Esta es una historia de cómo dos defensores del medio ambiente de la comunidad Guapinol en el municipio de Tocoa, Honduras enfrentaron judicialización, acusados injustamente de delitos graves por defender sus bienes naturales, los autores de este hecho es la empresa minera “Inversiones Los Pinares” en complicidad con el Gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández.
Honduras, un país invadido con grandes proyectos mineros, para el 2019 se habían contabilizado 854 proyectos en solicitud ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) de esos 371 con permisos que de forma ilegal se han instalado en las comunidades que poseen gran riqueza natural; actividad que da un golpe de destrucción para la vida terrestre de las poblaciones que cada vez se levantan por defender sus tierras.
Según líderes hondureños mencionan que la ilegalidad ocurre cuando hay presencia de gente extraña en la zona haciendo inspecciones, mediciones y entrando maquinaria sin consentimiento ni información previa a las comunidades incluso en zonas altamente protegidas lo que violenta el Convenio 169 de la OIT ratificado desde el año 1995 en Honduras.
Documento: Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
Para el 2019 los impactos negativos de la extractividad minera fueron muy recurrentes, pero poco visibilizados debido a la falta de interés, la poca información y las amenazas por hablar sobre el tema.
Un caso en particular es el de la comunidad llamada Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras. Habitantes describen su comunidad como la mayor ciudad del departamento de Colón, cuenta con un estimado de 120 mil habitantes y está ubicada en el centro del Valle del Aguán que comienza en el departamento de Yoro, y atraviesa todo el valle que desemboca en el mar caribe.
Tocoa fue centro de administración de las plantaciones de banano de la Estándar Fruit Company hace 80 años lo que originó el fragor de los movimientos contra esos capitales, también está rodeada de plantaciones de Palma africana por lo que fue llamada la capital de la reforma agraria en la época de 1970 a 1990.
De esa fecha a la actualidad las comunidades de Tocoa se han enfrentado con una ola de daños ambientales como la contaminación a los ríos, deforestación en zonas protegidas, destrucción de fuentes de agua aunado a la ruptura del tejido social y comunitario, daños generados por las grandes empresas en especial por los proyectos de extracción minera, donde según INHGEOMIN 34 concesiones mineras están concentradas en la parte alta del municipio de Tocoa.
Los problemas para este municipio se agudizaron cuando el proyecto minero “Inversiones Los Pinares”, empresa dedicada a la extracción de hierro administrado por el empresario Lenir Pérez junto a su esposa Ana Facussé de la familia Facussé, una de las familias más poderosas de la región, de capital nacional e internacional, llegó hacer exploraciones al municipio en el año 2013.
Pobladores relatan con mucha nostalgia que el municipio de Tocoa no es el mismo de hace cinco años social y políticamente y que hay un cambio ambiental muy notable. También señalan que existen denuncias de empresas campesinas contra el consorcio empresarial Corporación Dinant, propiedad de dicha familia ante la fiscalía del Ministerio Público, incluso hay denuncias ante el Banco Mundial por ser quien financia proyectos a Dinant.
Documento: EL SOCIO SILENCIOSO DE LA CORRUPCIÓN EN CENTROAMÉRICA
PROYECTO ILEGAL
Foto / Diario Colón
La amenaza comienza cuando el Congreso Nacional de Honduras (Organismo del Gobierno) redujo la zona del parque nacional llamado “Montaña Botaderos Carlos Escalera” declarado como zona protegida en el año 2012, ubicada entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho, para entregar permisos y licencia de forma ilegal a Los Pinares y empezar con la explotación de las tierras.
Para el año 2018 la preocupación de 13 comunidades de Tocoa despertó, entre ellas la de Guapinol, pues ya estaban percibiendo impactos nocivos, como la reducción del agua en sus hogares, la deforestación y la contaminación de ríos como el rio Guapinol y el rio San Pedro de dicho municipio.
Juan López un gentil hombre habitante de la comunidad de Guapinol quien ha participado en organizaciones sociales de base comunitaria desde hace varios años, pudo relatar los cambios ambientales de la comunidad a causa de la actividad extractiva.
“Desde el 2014 promoví el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y puedo afirmar que ambientalmente nuestra comunidad es distinta, ahora tenemos menos cantidad y calidad de agua que hace cinco años, eso provoca una relación ambientalmente conflictiva en la comunidad porque hay que proceder al mayor racionamiento de los bienes” sostuvo Juan López.
Por su parte Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) un centro jesuita fundado en el municipio El Progreso, Honduras, en 1980 y que tiene como objetivo mejorar los derechos humanos de la población rural del país, enfatiza en la lucha de la comunidad Guapinol en contra del proyecto minero y su ilegalidad al limitar el acceso a la tierra.
