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Movimientos sociales y ambientales en la defensa de derechos humanos, colectivos de mujeres ambientalistas, y pueblos indígenas, rechazaron la criminalización contra los defensores del medio ambiente. Los movimientos sociales realizaron el V Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería, para abordar el tema: Criminalización a defensores y defensoras ambientales de los movimientos en Centroamérica. 

Organizaciones pertenecientes a la Alianza manifestaron su preocupación por los impactos de la industria minera, que violenta múltiples derechos humanos y causa daños irreversibles a los bienes naturales, principalmente a las fuentes de agua que son un vital recurso para garantizar el desarrollo sustentable de los pueblos.

Pedro Holanda, coordinador en Honduras de la Alianza Centroamericana frente a la minería (ACAFREMIN), manifestó, que entre los hallazgos que han encontrado en el V encuentro, es que las democracias en la región se están debilitando, no solamente en lo político, sino que estos gobiernos han iniciado un proceso de transformación de las leyes y obligaciones que tenían para cuidar el medio ambiente, para favorecer la llegada de las inversiones.

Sostuvieron que en El Salvador, el nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele, no ha mostrado un interés de diálogo con los movimientos sociales y ambientales para abordar la vulnerabilidad socio ambiental del país, sino que al contrario, se ha aumentado la represión contra líderes sociales y defensores ambientales.

El Salvador sin una Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos

En ese sentido, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos presentaron, en 2018, una iniciativa de ley de protección para personas defensoras de derechos. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa aún no inicia el estudio del proyecto de Ley.

Carolina Amaya, de la UNES, ACAFREMIN, expresó que el estudio de la Ley de protección para personas defensoras de derechos humanos no avanza en la Asamblea Legislativa, porque se tiene un interés particular en la explotación de la madre tierra y bienes naturales para seguir manteniendo un modelo económico extractivista.

“Porque sin el agua, sin los bosques, no se puede sostener el mundo; entonces, aprobar una ley de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales amerita ponerle freno a la criminalización ambiental y a los criminales ambientales, eso significa parar construcciones, que se hicieron ilegalmente; por eso no avanza el estudio de esa ley”, concluyó.

Original: Verdad Digital

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