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Tras cinco peticiones de revisión de medidas y 15 meses de encarcelamiento injusto para 7 ambientalistas, un juzgado del municipio de Tocoa ordenó una audiencia para los defensores del Río Guapinol.

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Honduras se refirió a la decisión del Juzgado de Letras Seccional, del municipio de Tocoa, en Colón, en cuanto a la notificación de la audiencia de revisión de medidas para los siete defensores ambientales del Río Guapinol, quienes fueron criminalizados y encarcelados injustamente desde hace 15 meses.

La audiencia se realizará el día viernes 18 de diciembre en Tocoa a las 9 de la mañana. Se tiene previsto que la revisión de medidas para los ambientalistas: Ewer Cedillo Cruz, José Cantarero, José Daniel Márquez, Kelvin Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnol Alemán y Jeremías Martínez.

El proceso judicial en contra de defensores ambientales está plagado irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia. En todo el 2020, el equipo defensor solicito en cinco ocasiones la revisión de medidas, pero el sistema judicial se ha negado a brindarle ese derecho a los detenidos, algo que fue criticado por el equipo jurídico, familiares y organizaciones ambientalistas. 

“El Juzgado de Tocoa, Colón, a petición nuestra ha señalado una audiencia de revisión de medidas para los defensores de Guapinol”, indicó el abogado Edy Tábora, quien forma parte del equipo de defensa de los ambientalistas.

Los familiares de los detenidos se mostraron complacido con la decisión del Juzgado de Letras Seccional ante la audiencia de revisión de medidas.

“Hemos recibido esta noticia con mucha alegría, nos invade lágrimas, emoción; pero a la vez tristeza de darnos cuenta de cómo este Estado ha tenido a nuestros compañeros por más de 15 meses”, dijo Juana Zuniga, en representación de las familias de los defensores ambientales.

Jeremías Martínez, ambientalista criminalizado y procesado en libertad, enfatizó en la inocencia de todos los defensores del Río Guapinol y criticó el proceso irregular que lleva el sistema judicial en contra de los detenidos.

En el año 2018 la preocupación de 13 comunidades de Tocoa se hizo pública al denunciar impactos nocivos del proyecto minero de la empresa Inversiones los Pinares, como la reducción del agua en sus hogares, la deforestación y la contaminación de ríos como el río Guapinol y el río San Pedro del municipio de Tocoa.  El controversial proyecto, propiedad de Lenir Pérez, fue adquirido con irregularidades, amenaza con la contaminación y afectación de las principales fuentes de agua la región del Bajo Aguan.  Ante la protesta organizada de las comunidades el gobierno, en complicidad con la empresa, han lanzado una campaña de criminalización contra los defensores del río guapinol.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó este año el informe “Conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras”, cuál describe las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero del empresario Lenir Pérez y familia Facussé.

Estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, según el informe Guapinol Resiste. Además, el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

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