“Es una lucha de 23 comunidades en contra de un proyecto minero de extracción de hierro en una zona de reserva biológica, es decir es un parque nacional que esta dentro del catalogo de la zona de reserva en la cual no podría haber ningún tipo de actividad, sin embargo de forma arbitraria e ilegal lo que hicieron fue reducir la zona núcleo del parque nacional para dejar libre de la zona núcleo el área donde esta la empresa minera que explota la zona, si quedo dentro de esa zona eso es detención ilegal”, Pedro Landa.
RESISTENCIA Y CRIMINALIZACIÓN
Foto / The World News
Defensores ambientales de Guapinol pasaron tres años alertando a los demás pobladores sobre los riesgos que causarían los trabajos de la empresa minera, pero muchos no creyeron.
En el año 2017 la amenaza de Inversiones Los Pinares empieza a notarse cuando unas cuantas toneladas de tierra cayeron sobre el río Guapinol el cual según testimonios de los pobladores quedó “sedimentada” arruinando el afluente, que también contaminó otros ríos como el rio San Pedro.
Las comunidades al percibir estos daños empezaron a manifestarse, salieron a reclamar y protestar “Entendimos que era el momento de sumar” agregó Juan. Quienes se tomaron
espacios como la alcaldía para exigir un cabildo abierto y decretar su municipio libre de minería, pero sus peticiones no fueron escuchadas frente a la municipalidad en ese momento, al contrario, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez interpuso una queja el 14 de mayo de 2018 ante el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH) en contra de quienes defendían los bienes naturales según informes de la radio local (Radio Progreso).
“El Alcalde interpuso una queja en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) contra la dirigencia de la asamblea permanente instalada en el edificio Municipal durante 11 días. En esa ocasión, el alcalde hizo una discriminación brutal contra la asamblea y de manera específica contra el equipo coordinador del Comité” agrega Juan.
El año 2019 representa un golpe a los derechos sociales y ambientales para defensores y defensoras de la comunidad Guapinol quienes fueron criminalizados y llevados a prisión por el hecho de levantar su voz en contra del proyecto extractivo.
“Ha sido un proceso lento, hasta desencadenar la situación más aguda entre 2017 a la fecha, pasando junto a 31 compañeros más, por un doble proceso judicial acusado de 6 delitos incluido el de asociación ilícita por los que estuve unos días en la cárcel”, relata Juan López.
Reynaldo Domínguez un hombre que ha crecido en la comunidad de Guapinol, defensor y líder ambiental también fue criminalizado y llevado a prisión luego de haberse presentado voluntariamente al juzgado de La Ceiba, Atlántida el 23 de febrero del 2019 junto con Juan López y otros 11 defensores más, incluida la defensora Lourdes Gómez. Reynaldo cuenta sobre la corrupción del sistema judicial de su país y su encarcelamiento por 15 día.
“Estamos aquí haciéndole frente a esta lucha en contra de la minería, una empresa que quiere darse la tarea de destruir el bosque, las fuentes de agua, la flora y la fauna, nos sentimos honrados de poder estar en esta lucha puesto que son bienes naturales que corresponden a las comunidades. En Guapinol directamente nos afectaría por el río que pasa por la comunidad, ya fue sedimentado por 7 meses, había agua con lodo, no era apta para el consumo humano no se podía lavar con ella, no se podía cocinar alimentos con ella, y si el proyecto comenzara a explotar y hacer un desastre ambiental, pues los habitantes de la comunidad se tendrían que ir, y nuestras empresas quedarían sin ningún apoyo.
Todo el municipio con las concesiones que hay hasta ahorita que son 6 en solicitud, Inversiones Los Pinares que ya está adelantado, son más que suficientes para destruir el municipio, porque en el parque Montaña Botaderos que es una zona protegida es ahí donde están concesionando 3,500 hectáreas del parque y del parque nacen 34 fuentes de agua, para el municipio de Tocoa el Rio Guapinol.
La policía y el Estado mediante los militares y el Ministerio Publico tienen diferentes factores para criminalizar, van a las marchas levantan un perfil de quienes son los que hablan más, de lo que sobresalen en la lucha, ellos les llaman agitadores. Nos metieron presos al compañero Juan López del comité Municipal y a mi del Comité Local y a otros 5 compañeros de la comunidad, y la comunidad siguió en la lucha. Adentro en la prisión desde que vas, ves rostros diferentes y uno se viene abajo cuando alguien adentro le dice a lo mejor te van a condenar por una buena cantidad de años por delitos, uno tiende emocionalmente a venirse abajo y decir porque tengo que enfrentar una pena si yo no estoy haciéndole a nadie ningún daño, para mi es una experiencia muy desagradable”.
