Los proyectos para generación de energía, minería, extracción de hidrocarburos y gasoductos que se tienen en desarrollo en el estado de Puebla representan una violación grave a los derechos humanos de los pueblos donde se asientan, lo cual además es fomentado por las propias autoridades y las reformas legislativas que se han hecho en los últimos años.
Esta es una de las conclusiones que se incluyen dentro del informe “Derechos Humanos en el Estado de Puebla: Su progresividad a partir de procesos históricos y contextos sociales”, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, en donde se cuenta con apartado especial para hablar de la situación de algunos derechos, destacando los del territorio, agua y medio ambiente.
En el documento destaca la mención de los ya citados proyectos extractivos, en cuyos procesos “las instancias de gobierno han tenido un papel preponderante emitiendo permisos, promoviendo los proyectos, salvaguardando la infraestructura y, a decir de los propios pueblos, hostigando y criminalizando a la población”, como se detalla en el resumen ejecutivo.
Gasoductos, los que más vulneran derechos humanos de habitantes de Puebla
Al respecto, en la presentación del informe, Silvia Villaseñor, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, abundó al señalar que, de acuerdo con los resultados de la investigación, los gasoductos son los que más vulneran los derechos humanos de los habitantes del estado.
En particular, mencionó los proyectos Tuxpan-Atotonilco y Tuxpan-Tula, los cuales se encuentran en la Sierra Norte, y que desde hace dos años representan un riesgo grave para los pueblos; a estos se suma el Proyecto Integral Morelos, el cual se volvió un ícono en las violaciones a derechos humanos, pues las autoridades usaron al ejército para proteger la infraestructura del mismo e incluso encarcelaron a opositores, como Enedina Rosas Vélez.
Leyes y Reformas a favor de proyectos de muerte
“Tenemos una situación grave en cuanto al derecho al territorio por los proyectos que se quieren construir, estamos en una etapa inicial, pero en el informe se da cuenta de reformas como la de la Ley de Expropiación de 2014, que favorece que cuando se van a construir proyectos de desarrollo se pueda dejar sin sus tierras a los pueblos, lo cual sumado con la reforma energética que dice que este tipo de proyectos -minería y energéticos- son de interés social y público hacen que la población quede en una situación de riesgo de perder sus terrenos y medios de vida”, puntualizó la especialista.
Por ejemplo, en temas de minería recordó que si bien hay 183 concesiones vigentes, sólo hay un proyecto en labores de explotación de minerales metálicos, y que por lo menos en el caso de la mina de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán ya se tienen documentadas las violaciones a los derechos de los pobladores.
Proyectos de hidroeléctricas ya derivaron en la muerte del activista Antonio Esteban Cruz, en la zona de Cuetzalan
Otro punto de relevancia, continuó, son los 35 proyectos de hidroeléctricas que se tienen en la entidad, las cuales han derivado en la muerte de por lo menos un activista -Antonio Esteban Cruz, en la zona de Cuetzalan- y 14 ciudadanos que han sido criminalizados por oponerse a una planta que se tiene prevista sobre el río Ajajalpan y que abastecería únicamente a la empresa Walmart.
En riesgo derechos humanos en la Sierra Norte por fracking
Además, agregó, se tienen identificados entre 13 y 35 municipios en la Sierra Norte en riesgo pues en estos se prevé el uso de la fractura hidráulica (fracking) para la extracción de petróleo, lo cual implicaría una vulneración al derecho al agua no sólo por la cantidad de líquido que se requiere para esta técnica, sino porque se contaminarían los mantos acuíferos de la región.
Este último aspecto toma mayor relevancia si se toma en consideración que, de acuerdo con los comentarios recabados en el informe por medio de grupos focales, un tema que preocupa a los ciudadanos es el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua y el aire.
“No hay información oficial que pueda contrastarse” lamentó Villaseñor, pero indicó que las organizaciones sociales que luchan en contra de diferentes problemas, como es la contaminación de Atoyac, ya han documentado casos de cáncer, leucemia y anemia entre la población. (TB)
Noticia Publicada en Tierra Baldia
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