Las hidroeléctricas se posicionan en primer lugar con 57 casos de conflictos con comunidades. La conflictividad por los proyectos en Honduras ha provocado hechos de violencia en contra defensores ambientales, como: asesinatos, criminalización, acoso y despojo de territorios.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández aprobó 14 concesiones de megaproyectos hidroeléctricos en todo el país, según detalla el decreto ejecutivo PCM-138-2020, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 6 de enero 2021 (N° de referencia 35,479). El documento que consta de 11 artículos autoriza el diseño, construcción, ampliación y operación de represas en ríos y quebradas y fuentes de aguas a nivel nacional.
Los afluentes de aguas afectados por la industria hidroeléctrica son: Llanitos y Jicatuyo en el Río Ulua, en el departamento de Santa Bárbara; El Tablon en el Rio Chamelecón, a 30 kilómetros al suroeste de San Pedro Sula; San Fernando y Morolica en el Río Choluteca; Quebrada Relumbrosa, La Ceiba Atlántida; los Ríos Jalán y Talgua, en Olancho; Río Texiguat, el Paraíso, al sur oriente de Tegucigalpa; Río Guangololo, La Paz; Ríos Leutona, San Francisco Morazán; los Ríos Gila y Maicupan, en Copán; Río Arsilaca, Lempira; Río Mame, en Yoro y el Río Selguapa en Comayagua.
Estos proyectos hidroeléctricos cuentan con un certificado de Incorporación y Viabilidad de Operaciones, en el cual incluye los permisos ambientales y concesiones de los bienes naturales, según explica el decreto.
Pedro Landa, experto en derecho ambiental y representante de Honduras de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, señaló como una “decisión mal intencionada” del gobierno en la aprobación de los megaproyectos, esto por los antecedentes negativos en material ambiental que hay en el país.
El experto ambiental mencionó que el presidente Juan Orlando Hernández ha utilizado el temor de las comunidades para autorizar las hidroeléctricas. “Los modelos extractivitos está volviéndose en contra de la población como lo vimos en el mes de noviembre”, comentó el activista.
Si alguno de estos proyectos fracasa o es inviable social o económicamente, el costo del reembolso de la inversión la pagara el Estado hondureño a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. Es decir: el pueblo hondureño asumirá ese compromiso económico, explica el artículo 2 del referido decreto.
El decreto ejecutivo se ampara en el contrato del “Fideicomiso para la Generación de Energía, Mediante la Constitución de una Alianza Público-Privado” entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Alianza para la Promoción de la Alianza Público-Privado (COALIANZA) y el Banco Atlántida, explica el documento.
Xiomara Gaitán, presidenta de la Red Nacional de Comunidades afectadas por la Minería y residente del departamento del Paraíso, lamentó la decisión del presidente porque estos proyectos hidroeléctricos afectarán a las comunidades. Señaló que la industria está generando el despojo de los territorios de cientos de hondureños.
“El proyecto Patuca I, II y III dejó a muchas personas sin sus terrenos porque les mintieron. Pasaron sus terrenos a nombre de la empresa y luego no les pagaron. Solo les pagaron a ciertos tipos de personas, pero a la gente humilde se quedó esperando por el pago por sus terrenos”, cuenta la presidenta.
Gaitán aseguró que los conflictos sociales y ambientales aumentarán tras la autorización de los 14 megaproyectos hidroeléctricos. “Van a ver más conflictos de los que ya hay en muchos territorios, por ejemplo, los compañeros del departamento de la Paz que vive luchando para que no se instale una hidroeléctrica”, dijo la lideresa ambiental.
Hidroeléctricas y los conflictos sociales y ambientales
Los proyectos Hidroeléctricas en Honduras generan conflictos en las comunidades y el medio ambiente, según indicó el más reciente informe “Derechos Colectivos Vulnerados: Honduras El impacto multidimensional de proyectos extractivos e infraestructura 2017-2019”, de la organización internacional Rights and Resources Initiative & Amazon Conservation Team, el cual fue presentado el 18 de diciembre del año pasado.
En la rama de los proyectos de infraestructura, las hidroeléctricas se posicionan en primer lugar con 57 casos conflictivo con las comunidades. “Estos proyectos también fueron responsables de afectar al mayor número de comunidades en Honduras (71.1%)”, cita el informe.
El estudio contabilizó un total de 13 represas hidroeléctricas, 40 en etapa de planificación y 74 proyectos de pequeña escala. La mayoría fueron denunciados por organizaciones ambientales, pueblos indígenas y de DDHH, quienes se pronunciaron ante asesinatos, persecución e intimidación por la defensa de ríos y el medio ambiente.
La conflictividad por las hidroeléctricas en Honduras ha provocado hechos de violencia en contra defensores ambientales. Por ejemplo, asesinatos de líderes del pueblo garífuna entre 2016 y 2019, quienes se opusieron a la empresa Sociedad Hidroeléctrica de Masca S.A de C.V. Hidromasca por la amenaza de despojo de sus territorios para la construcción de represas.
“Nuestro pueblo está siendo asesinado por defender nuestros recursos naturales, nuestros territorios y nuestros derechos ancestrales” cita las declaraciones de Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
De igual manera, las comunidades Lencas son de las más afectados ante la construcción de 17 represas en su territorio y quienes ahora reclaman el cumplimiento del derecho a la consulta previa libre e informada. Varios de estos proyectos se impulsaron en el periodo 2009 – 2010, en el marco del golpe de estado en Honduras, y han continuado su desarrollo bajo gobiernos sucesivos que carecen de legitimad.
Honduras es el país de Centroamérica donde se cometen la mayor cantidad de asesinatos de defensores del medio ambiente, según indican las estadísticas del informe “Defender el Mañana” (2020), de Global Witness. El estudio detalló que 14 hondureños perdieron la vida por oponerse a proyectos extractivos como: aguas y represas, minería, agroindustria, explotación forestal entre otros.
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