La Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) conmemoró el legado del ambientalista, Marcelo Rivera, quien fue torturado y asesinado el 12 de julio de 2009 tras oponerse al proyecto minero de la empresa canadiense Pacific Rim, hoy Ocena Gold, en el departamento de Cabañas, El Salvador.
Miguel Rivera, hermano de Marcelo, reconoció la lucha ambiental impulsada por el ambientalista asesinado en contra de las transnacionales extractivistas, que pretendían en aquel momento explotar los recursos naturales para buscar oro. La defensa ambiental de Marcelo empujó a las organizaciones sociales a exigir una Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, la cual fue aprobada el 29 de marzo por los diputados de la Asamblea Legislativa.
A tres años de la aprobación, las amenazas de la minería continúan acechando a El Salvador, aseguró Luis González, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería. La mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala, está contaminando con arsénico las aguas del río Lempa, principal afluente de los salvadoreños. Datos oficiales indican que el Lempa abastece de agua en un 56% a todo el territorio.
Además, González criticó la falta de voluntad del gobierno salvadoreño en la implementación de todo el articulado de la ley de minería. Aspectos como: el cierre técnico de minas, el resarcimiento de daños ambientales en comunidades y la prohibición de la minería artesanal, no se han logrado resolver en los tres años de vigencia de la ley.
Luis González llamó a estar vigilantes ante los escenarios políticos de El Salvador, esto podría significar una amenaza a la ley aprobada.
"Con un cambio legislativo y con 43 votos se puede revertir y derogar la ley de minería, no hay que bajar la guardia" advirtió el ambientalista.
Pedro Cabeza, representante de Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), expuso la situación de violencia que sufren ambientalistas en la región. Aseguró que los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, existe una epidemia de asesinatos, encarcelamientos y represión en contra de líderes y lideresas por la defensa de los bienes naturales.
"Tenemos a ocho compañeros presos en Tocoa, Honduras, por la defensa del río Guapinol. Debido a las condiciones de la pandemia, la lucha por la liberación de los ambientalistas ha detenido y la empresa está avanzado sus proyectos", dijo Cabezas.
En junio 2019, Global Witness, oenegé internacional, presentó en junio de 2019 su
informe "Enemigos del Estado". El estudio contabilizó los asesinatos y hechos de violencia contra defensores ambientales a nivel mundial.
"En 2018 se reportó el asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que significa un promedio de más de tres asesinatos por semana. Muchas más personas defensoras fueron atacadas o encarceladas", cita el estudio.
En Centroamérica, señala el informe, Guatemala registró 16 asesinatos de ambientalistas; mientras que, Honduras contabilizó 4 muertes. Los defensores, según el estudio, murieron por defender sus territorios de empresas de: mineras e industrias extractivas, agroindustrias, aguas y represas.
La familia de Marcelo Rivera exige justicia por el asesinato del ambientalista. “Hacemos un llamado a las autoridades que estén sabedores como pueblo que como familia no se nos olvida y tenemos pendiente de conocer la verdad y hacer incidencia para que este tema no se quede en el olvido" pidió Miguel Rivera.
