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Fotografias por: comunica.edu.sv

Dos años se han cumplido desde que la Alianza contra la Privatización del Agua (ANCPA) en El Salvador empezó la lucha organizada a favor del reconocimiento del derecho humano al agua, la aplicación de una Ley General de Agua y contra la privatización de la misma. Pese a sus múltiples denuncias a favor de las comunidades al órgano ejecutivo y legislativo, los activistas de esta Alianza han sido objeto de agresiones y descréditos por parte de instituciones privadas y del mismo Estado, obstaculizando y retardando la garantía del agua de buena calidad a la población más vulnerable del país.

Este día, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua celebra su 2.º Aniversario de lucha organizada contra la privatización del vital líquido, el surgimiento de esta tuvo sus raíces debido al descontento social de varias organizaciones ambientales y sociales ante una iniciativa de Ley que fue presentada a la Asamblea Legislativa por diferentes partidos de derecha y elaborada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) denominada “Ley Integral de Aguas”.

agua

Un comunicado de La Alianza publicado este día, expresa que “dichos acontecimientos generaron indignación en diferente organizaciones sociales y populares del país llevándolas a articularse en la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, quien hizo su lanzamiento oficial el 16 de junio del 2018 con una multitudinaria marcha" que exigía un alto  a la privatización del agua. Dos años después, continúan las exigencias y propuestas de la Alianza" que incluyen: el manejo público de los bienes hídricos con un enfoque de derecho que garantice el acceso al agua de calidad y bajo costo para toda la población.

Entre las demandas presentadas este día en conferencia de prensa para el Estado salvadoreño se encuentra la firma y ratificación del “Acuerdo de Escazú”, un tratado regional que fortalece los derechos ambientales y la protección de defensores y defensoras de derechos para que no se obstaculice el trabajo que han venido realizando por la protección de los bienes comunes y públicos, como lo es el agua.

¿Por qué es necesario y urgente la firma y ratificación de este acuerdo para hacer posible la aprobación de una Ley de Agua con enfoque al derecho humano?

Omar Flores defensor y representante de la ANCPA menciona que al ser suscrito por el órgano ejecutivo y ratificado en el órgano legislativo, el Acuerdo de Escazú podría dar herramientas a los defensores y la ciudadanía para articular la defensa del derecho humano al agua y así poder activar mecanismos e instituciones en el país para su protección.

“Esta Alianza ha sido objeto de agresiones de descréditos y de obstaculización del trabajo, si tuviéramos una herramienta como el Acuerdo de Escazú, pudiésemos tener una herramienta para poder exigir el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos como personas defensoras del medio ambiente y como personas defensoras del derecho humano al agua” menciona el defensor.

Con la ratificación del Acuerdo de Escazú, los gobiernos se comprometen ante la comunidad internacional a garantizar los derechos de acceso a la información, acceso a la participación ciudadana, y acceso a la jurisdicción medioambiental lo que garantiza la protección personas defensoras de derechos humanos y la protección de derechos medioambientales para la población, como  el derecho humano al agua.

El Salvador refleja un retroceso en el cumplimiento de estos derechos.

En El Salvador, la aplicación de estos  derechos ha sufrido un retroceso desde la llegada del presidente Nayib Bukele al gobierno. 

  • Con respecto al derecho al acceso a la información oportuna en materia medioambiental, instituciones de gobierno se han negado a dar información sobre proyectos ambientales y a cumplir resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Publica que requieren al gobierno dar información a sus demandantes.        
  • Espacios de acceso a la participación ciudadana en materia medioambiental se han cerrado y se ha favorecido la entrega expedita de permisos ambientales al sector privado sin consulta con comunidades afectadas.  
  • Los tribunales ambientales y la fiscalía se encuentran con poca capacidad para resolver las demandas que resultan de comunidades afectadas por proyectos de desarrollo económico. Aun si las resoluciones de los tribunales favorecen a las comunidades, estas resoluciones son comúnmente ignoradas.  

Por esas razones, el gobierno tiene una cuenta pendiente con el Acuerdo de Escazú, ya que su ratificación podría ayudar a “Las personas defensoras de los derechos humanos y defensoras del medio ambiente que juegan un papel preponderante, que no es fácil realizarlo en las condiciones normativas e institucionales que tiene el país y no cuentan con una ley que se les proteja sus derechos fundamentales” agrega Flores.

Defensores y defensoras señalaron que con un Acuerdo como el de Escazú se podrá fortalecer y generar una herramienta más para que las organizaciones y la ciudadanía en general puedan ser más participativos, tener más información, acceder a la justicia en materia medioambiental. Mientras estos temas sigan en la papelera del Estado, las organizaciones que integran la Alianza contra la Privatización del Agua seguirán presionando para la garantía y el respeto de los derechos humanos, ambientales y el acceso equitativo del agua.

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