La práctica nociva de agrotóxicos en el cultivo de caña de azúcar pone en riesgo la vida de las personas en las comunidades centroamericanas, mediante la contaminación de los acuíferos y ríos que proveen de agua a las poblaciones.
Un estudio reciente de Alianza por la Solidaridad reporta que en Centroamérica el “cultivo de caña de azúcar utiliza cuatro tipos de agroquímicos principales: 1) fertilizantes 2) herbicidas y fungicidas 3) inhibidores de flor 4) madurantes. Para sacarle el máximo rendimiento posible a las tierras y al agua utilizadas, las empresas azucareras recurren al consumo de estos agrotóxicos en cantidades cada vez más elevadas.”
En El Salvador el uso indiscriminado plaguicidas, por décadas, ha provocado daños irreparables a la salud de la población, y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y fuentes de agua; superficiales y subterráneas que proveen a la población de agua.
Pese al peligro y a la amenaza de vida y salud de la población, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, permite el ingreso anual de más de $55 millones de agrotóxicos para su uso en la agricultura.
Es por ello que en el marco del día internacional contra los plaguicidas varias organizaciones sociales, ambientales y personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC), que viven en las comunidades afectadas se presentaron ante el Ministerio de Salud para demandar una política de atención que garantice de forma efectiva el derecho a la salud de las personas que sufren insuficiencia renal, debido a la exposición de agrotóxicos.
Asimismo, se demandó de la Asamblea Legislativa la prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país. Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013.
Las organizaciones sociales y ambientalistas en El Salvador han mantenido una campaña de denuncia denominada Azúcar Amarga, a través de la cual se busca visibilizar la problemática y los padecimientos que causan las prácticas de fumigación aérea y la quema de cañales que se realizan en este momento debido a la temporada de la zafra.
Situación similar se vive en el vecino país Guatemala, uno de los cuatro grandes exportadores a nivel mundial, la mayor parte de la población se ha visto desplazada a tierras menos fértiles, mientras unas pocas corporaciones se han hecho con la costa sur, la zona agrícola más rica del país, donde se cultivan extensas plantaciones azucareras, bananeras, de palma africana y de hule.
En el caso de Honduras Siete de los diez principales productos de exportación reciben tratamiento por plaguicidas, sobre todo es en las plantaciones de banano donde se usa la mayor cantidad de plaguicidas.
Los problemas ambientales que pasan en Nicaragua se repiten con variantes, en todos los países del centroamericanos, y son la extensiva tala de bosques, el uso excesivo de pesticidas, la contaminación de las aguas, la erosión del suelo con la pérdida de fertilidad de la tierra, la urbanización masiva, son algunos de los efectos ambientales directos e indirectos que provoca el modelo económico agroexportador, preocupado únicamente por aumentar los beneficios de grupos minoritarios y empresas transnacionales e indiferente ante las consecuencias que a largo plazo esta forma de explotación pueda tener para la población y para el medio ambiente.