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Pese a que el agua ha sido reconocida como un derecho humano, en El Salvador se sigue viendo desde la óptica comercial y se sigue priorizando al sector privado antes que las comunidades y ciudadanía en general.

La propuesta de ley impulsada por la bancada oficialista establece hasta 15 años prorrogables para que los privados exploten los recursos hídricos, lo que ha generado preocupación en los sectores sociales en el país y en dos relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 1 de noviembre el relator especial sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo; junto a el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, dirigieron una carta al presidente de la república por considerar que la propuesta del gobierno carece del derecho al saneamiento, tratamiento de aguas residuales, lodos fecales, entre otros y se basa solo en la explotación del recurso.

Los artículos 58, 61 y 63 de la propuesta oficialista, carecen de muchos vacíos referentes a las autorizaciones sobre explotación del recurso hídrico, requerimientos que las empresas privadas deberán cumplir al solicitar un permiso ambiental.

La iniciativa de ley de recursos hídricos fue elaborada por el Ejecutivo de Bukele y se llevó a la Asamblea Legislativa, dominada por su partido Nuevas Ideas, el 18 de junio.

Para su estudio y elaboración se creó una comisión ad hoc, formada en su mayoría por diputados oficialistas, que en la primera sesión acordó solo tomar como base la propuesta del Gobierno y desechar el anteproyecto de la sociedad civil. 

Aunque en una primera fase la comisión recibió y escuchó los aportes de diferentes sectores, la sociedad civil organizada ha señalado que sus insumos no han sido tomados en cuenta.

Según la Alianza Contra la Privatización del Agua, la ley del agua debe contar con el consenso ciudadano y cumplir con cinco puntos no negociables que son:

  1. El agua es un bien público. Es un bien natural que es de todas y todos y no debe ser sujeto a privatización ni a que su gestión sea decidida por sectores privados para su enriquecimiento.
  2. Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Toda la población tiene derecho a tener agua en cantidad y calidad suficiente para tener una vida digna y que sus aguas residuales sean tratadas para no contaminar el ambiente.
  3. Su gestión pública con participación efectiva de la población. Es el Estado quien debe manejar el agua junto con la participación comunitaria, pues desde esa forma de gestión no se busca el lucro sino el beneficio de las mayorías.
  4. La gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. El agua no nace del chorro, nace de los ecosistemas y por tanto deben ser estos los que se protejan, conserven y restauren de cara a garantizar el agua para toda la población, a las próximas generaciones y a todas las especies.
  5. Régimen económico y financiero, justo y equitativo. Con el agua debe de darse prioridad a los usos más importantes como el agua para consumo humano y doméstico, pero entre estos el cobro debe ser justo y acorde al fin que se le dé a este bien natural.

 

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