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Los defensores criminalizados denunciaron la contaminación del Río Choluteca por las descargas de aguas sucias y desperdicios que lanza la empresa avícola “El Cortijo”. Las afectaciones está impactando en varias comunidades de Tegucigalpa.

La Mesa de Derechos Humanos en Honduras condeno la detención arbitraria y enjuiciamiento de siete defensores ambientales de la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH). La captura fue el pasado 29 de marzo 2021, durante una concentración pacífica frente a las instalaciones de la empresa avícola “El Cortijo”, en la ciudad de Tegucigalpa.

Las y los defensores ambientales capturados son:  Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH; Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Víctor Hernández, María Valladares y Fernando Hernández, miembros de ARCAH. Ellos enfrentan un proceso judicial por el supuesto delito de “Desplazamiento Forzado”, contemplado en el artículo 248 del Código penal

Los defensores criminalizados han denunciado la contaminación del Río Choluteca por las descargas de aguas sucias y desperdicios que lanza la empresa avícola. Las afectaciones están impactando en las aldeas de Germania, Yaguacire, Mimbres, Lomas de Germania y la Aldea de Loarque, según comentó el coordinador general de ARCAH ante de su captura.

Ayer martes 13 de abril, los capturados comparecieron ante el Juzgados de Letras de lo Penal, La Granja, en Tegucigalpa, donde el juez del caso determinó “auto de formal procesamiento para los siete defensores ambientales”. Es decir, el juez encontró suficientes indicios de cometimiento del delito para proseguir el curso del enjuiciamiento contra los detenidos. 

“Durante la Audiencia Inicial, el juzgado desestimó las pruebas presentadas por la defensa, mientras que recibió sin titubear todas las pruebas de parte de la parte acusadora: la Empresa Avícola El Cortijo”, denunció ARCAH en su cuenta oficial de Facebook.

Miembros de ARCAH realizaron una concentración pacífica frente a los juzgados donde exigieron la liberación de los siete ambientalistas criminalizados; asimismo, denunciaron actos violencia contra Christopher Castillo, coordinador general, por su lucha ambiental para proteger los bienes comunes en Honduras.

Antes de la captura de Michael Aguilar, el defensor explicó a un medio digital hondureño sobre el mal olor y síntomas que ha generado la contaminación en los pobladores que residen en las cercanías del Río Choluteca.

“El olor de los desechos es tan fuerte que causa nauseas, dolor de cabeza, picazón en la piel, y afecta más personas de la tercera edad, en especial a los que padecen de hipertensión, ya han llevado varias personas con esas afectaciones de salud al médico”, dijo el ambientalista.

Además, dijo que las comunidades lograron paralizar las actividades de la planta de desechos de la empresa, hasta que se diera un dictamen de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas o MiAmbiente. Sin embargo, el derecho de asociación de las comunidades fue usurpado por personas que están a favor de la empresa, porque tienen familiares o laboran ahí, se hicieron pasar por representantes de patronato para desmentir la lucha y a finales de noviembre del 2020, la planta reactivó las labores.

Este caso se suma a otros hechos de criminalización de la protesta social que el sistema judicial emprende contra defensores de derechos humanos y ambientales en Honduras; tal es el caso de los defensores del Río Guapinol, en Tocoa, Colón, y en los liderazgos del pueblo indígena Lenca en la Paz en Intibucá.

 

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