La liberación de los defensores de agua siete presos injustamente por el gobierno de Honduras se ha convertido en un campo de batalla clave para el Comité para la Defensa de los Comunes de Tocoa, una organización local que ha llevado la lucha contra un proyecto minero de propiedad de Inversiones Los Pinares en el conflictivo región del Bajo Aguán de Honduras.
En octubre de 2018, los residentes y agencias de noticias alternativas informaron el despliegue de más de mil quinientos militares y patrullas de la policía del gobierno de Honduras armados con tanques y armas pesadas para desmantelar por la fuerza un campamento comunitario establecido por los residentes locales para prevenir operaciones de la mina.
Una siguiente campaña de relaciones públicas dirigida por políticos locales, medios de comunicación corporativos y hombres de negocios contra los defensores del medio ambiente dio lugar a la acusación de los 32 miembros del Comité por cargos falsos de secuestro, robo y incendio agravado – esos cargos fueron posteriormente pasaron a asociaciones ilícitas contra el Honduras estado y pueden llevar a penas de cárcel excesivas bajo las leyes antiterroristas.
El primer 12 de los 32 acusados que informó a los tribunales por su propia voluntad se borran después de que el equipo de defensa legal señaló a numerosas inconsistencias en la evidencia y violaciónes del derecho al debido proceso.
Un segundo grupo de siete activistas se presentaron a los tribunales en agosto de 2019, pero esta vez, el juez transfirió el caso a un tribunal militar, donde se permitió que la demanda de proceder y se le negó la fianza para los acusados. Aunque el juez ordenó a los demandados que se celebraran en una prisión de seguridad media, más cerca de sus familiares, que fueron enviados ilegalmente a una prisión militar conocido como “La Tolva”, diseñada para mantener a los criminales de alto perfil, los terroristas y los narco traficantes.
Desde entonces, una campaña internacional está aumentando para que los acusados sean juzgados en libertad y desestimar los cargos. La campaña, que hasta ahora ha incluido peticiones internacionales firmados por cientos de organizaciones, las cartas de los legisladores europeos y movilizaciones nacionales no han tenido éxito para que los presos sean puestos en libertad, sin embargo, las circunstancias de emergencia actuales tienen a miembros de la familia preocupados por el contagio potencial debido a la superpoblación, prohibida visitas y la falta de servicios médicos para los internos.
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Original: OCMAL
