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Los jueces que ventilan el caso de los ocho defensores del río Guapinol se empeñan en buscar trabas y dar fallos arbitrarios que castiguen la acción pacífica de los ambientalistas por el solo hecho de denunciar la contaminación que genera la explotación minera en el afluente.

Los jueces Franklin Marvin Arauz Santos, Ricardo Rodríguez Barahona y Henry Geovany Duarte Zaldivar, no solamente se ensañan con los ocho ambientalistas detenidos, sino también violentan el derecho a la protesta pública que tienen los familiares y defensores de los ambientalistas, al cambiar sin razón alguna el lugar del juicio y trasladarlo hasta el juzgado de La Ceiba.

La reciente audiencia de revisión de medidas de detención, hace apenas un par de semanas, fue un proceso dilatorio, ya que los defensores fueron informados por los jueces de que el tribunal se pronunciaría sobre su liberación o no en un plazo de 24 horas, que es lo que establece el Código Procesal Penal. Sin embargo, la resolución llegó tres días despues,  negando la petición que los defensores continuaran su proceso en libertad bajo alegatos sin fundamento legal.

Más de dos años y medio han permanecido encarcelados los ocho defensores en un proceso judicial arbitrario en el que están implicados jueces, fiscales y funcionarios públicos del Tribunal de Sentencia de Trujillo.

El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU han señalado la arbitrariedad en el proceso porque no existe fundamento legal para haber detenido a los defensores y menos para seguirlos manteniendo privados de la libertad; dicha detención es arbitraria pues constituye una represalia al legítimo ejercicio de los defensores defender sus derechos, a la libertad de movimiento, igualdad ante la ley, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación y libertad de participar en asuntos públicos, por lo que no hay bases que justifiquen la privación de libertad. 

Edy Tabora, del equipo legal de los defensores del río Guapinol, explicó que después de dos años de detención no se han atribuido ningún delito a los defensores ambientalistas, motivo suficiente para dejarlos en libertad.

“El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encuentra la detención como arbitraria y sin base legal que justifique la prisión preventiva.  De hecho, previamente había solicitado al estado de Honduras que dejaran en libertad a los activistas, repararan el daño causado por las ilegalidades y que se investigara a los funcionarios públicos, jueces y fiscales que forman parte del mecanismo que mantiene privados de la libertad a estos ocho hombres”, sentenció.

Agrego que la fiscalía no se opuso al cambio de resolución de medidas y dejó en manos de los jueces la resolución y que son los jueces los que se niegan en dejar a los ambientalistas en libertad.

Breve cronología de los hechos

En 2014, gobierno hondureño otorgaron dos concesiones mineras (ASP y ASP I) a Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Lenir Pérez -miembro por matrimonio de la acaudalada familia Facussé- para explotar el óxido de hierro a cielo abierto en el Área Natural Protegida “Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía”, departamento de Colón, región norte de Honduras.

En 2018 se inician los trabajos de construcción de una carretera para acceder a la montaña de Botaderos, el agua del río Guapinol comienza a sufrir problemas de contaminación y deja de ser utilizable para la comunidad.

Para bloquear la carretera, se montó un campamento que duró aproximadamente dos meses y que fue violentamente desalojado y fue desmantelado brutalmente por más de 1200 efectivos militares, de policía local y miembros de la empresa de seguridad privada COPIVERSE.

El 15 de enero de 2019, un tribunal especializado en crimen organizado ordena la aprehensión de 31 defensores ambientales vinculados al Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa. Finalmente, trece fueron puestos en prisión preventiva, siendo liberados 5. Mientras que 8 permanecen encarcelados hasta la fecha en el Penal de  Olanchito.

Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naun Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz, todos ellos miembros del Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), en Colon, Honduras permanecen detenidos bajo medidas preventivas. 

Octubre 2021. Se niega la posibilidad de que los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro de Tocoa, Colón, se defendieran en libertad, el Tribunal de Sentencia argumentó que existe “peligro de fuga”, pese a que los 7 ambientalistas que están presos en Olanchito, Yoro, se sometieron voluntariamente a la justicia en agosto de 2019.

 

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