benefician a los intereses económicos y no de la población. En este caso se expusieron diferentes casos donde defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y perseguidos por oponerse contra empresas hidroeléctricas y mineras.
V ENCUENTRO REGIONAL DE LA ALIANZA CENTROAMERICANA FRENTE A LA MINERIA -ACAFREMIN-
“Criminalización contra defensores y defensoras ambientales y movimientos sociales de la región C4”
Movimientos sociales y ambientales en la defensa de los derechos humanos, colectivos de mujeres ambientalistas, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas principalmente de la región C4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), participan en el V Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN - para abordar el tema: “Criminalización a defensores y defensoras ambientales de los movimientos de la región C4”, llevado a cabo en el municipio de Ataco en el departamento de Ahuachapán, El Salvador, los días 13, 14 y 15 de Noviembre del 2019.
Desde hace años, los defensores y defensoras que pertenecen a la alianza han puesto de manifiesto la preocupación por los impactos de la industria minera que violentan múltiples derechos humanos y causa daños irreversibles a los bienes naturales, principalmente las fuentes de agua que son un recurso vital para garantizar el desarrollo sustententable de los pueblos.
A pesar de los esfuerzos de cientos de comunidades y organizaciones sociales por defender el medio ambiente, la coyuntura política regional devela un debilitamiento continuo a las instituciones que garantizan los derechos de la población y un patrón sistemático de violencia y criminalización contra defensores y defensoras ambientales.
Una señal alarmante de esta tendencia, es la correlación que existe entre la militarización, la criminalización y el incremento a la inversión extranjera, particularmente en los sectores mineros, producción de energía hidroeléctricas y agro industria. Según reportes de la organización Global Witness, estos sectores siguen siendo los más letales en el mundo para los defensores ambientales y Centroamérica es una de la regiones más afectadas por el extractivismo.
Además de criminalización directa contra organizaciones y líderes sociales, los gobiernos han restringido progresivamente los márgenes de acción de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos, mediante la creación de leyes “antiterroristas”, que en nombre de la seguridad, el orden público y la lucha contra el narco tráfico, criminalizan a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Este contexto de violencia para quienes defienden la tierra y la vida de los pueblos, genera la necesidad de abrir espacios de interacción, de dialogo y encuentro con la finalidad de buscar mecanismos de defensa y estrategias de lucha ante los proyectos extractivos. En este sentido el V Encuentro regional busca:
Por la defensa de los derechos, los bienes comunes y la vida.
San Salvador, 12 de Noviembre de 2019.
Las indígenas guatemaltecas que acusan de negligencia a la firma Hudbay Minerals ante la supuesta violación sufrida en 2007 a manos de personal de seguridad de la empresa esperan que la Justicia canadiense desestime este viernes la petición de la compañía minera en contra de su demanda.
La tenencia de las concesiones mineras y de hidrocarburo en territorios indígenas aumenta la violencia y criminalización contra los defensores de las tierras, señaló el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora.
