El informe indica un crecimiento acelerado de la minera y de sus impactos ambientales; asimismo, los conflictos sociales que ha generado la actividad minera en el país.
La organización Centro Humboldt presentó su más reciente estudio “Estado del Arte Minería en Nicaragua 2020”, donde informa sobre la expansión, contaminación y la realidad de los impactos de la industria minera en el país. Asimismo, el informe pone en perspectiva las luchas ambientales en las comunidades afectadas por este sector.
Con la llegada del presidente Daniel Ortega, en 2007, las concesiones mineras aumentaron en 310.84%, es decir: en 10 años (2006-2007) los permisos para los proyectos mineros pasaron de 83 a 258, según la Dirección General de Energías y Minas, citado en el informe. En 2012, Nicaragua se convirtió en el principal extractor de oro en Centroamérica con el 35.4% de la producción regional. Para 2019, la producción de oro fue de 295 mil cuatrocientas onzas, un aumento del 25% en relación con los niveles del año 2017.
Los aumentos de los proyectos mineros en Nicaragua fueron beneficiados por la “aprobación y reformas en materia ambiental y regulación de la actividad minería”, dice el estudio. Esto facilitó y flexibilizó la otorgación de concesiones minerías en todo el territorio del país, a través de la aprobación de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas-ley N°953 (ENIMINAS) y del nuevo Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el uso Sostenible de los Recursos Naturales (decreto 20-2017)
“… este nuevo sistema de evaluación debilita la legislación ambiental por las siguientes modificaciones: reducción de términos en los cuales puede ser aprobado los proyectos; desaparición del principio del que contamina paga; desaparición de la consulta pública; y aumento de categorías ambientales, algunos tipos de proyectos, obras e industria bajaron de categoría”, señaló Centro Humboldt en el informe.
Entre los principales proyectos mineros en Nicaragua se encuentran: Santo Domingo, Bonanza, Mina el Limón, Mina La India, Rancho Grande en el departamento de Matagalpa, Camoapa y San Lorenzo en Boaco y San Albino en Nueva Segovia. En estos sectores se han realizado movilizaciones en contra de la actividad minera, esto por el “incumplimiento de convenios colectivos, derechos laborales y los problemas socio ambientales generados por la industria”, indica el estudio.
“Estos conflictos en torno a la minería han tratado de ser silenciados (a través de la fuerza de seguridad) por el gobierno de Nicaragua mediante el uso de la violencia dirigidas a los líderes anti minería y los defensores ambientales”, denuncia el informe.
Contaminación ambiental por la minería
Las implicaciones ambientales por la actividad minera se ven reflejadas en diversos territorios donde que se desarrollan los proyectos mineros. Por ejemplo: Mina el Limón tuvo una seria de afectaciones a la presa de la cola en 2011. La Laguna cercana al proyecto minero se utilizaba como “recirculación de cianuro”, principal sustancia química para el proceso de extracción de oro. En varias ocasiones se tuvo derrame masivo, poniendo en riesgo la salud de las personas.
En el municipio de Santo Domingo se realizó el muestreo de 29 pozos activos en Tajo Antena tanto adentro como afuera del área de influencia del proyecto minero. Al realizarse la explotación minera en esta zona afectaría las condiciones del acuífero, contaminando las aguas dentro del perfil del suelo, indica el estudio.
Otros de los aspectos es la contaminación que genera la minería artesanal, esto a través del vertimiento de altas concentraciones de mercurio y cianuro, siendo el principal foco de contaminación ambiental.
La pobreza y los proyectos extractivos de la minera continúan afectando a las familias nicaragüenses. Según el estudio, los sectores de actividad minera han desencadenado la fragmentación del territorio, desplazamientos y un cambio en la vida productiva de las personas, contribuyendo al empobrecimiento de las comunidades.
“Las dinámicas extractivas de este modelo ha conllevado serias repercusiones sociales y ambientales que generan conflictividades, violencia y expulsiones forzadas de poblaciones y comunidades, además de exacerbar la polarización socioeconómica y la persistencia de la desigualdad”, cita el informe.