Actualmente el defensor ambiental continúa siendo víctima de amenazas y tácticas de intimidación, a las que son expuestos a diario los defensores ambientales en Tocoa. Entre los días miércoles 27 y el jueves 28 de agosto de este año, vehículos blancos de doble cabina rondaban la casa de habitación del defensor ambiental, según informó El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Mientras que Juan López relata que “es una indignación estar en un tribunal, frente a un fiscal que pelea por convencer al Juez que soy un criminal cuando no lo soy, da indignación y dan ganas de reír. Pase muchos años metido en la cárcel bajo una condena por algo que no es cierto. Estos tiempos los hemos vivido bajo una campaña de desprestigio y de intimidación militar y mediática por las empresas”.
“LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS NO DEBERÍAN SER INVESTIGADAS EN PRISIÓN”
La Clínica Jurídica de la Universidad de Virginia a través de un informe menciona las múltiples irregularidades en el caso de Guapinol y las violaciones a derechos humanos al igual señala que el sistema judicial hondureño ha incumplido los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras.
Nelson Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional, destacado en el tema asegura que Honduras ha infringido al detener a los defensores de Guapinol sin una debida notificación sobre los cargos en su contra como lo establecen los convenios internacionales. Los juzgados que llevan el caso han dilatado las respuestas que el equipo de abogados de los defensores han presentado con el fin de que los acusados se defienden en libertad.
La Clínica Jurídica de la Universidad de Virginia también recomendó al Estado de Honduras en su informe: ordenar la liberación de las personas que hoy en día están llevando su proceso judicial con privación de la libertad.
Los procesos de manera transparente y con apego a las normas de los derechos humanos, y abstenerse de utilizar jueces de jurisdicción nacional para llevar casos de personas que defienden los derechos humanos.
Así mismo un estudio titulado: Guapinol resiste, orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguan realizado por un equipo de investigación de nivel internacional organizado por la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, menciona el porqué del origen de estos conflictos sociales y en el cual resalta las múltiples violaciones a derechos humanos contra defensores y defensoras ambientales que se oponen a proyecto mineros en el municipio de Tocoa Colón.
Entre los hallazgos del informe con respecto a las denuncias que la población de Guapinol venía haciendo por la violación de derechos humanos ante la negación de la actividad minera en la comunidad, la investigadora de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres, Ainhoa Montoya señala que el Estado Hondureño incurrió en irregularidades al extender las licencias de minería a Inversiones Los Pinares, no hubo consulta previa, libre e informada a la comunidad de acuerdo a los estándares y normas internacionales, se usó de la fuerza policial y militar para intereses privados, el Estado de Honduras ha criminalizado a defensores de derechos humanos por su acción de defensa a los territorios de los bienes naturales, al igual existe una sistemática estigmatización y ataques a la libertad de expresión tanto de defensores ambientales como periodistas junto a los ataques de amenazas que resulta en muchos casos en el desplazamiento forzado.
En dicho estudio recomiendan la liberación inmediata para los defensores de Guapinol que aún se encuentran investigados bajo prisión, el reconocimiento público a nivel internacional sobre estos actos y la cancelación de licencias de proyectos mineros como el de Inversiones Los Pinares.
Documento: Resumen Ejecutico Guapinol Resiste ACAFREMIN
TOCOA LIBRE DE MINERÍA
Foto / Radio Progreso
Tras un largo proceso de lucha contra los daños ambientales, el 29 de noviembre de 2019 el pueblo de Tocoa, Colón logra un triunfo y momento histórico importante, declarando su municipio “Territorio Libre de Minería” en donde participaron las comunidades y organizaciones que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa.
La radio local también informó que algunas personas viajaron un día antes para participar en el evento, y otras salieron en horas de la madrugada para poder estar a tiempo, mujeres y hombres llevaban pancartas y mantas con las consignas “Fuera Minas” y “Tocoa libre de minería”.
“En estos procesos de resistencia y de rebeldía uno aprende a ser sensible y saber escuchar, dan ganas de llorar y se llora de felicidad cuando uno ve como la gente, las mujeres y los hombres, la niñez y la juventud, los pobladores y profesionales, la comunidad cristiana se pronuncia en coro por lo que quiere y uno quiere. Ver y escuchar al pueblo declarar su territorio libre de minería es algo que he disfrutado y deja en el alma la dosis de fuerza para levantarse con mayor energía cuando la tristeza llega” Expuso Juan López.
Los defensores señalan que tienen la declaratoria, pero que falta desmontar los contratos mineros de las concesiones y eso ya procede en la capital (Tegucigalpa) “entender los pasos del proceso, lleva tiempo y paciencia, hay gente que se incomoda porque las empresas siguen en el territorio, pero la batalla continúa y esperamos lograr que se cancelen los contratos, permisos y licencias y las empresas se marchen”. Finalizó Juan López.
Artículo por: Karla Rodas // VANGUARDIA EL SALVADOR
Enlace Original: https://vanguardiasv.net/el-costo-por-defender-la-tierra-en-guapinol-honduras/2020/
