La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán resolvió declarar sin lugar una apelación del Ministerio Público y la minera Inversiones Los Pinares, donde pretendían echar por tierra una resolución de un juez de competencia nacional de emitir un sobreseimiento definitivo a favor de 12 defensores del Río Guapinol.
Las personas defensoras acusadas eran Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Eugenio Esquivel, José Santos Hernández, Juventino Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, Rigoberto Rodríguez Arita, Juan Manuel Cruz Hernández, Lourdes Elizabeth Gómez Rodas y José Adalid Coello Mendoza, por los delitos de Usurpación y Daños en perjuicio del Estado de Honduras y de Inversiones Los Pinares.
Esta decisión fue conocida recientemente por los apoderados legales de los defensores, pero había sido emitida el 28 de noviembre de 2019. El MP y la compañía minera querían deshacerse del sobreseimiento definitivo y procedieron a criminalizar el establecimiento de campamentos en defensa del agua y la vida, por la contaminación que la empresa está realizando en el Río Guapinol.
Hay otros campamentos en diferentes zonas del país que han sufrido la misma persecución por las empresas con la comparsa del ente acusado hondureño y éste será un fuen precedente para alegarlo en los juicios.
Sin embargo el Juez de Competencia Nacional señaló en marzo de 2019 al dejar en libertad a los defensores acusados que estaban en la vía pública ejerciendo su derecho, pero eso no le servía a los intereses de la minera que en apoyo frontal del Ministerio Público interpusieron la apelación que consta en el expediente 703-19 de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán.
Esta resolución es una acción judicial positiva para garantizar el Derecho de Reunión y Manifestación de las personas defensoras, que establecieron un campamento , pero además sirve ponerle un alto a las arbitrariedades del Ministerio Público porque la presentación de esos recursos deben tener consecuencias legales y administrativas, así como una investigación contra los fiscales responsables, según Edy Tábora, del Bufete Jurídico para los Pueblos y abogado privado de los defensores Juan Francisco Cruz García y Rigoberto Rodríguez Arita.
Escuche este audio del abogado Tábora que destaca esta resolución como un logro en dos niveles:
Vea la resolución de la Corte de Apelaciones en este link
