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Fotografias por: CIEL

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua aprovecharon la emergencia por la Covid-19 para dinamizar las industrias mineras, los monocultivos y los proyectos hidroeléctricos en la región. Además, aumentó la criminalización contra los defensores del medio ambiente.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), consorcio de organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, expresó su preocupación ante los escenarios post pandemia por la COVID-19 y su relación con las industrias extractivas y los conflictos ambientales en la región.  Los gobiernos en turno aprovecharon la emergencia para promover proyectos empresariales lesivos con el medio ambiente y suspendieron derechos constitucionales, como la movilidad y el acceso a la información.  

En la conferencia de prensa del pasado jueves 13, los representantes de las organizaciones explicaron como las industrias de la minería, los monocultivos y los proyectos hidroeléctricos siguen operando en los países.

Julio González, representante del colectivo Madre Selva, en Guatemala, explicó que la industria de la minería siguió desarrollándose durante la pandemia del coronavirus. Incluso, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, ordenó estado de sitio en los municipios El Estor, Livingston y Morales, de Izabal y, Santa Catalina La Tinta y Panzós, en Alta Verapaz, zonas donde opera empresa minera Fénix, quienes han desafiado un orden de suspensión emitida por la corte constitucionalidad. De igual manera, denunció a la empresa Bluestone Resources por la contaminación de las aguas transfronteriza de El Salvador y Guatemala, bajo el proyecto Cerro Blanco, en Asunción Mita.

La criminalización es una práctica recurrente de las industrias extractivas y del mismo Estado guatemalteco, con el fin de detener las luchas de líderes, comunidades y organizaciones que defienden el medio ambiente. El caso del líder indígena, Bernardo Caal, evidencia las violaciones de DDHH que sufren cientos de ambientalistas por la defensa de la tierra. Caal guarda prisión desde noviembre 2018 por su oposición contra la empresa hidroeléctrica OXEC y el proyecto en el río Cahabón, departamento de Alta Verapaz.

En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández dinamizó en plena pandemia los proyectos mineros, las concesiones de ríos para hidroeléctricas y los monocultivos en todo el país. Datos del Equipo de Reflexión, Información y Comunicación (Eric) contabilizó cerca de 125 ríos concesionados para la instalación de represas; más de 300 mil hectáreas de monocultivos de palma africana y aproximadamente 700 proyectos mineros que tienen permisos de exploración y explotación.

“Se aprovechó el marco de la pandemia para declarar que la minería es una actividad esencial para el desarrollo de Honduras. Se autorizó por Decreto Ejecutivo que las empresas minerías se salten los procesos de exportación sin declaración fiscal. Se Ha incrementado la militarización en todos los emprendimientos mineros para intimidar a las poblaciones”, dijo Pedro Landa, vocero de Eric.

Honduras es el peor país de Centroamérica para ejercer la defensoría ambiental, según el último informe “Defender el Mañana”, presentado por Global Witness en julio 2020. Los asesinatos de hondureños defensores de la tierra aumentaron de 4 a 14 entre los años 2018 y 2019, indicó el estudio.

Landa explicó que el Estado implementó un nuevo código penal que incrementa las penas carcelarias para los defensores del medio ambiente; además, reduce los años de encarcelamientos para los delitos de corrupción y daño al patrimonio público.   

Ocho ambientalistas guardan prisión, desde noviembre 2019, por oponerse a la empresa minera Inversiones los Pinares, que pretendía destruir los San Pedro y Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón. Recientemente, el 18 de julio, cuatro dirigentes de la etnia garífuna fueron secuestrados por personas armadas que vestían uniformes de la Dirección de Investigación Policial (DPI).

En El Salvador, la industria de la caña de azúcar no tuvo cuarentena durante la emergencia por la COVID-19. El cultivo y la sobreexplotación del agua para su riego continuaron afectando a las comunidades en todo el país, según la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES). Además, el proyecto de construcción de la urbanización Valle el Ángel, en el municipio de San Salvador, amenaza uno de los principales acuíferos de la zona norte; también, la hidroeléctrica de la empresa Sensunapán S.A. de C.V. amenaza los ríos del municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate.  

Desde el junio 2019, el gobierno de Nayib Bukele priorizó y flexibilizó los permisos ambientales a proyectos empresariales. El Ministerio del Medio Ambiente (MARN) se convirtió en una agencia tramitadora de permisos, debilitando sus procesos de obtención de licencias y evaluación de estudios de impacto ambiental.

“En esta coyuntura de crisis se puede ver que los destructores ambientales no están en pandemia ni en cuarentena. Ellos han seguido realizando actividades encaminada al dañar el ambiente. Estos destructores han usurpado agua y contaminándola, siendo peligrosos para la calidad de vida de la población”, mencionó Luis Gonzáles, de la Unida Ecológica Salvadoreña (UNES)

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aprovechó la crisis política y la pandemia de la Covid-19 para incentivar la industria minera en diversos municipios del país. La empresa minera Condor Gold en mina La India y Golden Reign en la mina San Albino aumentaron sus proyectos en las zonas, afectando zonas de bosques y contaminando afluentes como el río Coco, según dijo Heizel Torres, oficial de minería Centro Humboldt.

 “La pandemia por la Covid-19 vino a agudizar toda aquella acción de defensa de los territorios, sobre todo la defensa de los derechos humanos de la población vulnerable del extractivismo”, dijo Heizel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt en Nicaragua.

La pandemia proliferó las actividades de las pequeñas mineras en territorios donde existen presencia de grupos armados a fines del gobierno, facilitan su instalación y el procesamiento de la extracción, interrumpiendo el entorno natural y social de las zonas.

En la actualidad, El Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI) se encuentra una situación de mayor riesgo de criminalización, ya que el gobierno de Nicaragua no reconoce “emergencia” por COVID-19, respondiendo a la pandemia con políticas que contradicen los consejos de los especialistas a nivel global y ponen en riesgo la salud y la vida de los nicaragüenses y por ende toda acción promovida en el marco de la prevención es vista como una acción sujeta a la represión.

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