En este informe especial se aborda la difícil situación de criminalización que líderes/as sociales enfrentan en once países de América Latina. Entre las numerosas metodologías para criminalizar a las organizaciones sociales y dirigentes/as se destacan: detención arbitraria, prisión preventiva, y sobre todo represión estatal directa y cuestionamientos de derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular.