Tocoa, Colón.-La empresa minera Inversiones Los Pinares desde sus inicios ha contado con el apoyo de diferentes instituciones del Estado hondureño para imponerse en el municipio de Tocoa, Colón y explotar el óxido de hierro del parque nacional Montaña de Botaderos. Tal es el caso que cuando los pobladores de varias comunidades se opusieron a su instalación fueron desalojados de forma violenta el 27 de octubre del 2018 por más de 1000 elementos policiales y militares.
Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez asegura que esto es una práctica violatoria de los derechos humanos de los gobiernos para favorecer los interés de las empresas por medio de la corrupción, la impunidad y la protección militar por sobre los derechos colectivos de la población más vulnerable para imponer por la fuerza los proyectos que atentan contra los derechos de las comunidades como lo es; el derecho al agua, la alimentación, un ambiente sano y la vida.
“La justicia debe ser correcta y nunca debe favorecer los intereses individuales de los empresarios por sobre los intereses colectivos de las comunidades, como lo hace la actual dictadura encabezada por JOH”, reiteró Esquivel.
Resguardo policial
La minera Inversiones Los Pinares cuenta con el apoyo permanente de la Policía Nacional y el ejército para resguardar sus instalaciones ubicadas en la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa.
Hay una patrulla asignada para brindarles seguridad y un retén permanente en la carretera CA-13 frente al portón de dicha minera que realiza operativos a diario para justificar su presencia en este sector, en las cercanías de la comunidad de Cayo Campo, municipio de Tocoa.
Con estos operativos la Policía Nacional se encarga de mantener el control de la seguridad en las afueras de dicha empresa, mientras que elementos de la Operación Xatruch se encargan de brindarle seguridad dentro de las instalaciones del plantel.
Hay que destacar que la minera también cuenta con el servicio de una empresa privada de seguridad que trabaja de forma coordinada con los elementos de seguridad del Estado.
Según la defensora de derechos humanos Juana Esquivel, en el Bajo Aguan el Estado ha protegido de manera descarada a la Corporación Dinant y ahora lo vuelve a reproducir con Inversiones Los Pinares e Inversiones ECOTEK, donde se puede ver como cuenta con resguardo policial y militar permanente.
A pesar de las reiterados llamados de mecanismos internacionales como la CIDH y el Examen Periódico Universal sobre el abuso de poder y la confabulación de los cuerpos represivos del Estado y las empresas de seguridad privada que operan sin ninguna regulación en este país y cometen graves delitos contra la vida, enfatizó.
