Naciones Unidas (ONU) respaldó la denuncia de las comunidades y organizaciones indígenas, quienes denunciaron casos de corrupción en proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca, en Intibuca.
Comunidades y organizaciones de pueblos indígenas denunciaron la exclusión al proceso judicial: "Fraude sobre el río Gualcarque", en donde 16 imputados son investigados por los delitos de corrupción a favor de la empresa hidroeléctrica Desarrollo Energético S.A. (DESA), de la familia Atala Zablah.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Consejo Indígena Lenca de Río Blanco enviaron una carta a los organismos internacionales de derechos humanos para exponer un bloqueo continuo del sistema judicial contra las comunidades indígenas.
"El COPINH en representación de la comunidad de Río Blanco participó de las primeras etapas del proceso judicial de Fraude Sobre Gualcarque, sin embargo, a raíz de una petición de los imputados, la Corte de Apelaciones Nacional en Materia de Corrupción, decidió en fecha 28 de agosto de 2019 excluir a la organización del pueblo Lenca de dicho proceso, a pesar que la organización y la comunidad, las víctimas directas de los hechos de fraude y corrupción, incluyendo la inobservancia de los derechos de las comunidades indígenas", explicaron en la carta.
El proceso judicial es producto de las denuncias de las comunidades indígenas en contra de 51 proyectos "inconsultos e ilegales" en los territorios Lenca, entre ellos, Aguas Zarca, que pretendía explotar el Río Gualcarque, patrimonio de la comunidad Lenca.
El caso contra la hidroeléctrica fue presentado, según explicó la carta, por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO).
Ante la falta de acceso al proceso judicial, las organizaciones interpusieron dos recursos: uno de reposición, el cual fue declarado sin lugar el 4 de septiembre 2019; y un amparo "para la protección constitucional de los derechos de acceso a la justicia" para los pueblos indígenas en octubre de ese mismo año. Este último comenzó en Sala de lo Constitucional en enero 2020. Sin embargo, no se suspendió el proceso ante la demanda de las comunidades Lenca y prosiguió sin su la participación.
"En fecha 28 de septiembre del presente año se iniciaron las audiencias del juicio oral y público del caso Fraude Sobre el Gualcarque sin resolución del amparo, negando de hecho el acceso a la justicia y a la verdad para el COPINH y a la comunidad Lenca" denunciaron las comunidades ante los organismos de DDHH.
Además, las comunidades señalaron falta de transparencia del caso; asimismo, pidieron al Estado hondureño que rectifique su accionar frente a las víctimas del caso Fraude Sobre el Gualcarque.
Este caso es seguido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras( OACNUDH), según informó en su cuenta oficial de Facebook.
"Recordamos al Estado su obligación de permitir la participación efectiva de las víctimas, garantizar la publicidad y la observación nacional e internacional en todas las audiencias sobre el caso" escribió la ONU.
