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Cómo defensor de Derechos Humanos quiero Reconocer la Labor de los compañeros y compañeras que defienden los Derechos Humanos exponiendo sus vidas, con miles de dificultades, con todos los riesgos y amenazas en un país violador de los derechos humanos y el de Mayor Peligroso del Mundo para defender el ambiente y los derechos humanos.

La Consulta Ciudadana celebrada el fin de semana anterior en el municipio de El Triunfo en Choluteca, al sur de Honduras, atrajo la participación de unas 8,606 personas que atendieron el llamado para decidir sobre la presencia de las empresas mineras en el municipio. El patrón electoral superaba las 22 mil personas.

El desarrollo sostenible y equitativo, como lo exige la Agenda 2030, requiere la participación de todos. Por esta razón, el fortalecimiento de los derechos humanos es el objetivo declarado de muchos proyectos de cooperación para el desarrollo. Sobre todo, se trata de aquellos derechos humanos que tratan con la libertad, la igualdad, la salud y las condiciones de trabajo.

Ante el proceso de criminalización del cual es victima la actual Diputada y Comisionada en retiro María Luisa Borjas en el que el empresario Camilo Atala la ha querellado a raíz de que ésta valiente mujer se atreviera a develar un informe que se mantenía en estado de secretividad por parte de la Policía Nacional en el cual se mencionaban nombres de empresarios, banqueros, diputados, alcaldes y ministros y en el que se detallaban varias líneas de investigación basadas en la información pericial levantada por la ATIC y agentes del FBI a través de la Embajada de los Estados Unidos y la Policía Nacional a través del MP.

El proyecto minero El Escobal, también conocido como Derivada VII, propiedad de la firma Kappes, Cassid & Asociados y de la empresa subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), que fuera suspendido desde junio de 2016 tras años de resistencia por parte de las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo (denominada Resistencia Pacífica de La Puya), demandó al Estado de Guatemala por 2 mil millones de quetzales.

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